El presidente de la Nación, Alberto Fernández, formalizó en un acto en la planta de IMPSA en Mendoza, el relanzamiento formal de una empresa que hace unos días concluyó con el proceso de estatización de mercado, que permitió, vía una inyección de dinero de los Estados Nacional y mendocino, capitalizar una compañía estratégica al borde de la quiebra y dejar a ambos gobiernos como accionistas centrales. La particularidad del proceso es que se concretó con la mano política de fuerzas oficialistas y opositoras, que cerraron filas con los dueños de la firma. Tal fue el tono que le imprimieron a sus discursos el primer mandatario y el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez.
“Perder una empresa de la talla de IMPSA hubiese sido una enorme pérdida para la Argentina, si aprendemos a construir juntos en la diversidad, todo es más fácil. Con el esfuerzo de todos podemos hacer un país diferente”, expresó Fernández, y agregó que ninguna diferencia política “puede postergar el desarrollo de Argentina”. En el acto, estuvo secundado por ministros como el de Interior, Wado De Pedro, de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien estuvo de lleno dedicado a armar una estructura sustentable para negociar la deuda de IMPSA desde agosto del 2020, cuando los accionistas de la firma fundada por la familia Pescarmona golpearon la puerta del ministerio pidiendo ayuda financiera. También participó del lanzamiento Juan Carlos Fernández, el CEO de la empresa que seguirá en su cargo ante el cambio accionario.
El presidente recordó que “IMPSA me llegó como un problema serio, estaba en jaque una empresa que me había impresionado 20 años atrás, y la disyuntiva era cómo salvarla”. Otra de las presentes en el evento fue la senadora del Frente de Todos por Mendoza Anabel Fernández Sagasti. Fernández contó las veces que la legisladora lo llamó preocupada por la situación, por lo que hoy “es importante verla ponerse de pie”. También realizó el Presidente un paralelo de la situación de la fabricante de turbinas con la herencia de deuda y crisis de país que dejó el gobierno de Mauricio Macri.
Relató que en el avión a Mendoza charló con Guzmán de esa cuestión. “Con Martín veíamos similitudes entre IMPSA y el país, una empresa altamente endeudada, en la que había que conseguir apoyo de los acreedores, a los que además había que pedirles una quita. Es un paralelo de lo que pasa en Argentina. Esto que ven acá –dijo Fernández- es un esfuerzo conjunto de los acreedores y los gobiernos”. Y concluyó con el mensaje de que “queremos que vuelvan a tener los 1300 trabajadores que tenían y vuelvan a ser pujantes”.
En la compañía, el Gobierno Nacional y el de Mendoza aportaron 20 millones de dólares en capitalización. Pero eso fue el tramo final de un proceso de un año: antes, Nación le otorgó asistencia financiera, primero, a través del programa ATP y luego con el “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos” (PAEERP) del Ministerio de Desarrollo Productivo, a través del cual pagó el 75 por ciento de los salarios de los trabajadores de la empresa desde el mes de enero. En noviembre de ese año, la empresa reestructuró su deuda: se acordó un plazo de gracia hasta el 2025, una fuerte baja en los intereses al 1,5 por ciento y pagos de capital a partir del año 2028.
En marzo, la asamblea de accionistas votó a favor de una ampliación de capital y aprobaron ofrecer la suscripción de estas acciones a la Nación y a Mendoza. Así, el Estado nacional inyectará un total de 1.362.900.000 de pesos al capital de IMPSA, por lo que su participación accionaria pasa a ser del 63,7 por ciento, mientras que el Estado provincial mendocino aportará 454.300.000 (21,2 por ciento de las acciones). El 15,1 por ciento restante permanecerá en manos privadas, correspondiendo un 9,8 por ciento al fideicomiso de acreedores y otro 5,3 por ciento al fideicomiso de la familia fundadora.
El gobernador Suárez, en tanto, expresó que hubo un trabajo conjunto de Nación y Mendoza, y valoró que “cuando el sentido común prima, se pueden realizar acuerdos”. A la vez que agregó que el proceso es “un gran gesto de empatía con el ciudadano común y con los empresarios. En los temas estratégicos nos podemos poner de acuerdo y trabajar en forma conjunta”.
Por su parte, Kulfas seañaló que "hemos logrado entre todos evitar el cierre de la empresa. Hoy comienza una nueva etapa, lograr que una empresa que estuvo al borde de su desaparición pueda resurgir, ser el orgullo de argentinos y argentinas y demostrar que una empresa de alta tecnología, liderada por el Estado, pueda aumentar su producción con profesionalismo y compromiso". Y precisó que "tenemos en Argentina ejemplos exitosos que serán nuestra fuente de inspiración en esa dirección", tras agradecer a los trabajadores de la firma.
El carácter estratégico de IMPSA se ve en varios números de la firma. Tiene 114 años de vida siendo la compañía más importante en tecnología e infraestructura energética. En materia de trabajo, cuenta con 720 empleados, de los cuales un 35 por ciento son ingenieros. Genera de manera directa contratos con más de 100 pymes nacionales. Otro dato relevante es que exporta el 85 por ciento de su producción y lleva diseñadas más de 200 turbinas que producen energía en 40 países. Tan solo en Argentina, las turbinas generadoras tienen el potencial de captar unos 2000 millones de dólares. También produce torres eólicas, puentes grúas, generadores para industria nuclear, entre otros.
IMPSA no sólo es una rareza en la región. Hay pocas compañías en el mundo que fabriquen equipamientos centrados en generación de energía. En Occidente, de hecho, hay tan sólo cuatro. En el Gobierno creen además que habrá un aporte de impuestos fuerte, con tasas y aportes a la seguridad social por un valor mayor a los 30 millones de dólares anuales.
