El Parlamento de Dinamarca aprobó una polémica ley que permite enviar a los solicitantes de asilo a un país fuera de Europa mientras se tramitan sus peticiones. El texto, apoyado por la derecha y la extrema derecha, fue blanco de críticas de varios de los aliados de izquierda del Ejecutivo y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que cuestionan su legalidad. Se trata de la última iniciativa antimigratoria del gobierno socialdemócrata de la primera ministra Mette Frederiksen, que apunta a disuadir a los migrantes de poner un pie en el rico país nórdico.
La ley, impulsada por el gobierno de Frederiksen, prevé algunas excepciones como por ejemplo que el solicitante padezca una enfermedad grave. Si el migrante no obtiene el estatuto de refugiado se le pedirá que abandone el tercer país. Pero incluso si lo consigue, la ley prevé que el solicitante permanezca en esa nación y no en territorio danés. Por el momento, ningún país aceptó acogerse al proyecto.
El gobierno danés dice estar en discusiones con entre cinco y diez países, sin nombrarlos. La prensa local menciona a Egipto, Etiopía y sobre todo a Ruanda, visitado en abril por el ministro de Migraciones, Mattias Tesfaye. El funcionario aseguró que que los acuerdos que Dinamarca establezca con terceros países respetarán "las obligaciones internacionales".
El representante de ACNUR en los países nórdicos, Henrik Nordentoft, destacó que al poner en marcha "un cambio tan drástico y restrictivo de la legislación sobre refugiados, Dinamarca se arriesga a provocar un efecto dominó".
Dinamarca, que no forma parte de la política común de la Unión Europea (UE) en materia de justicia e inmigración, viene impulsando una línea dura desde hace dos décadas. El objetivo oficial de llegar a "cero refugiados" incluye la retirada del permiso de residencia para los sirios provenientes de ciertas regiones y el endurecimiento de una ley "anti-gueto" para limitar el número de habitantes "no occidentales" en los barrios.
