Una fiscal apeló el sobreseimiento concedido a una mujer que mató a su esposo de 185 puñaladas, un hecho que el juez había considerado como realizado "en legítima defensa de terceros" y porque la mujer y su hija estaban inmersas en "un contexto de extrema violencia" ejercida por el hombre, Alberto Elvio Naiaretti.

La mujer había denunciado por violencia a su agresor al menos siete veces en 15 años, y también había solicitado ayuda en organismos municipales, pero sin lograr respuestas. 

En su apelación, la fiscal Silvia Bazzani González consideró que el juez de Garantías 4 del Departamento Judicial de San Martín, Alberto Ramón Brizuela, no valoró correctamente la prueba y no dio oportunidad de ventilar el caso en un juicio oral. González Bazzani ya en 2019 se había opuesto en primera instancia a la liberación de Paola Elvira Córdoba, quien junto a su hija, Paula Milagros Naiaretti -también sobreseída en la misma causa- había recibido la "excarcelación extraordinaria" con aval de la Cámara de Apelaciones de San Martín. Además, aseguró, no hay "justificativo alguno" para que Córdoba y su hija sean exceptuadas de la responsabilidad penal, si bien padecían situaciones de violencia de género y violencia familiar.

El hecho ocurrió a principios de marzo de 2019, en José C. Paz. En su fallo de fines de mayo de este año, el juez Brizuela consideró acreditado en la causa que Córdoba y su hija vivían "en un contexto de extrema violencia física, psicológica, económica, simbólica y sexual ejercida por parte de Alberto Elvio Naiaretti sustancialmente contra la imputada Córdoba, pero también contra todo el grupo familiar, lo que encuadraría como violencia doméstica”. Todo ello se desprende del "contenido de las declaraciones de las imputadas", señaló el magistrado, que también tuvo en cuenta que Córdoba había denunciado al menos siete veces en 15 años a su agresor y también recurrido a organismos municipales, pero "no obtuvo una respuesta acorde por parte del Estado". Por eso, detalló el fallo, Córdoba "se encontró envuelta en una dinámica sin salida”.

El juez Brizuela explicó en la resolución que el sobreseimiento de Córdoba se debe al "estado de necesidad disculpante", que "neutraliza la posibilidad de reproche" y consideró que "la culpabilidad de la autora es nula al haber actuado para preservar su vida y la de sus hijos”. Por eso, sobreseyó a Córdoba del delito de “homicidio calificado por el vínculo y ensañamiento”, y a su hija por entender que se trató de una “legítima defensa de terceros”, ya que la joven advirtió el peligro que su madre corría a manos de su padre.

Sin embargo, para Bazzani González, de la Unidad Funcional de Instrucción 23 descentralizada de Malvinas Argentinas, la decisión de Brizuela de cerrar el caso vulnera "las garantías constitucionales de legalidad y debido proceso" de la parte acusadora. La fiscal consideró que, si bien vivían situaciones de violencia de género y violencia familiar, no hay "justificativo alguno" para que Córdoba y su hija sean exceptuadas de la responsabilidad penal.

Bazzani González aseguró, además, que hubo "una valoración errónea de la prueba" por parte del juez. En la causa, añadió, "no se respetó el sistema acusatorio, cerrando de manera definitiva la causa e impidiendo que esta parte acusadora someta el caso a un debate oral y público con jurado".

Córdoba y su hija están en libertad desde marzo de 2019, cuando la Cámara de Apelaciones de San Martín excarceló a Córdoba tras considerar que tanto ella como su familia estaban "sometidas a una sistemática violencia de toda índole" por parte de Naiaretti. La hija de la mujer había sido liberada cuatro días antes, también por resolución del magistrado.

Naiaretti fue hallado asesinado el 9 de marzo en su casa de José C. Paz, y su esposa e hija quedaron detenidas por el crimen y luego confesaron ante la justicia haberlo asesinado porque hacía años eran víctimas de violencia.