Para 1905 se encontraban en la ciudad de Buenos Aires establecimientos como La Fármaco Argentina, Droguería de la Estrella, la Fábrica de Productos Químicos y Farmacéuticos Craveri & Cia, entre otros, los cuales conformaban un mercado farmacéutico local ligado en un principio a la venta de medicamentos fabricados con insumos importados. Este esquema se mantuvo hasta 1914, momento en el cual la importación encontró serias dificultades en el contexto de la Primera Guerra Mundial, reflejándose en el abastecimiento de medicamentos, ya que la mayoría de las firmas extranjeras recibían de sus casas matrices las fórmulas e insumos necesarios para la producción.
Sin embargo, entre 1918 y 1935 la producción farmacéutica presentó un notable incremento, impulsado por productos no tradicionales, como los principios activos de origen animal y algunos medicamentos específicos que eran exportados.
Durante la década del '30, se instalan laboratorios extranjeros en el marco del modelo sustitutivo, entre los que se destacan Johnson & Johnson y Roche. En paralelo, varias firmas argentinas, como la Franco Inglesa, comienzan a producir algunos medicamentos aprovechando las mejoras en las condiciones de mercado.
Este contexto y las medidas proteccionistas aplicadas por el Estado -el incremento de aranceles aduaneros- permitieron el desarrollo de una incipiente industria sustitutiva en este rubro. La industria farmacéutica en los años '40 fue testigo de un hecho que cambiaría la medicina del siglo XX: en 1929, Alexander Fleming descubre la penicilina, droga que fue perfeccionada años después por Ernst Chain y Howard Florey. La penicilina, impulsada por la guerra, comenzó a ser producida en masa por los laboratorios Merck, Pfizer y Squibb, y su uso masivo se implementó durante el conflicto bélico gracias a su aplicación como antibiótico.
La intervención estatal
En la Argentina, mientras Europa ingresaba en la última fase de la Segunda Guerra Mundial, un sanitarista se proponía la fabricación de penicilina a bajo costo. El médico argentino Salvador Mazza logró, a partir de una cepa, fabricar penicilina con un alto nivel de pureza. Una vez verificada con el mismísimo Fleming, Mazza solicitó al Estado los fondos necesarios para la fabricación del antibiótico. Sin embargo, su propuesta fue desestimada y las autoridades decidieron no involucrarse en la elaboración del antibiótico. Si bien la producción de especialidades medicinales en la Argentina había comenzado a mediados del siglo XIX, el Estado aún mantenía distancia en estas cuestiones.
Durante la primera experiencia peronista la salud pública encontró su punto fuerte de desarrollo a partir de la planificación y la ejecución de políticas públicas orientadas a la asistencia médica de la población. En ese contexto, la fabricación de especialidades medicinales también fue objeto de debate.
El Estado se mantuvo firme en su intención de intervenir para regular el sistema de salud y la gestión de Ramón Carrillo estuvo orientada a la consolidación de un sistema sólido, estructurado y con una autoridad central: el Ministerio de Salud. Desde allí se impulsó la duplicación de las camas hospitalarias, la construcción de centros de salud especializados y se logró un fuerte dinamismo en la administración, llevando a cabo importantes campañas de concientización y prevención que permitieron erradicar enfermedades endémicas y resolver el problema del acceso a la atención médica en varios puntos del país.
Con esa orientación sanitarista de la política de salud, durante la primera gestión de Juan Domingo Perón se impulsó la fabricación de especialidades medicinales, principalmente de penicilina. La creación de Especialidades Medicinales del Estado (EMESTA) fue la protagonista de esta experiencia. Sin embargo, el contexto económico posterior a la crisis de 1949 llevó a que el gobierno buscara un aliado estratégico para lograr la producción.
De este modo, los capitales extranjeros conformaron una alianza con el Estado que permitió fortalecer la producción de medicamentos. El costo fue que las autoridades nacionales relegaran su rol al de coordinación. La creación de la empresa estatal tenía por objeto garantizar el acceso de medicamentos a los ciudadanos y, a su vez, regular los precios. Sin embargo, tan sólo este último aspecto fue alcanzado.
