El procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial, Jorge Barraguirre, indicó ayer que el máximo tribunal provincial abrió un proceso administrativo por la decisión del juez de la ciudad capital, Rodolfo Mingarini, que dejó libre a un hombre imputado por abuso sexual, porque usó un profiláctico. Al mismo tiempo, una veintena de diputadas provinciales envió un petitorio a la Corte para que "se investigue y se pongan las sanciones que se consideren pertinentes", dice el escrito que firman las legisladoras Lionella Cattalini, Lucila De Ponti y Gisel Mahmud, acompañado por otras 17.
La Corte Suprema de Justicia inició actuaciones administrativas disciplinarias en relación al desempeño jurisdiccional del juez Mingarini, y para ello se designó a Alejandro Tizón como magistrado instructor que llevará adelante la investigación. "Hay una investigación administrativa ordenada por la Corte y también solicitada por la Procuración, con diferencia de horas en el día de ayer (por el jueves)", detalló Barraguirre.
El 2 de junio pasado, la periodista Bárbara Favant publicó en el portal feminista santafesino Periódicas, que "una mujer del norte de la ciudad de Santa Fe denunció que un albañil que trabaja frente a su casa ingresó a su domicilio y la abusó sexualmente. Ante la policía, dijo textualmente: 'Me violaron'. De acuerdo a la presentación que hizo la representante del Ministerio Público de la Acusación, Celeste Minitti, en la audiencia por medidas cautelares que se llevó adelante en Tribunales el pasado domingo", donde el magistrado ordenó que el proceso continúe con el imputado en libertad, tras mencionar la colocación del preservativo.
Entre las diferentes repercusiones, diputadas santafesinas hicieron ayer una presentación ante la Corte: "Es nuestro deber solicitar el inicio de las investigaciones respecto de la conducta del magistrado", que en la audiencia donde la fiscal pidió la prisión preventiva, expresó: "No puedo relacionar ni entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima", recordaron en el escrito.
Para las diputadas, esa conducta "no hace más que reafirmar la existencia de una justicia patriarcal que debemos revertir". Y manifestaron la importancia de la investigación y una eventual sanción teniendo en cuenta que "se verían vulneradas" normativas y convenciones relacionadas con el derecho de género.
Al respecto, la diputada Lucila De Ponti dijo que el pedido puede terminar en un proceso de enjuiciamiento del magistrado, si se reúnen los elementos necesarios. “Fue un hecho que no puede volver a suceder. La difusión ayudó a que rápidamente distintos sectores de la política tomaran posición y que la Corte Suprema con su Procurador tomara la decisión de investigar lo actuado por este juez, quien en un hecho repudiable volvió a revictimizar a una mujer, descreyendo de su testimonio con argumentos que no se ajustan a la interpretación del derecho con perspectiva de género, y con un cumplimiento inadecuado de sus funciones. Seguramente se va a desarrollar un proceso que puede terminar en un proceso sancionatorio para este juez”, dijo en LT8.
