Un punto sobresaliente de la rebeldía chilena contra el neoliberalismo es la demanda por otro sistema previsional, que entierre 40 años del saqueo que planificaron las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP). Creadas por el decreto-ley 3500 de 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet y respaldadas con una Constitución que privilegió sobre todas las cosas la propiedad privada. 

Mientras el puñado de dueños de esas AFP, la mayoría estadounidenses, acumulan un stock cercano a los 200.000 millones de dólares (equivalente a 70 por ciento del PIB), la mitad de chilenos y chilenas jubilados por ese sistema obligatorio cobra 160.000 pesos, menos de la mitad del salario mínimo equivalente a 450 dólares. 

Incluso el 80 por ciento del total empadronado está por debajo del salario mínimo más allá de lo que haya aportado. Según datos oficiales, de los pensionados más viejos, con 35 años de aportes, la mitad cobra aproximadamente 75 por ciento del salario mínimo.

Chile no se caracteriza por tener salarios altos, aunque hoy por razones cambiarias su mínimo es superior al de Argentina. Otro dato que no lo favorece en la comparación es que una persona que se jubila hoy en Chile cobra cerca del 35 por ciento de su salario activo, mucho menos que en Argentina.

Grupos económicos

Mientras esto lo padece la mayoría del pueblo, los grandes grupos económicos Luksic, Said, Saieh, Yarur, Matte y Solari son los que más engordan con los fondos de pensiones que administran las AFP. El Banco de Chile (grupo Luksic) es la institución que más inversiones recibe de las AFP, unos 6700 millones de dólares. Lo siguen el Banco Santander, español, con 6200; el Scotiabank (grupo Said) con 5400; el Banco Itaú-Corpbanca (grupo Saieh), con una cifra similar, y el Banco de Crédito e Inversiones (grupo Yarur), con 5000 millones de dólares. 

Por el estallido social y las necesidades económicas debido a la pandemia, por primera vez en 40 años el pueblo de Chile logró arrancarle al gobierno retiros parciales de los fondos que les pertenecen. No fue fácil. El presidente Sebastián Piñera, cuyo hermano José fue el ideólogo de las AFP con Pinochet, apeló al Tribunal Constitucional, poder paralelo a la Corte Suprema que sigue la línea del modelo pinochetista tan arraigado hasta ahora, para trabar esos retiros, pero fue en vano.

El sistema

¿Qué hará la nueva Constitución con el sistema previsional?, preguntó Cash a uno de los mayores expertos en la materia Marco Kremerman, de la Fundación Sol. “Quizá no tengamos que esperar dos años a que esté la nueva ley suprema. Es demasiado tiempo y el sistema estalla. El gobierno que asuma en 2022 deberá avanzar en una reforma”, afirmó.

- ¿Quiénes son los dueños de las AFP?

- El sistema se concentra en 7 grupos y los principales son de Estados Unidos: MetLife, Prudential y Principal, luego está la colombiana Capital, del grupo Sura, una AFP chileno-estadounidense, Hábitat, y dos locales más chicas, Modelo, del grupo Sonda de la familia Navarro, y Uno.

- ¿Todas están en pie de guerra?

- Con los retiros parciales de 10 por ciento cada uno amenazaron con recurrir a cláusulas de los Tratados de Libre Comercio que firmó Chile con Estados Unidos o del Tratado Transpacífico (TPP11), al que adhirió también, entre otros, para eventualmente judicializar el tema. Si avanzan las reformas o la eliminación del sistema de AFP, seguro darán batalla.

- Cuando en Argentina, en otro contexto y con un sistema mixto, en 2008 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner recuperó los fondos de la seguridad social de las AFJP no atacaron tanto. Había un mundo financiero que se derrumbaba por la crisis de títulos hipotecarios y esas empresas estaban camino a la quiebra con activos muy devaluados, además de que se les ordenó repatriar unos 8000 millones de dólares invertidos en el extranjero. ¿Cuál es el escenario en Chile?

- Es muy distinto. En Chile ese sistema ya lleva 40 años. De unos 30 países que privatizaron total o parcialmente su seguridad social, en 18 casos (sobre todo en Europa del Este) recuperaron esos capitales. En los 12 que quedan (México, El Salvador y República Dominicana en nuestra región, o Kosovo, Nigeria, Israel, Hong Kong y Australia –aunque en este caso con un piso alto de garantía estatal-) el sistema de fondos privados duró un promedio de 10 años. Es diferente a Chile por lo arraigado que está, ya cuatro décadas.

- ¿Cuántos fondos tienen acumulado las AFP y dónde lo tienen invertidos?

- Se estima en 200 mil millones de dólares, aun con los retiros concretados, que fueron por 50 mil millones. El 51 por ciento está en Chile y 49 por ciento en el exterior. Pero el dinero en el exterior es mucho dinero para Chile y nada en el sistema global. El asunto importante el dinero local, ya que las AFP los invierten no sólo en bonos públicos, acciones, títulos bancarios, sino también en seguros, salud. Siempre fue un negocio financiero, muy bueno para ellas, pero muy poco útil como palanca de desarrollo, porque si bien capitalizaron acciones de empresas privadas, sólo fue en el marco de un modelo concentrado y desigual. Por ejemplo, este tipo de mercado de capitales no le sirve a las pequeñas y medianas empresas.

- ¿Qué buscará la reforma constitucional en este punto?

-  En el Senado ya hay un proyecto, ahora frenado, de reformas. El sistema no da más. El mismo gobierno de Piñera, a su pesar, debió hacer algo que no hicieron los anteriores gobiernos de la Concertación, crear un pilar paralelo público, aunque por ahora es muy pequeño. Cuando Pinochet creó las AFP, todo pasó al sistema privado, excepto la caja estatal de las Fuerzas Armadas, que se financia con 5 por ciento de los aportes de los militares y 95 por ciento con subsidios estatales. Luego hay algunas cajas públicas  remanentes que tienen apenas unos 30 mil afiliados.

- ¿Cuál es la perpectiva ahora?

- La reforma o eliminación directa de las AFP. Más allá de la reforma constitucional, que tendrá dos años de trabajo hasta que se plebiscite la nueva Carta Magna que reemplace a la pinochetista, es posible que el gobierno que suceda al de Piñera en 2022 deba avanzar en otro modelo porque la crisis es muy severa. Deberá hacerlo midiendo muy bien y con reglas claras para evitar judicialización. Obviamente, una reforma constitucional que contemple otro modelo sería mejor: evitaría la intromisión del Tribunal Constitucional, que también debería ser revisado porque básicamente ha servido para bloquear cualquier cambio al modelo neoliberal chileno.