La desregulación
Con el golpe de estado de 1955, las políticas de salud pública fueron objeto de estrategias de desregulación y descentralización, en el marco de la denominada “desperonización”.
La producción de medicamentos se consolidó en manos privadas en un mercado en donde el Estado prácticamente no participaba. Claramente, entre las prioridades del gobierno de facto no figuraba sostener el sistema de salud consolidado en la década anterior.
Debido a esto, durante la gestión de la autodenominada Revolución Libertadora la salud pública estuvo envuelta en una serie de transformaciones, impulsadas por la comisión de consultores extranjeros que el plan de Raúl Prebisch convocó para ese ámbito y que buscaba la descentralización y reestructuración del sector público.
El regreso del Estado presente
Con la llegada a la presidencia de Arturo Illia, la política de salud pública volvió a enmarcarse en la perspectiva sanitarista y orientó sus acciones a mejorar las condiciones del sistema sanitario.
Se sancionaron entonces las medidas conocidas como Ley Oñativia, impulsadas por el entonces ministro de Asistencia Social y Salud Pública, Arturo Oñativia. Estas normas establecieron una serie de políticas de control de precios de los medicamentos y fijaron límites para los gastos destinados a la publicidad de las empresas.
La ley declaraba “de utilidad pública” a las drogas, productos químicos, reactivos y fórmulas farmacéuticas. De esa manera, el Estado se reposicionaba en un rol interventor a fin de regular el mercado y brindar acceso a la población a los productos medicinales. Se trataba de un proyecto de regulación, que nunca se propuso la producción estatal como sí lo había hecho el peronismo. Pero al igual que otras, la medida contribuyó a incrementar la virulenta campaña de desgaste de la que Illia fue víctima y que culminó en un nuevo golpe cívico-militar que daría paso a la autodenominada Revolución Argentina.
Del golpe de Onganía en adelante
A partir de junio de 1966, las políticas de salud pública quedarían reducidas a la mínima expresión e incluso el Ministerio perdería su rango institucional por primera vez. El 5 de septiembre de 2018, el presidente Mauricio Macri degradó el Ministerio de Salud a Secretaría de Gobierno de Salud, dependiente del nuevo Ministerio de Salud y Desarrollo Social, mediante el decreto 801/2018. Con argumentos de restricción presupuestaria, por primera vez en democracia, un Gobierno determinó la degradación de la cartera de Salud.
A partir del golpe de Onganía, en lo que respecta a la producción de medicamentos, a su regulación y al control de los precios, el Estado dejaría que el ritmo del mercado y los intereses privados determinaran los valores. A la reducción del Ministerio se le sumó, en febrero de 1967, la determinación de cerrar la Oficina de Ventas de productos EMESTA. Mediante un decreto firmado por Onganía, el ministro Petracca y el secretario de Salud Holmberg se determinó su liquidación. Con este hecho, quedaba sepultada la intención estatal de producir medicamentos a bajo costo.
Al observar el devenir de la intervención estatal en la producción de medicamentos, en el marco de la actual pandemia, se torna estratégico reflexionar sobre un tema central que es el reposicionamiento del Estado como garante del derecho a la salud como se intentó entre 1945 y 1955 y entre 1963 y 1966, con herramientas de legitimidad suficientes para hacer frente a la industria farmacéutica ligada a intereses concentrados, donde la vocación de lucro se impone respecto de un concepto de salud pública.
En este contexto de covid-19 que el Estado se ubique en un rol de productor y regulador del mercado de medicamentos contribuye a consolidar políticas inclusivas y el derecho a la salud, manteniendo vigente las ideas sanitaristas de Oñativia y Carrillo.
* Historiador. Especialista y Magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas. Docente en la Universidad Provincial de Ezeiza y en la Universidad de Buenos Aires. Autor del libro El Estado y el negocio de la salud: La producción de medicamentos como herramienta estratégica de salud pública en Argentina (1946-1966) de editorial Grupo Editor Universitario.
@rvalentini_
