Natalí R. está presa hace un año en la Unidad 5 por intentar hurtar una bicicleta en la peatonal San Martín. En los últimos días, un fiscal decidió llevarla a juicio por el hecho que referentes de organizaciones calificaron como "insignificante", y pidieron que se aplicara una salida alternativa, teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad de la mujer de 35 años, que tiene siete hijos, y cuidaba autos antes de ser detenida. El juicio se concretó esta semana y ayer Natalí fue condenada a 6 meses de prisión por el hecho que la tiene presa; pero esa pena se unificó con una condena anterior, y en total fue sentenciada a 3 años y medio de prisión efectiva. Si bien se tuvo en cuenta que la jueza Hebe Marcogliese atenuó la calificación penal hecha por el fiscal Gastón Ávila (de intento de robo a hurto en tentativa), las organizaciones cuestionaron el modo en que la Justicia utiliza los recursos y la falta de perspectiva de género en la acusación fiscal; mientras esperan los fundamentos de la jueza. Desde la comisión de Derechos Humanos del Concejo lamentaron que no se haya aplicado un criterio de oportunidad, como salida alternativa al juicio.
Sentada en una pequeña sala dentro de la Unidad 5, Natalí escuchó ayer su condena, a través de Zoom. Tras el fallo, desde la asociación Pensamiento Penal capítulo Santa Fe y la ONG Mujeres Tras las Rejas, que vienen acompañando a la mujer, manifestaron: "Esperábamos una absolución y, de no ser así, una unificación composicional de la pena que le permitiera recuperar su libertad". Según indicaron, ahora "tendrá que esperar al menos 8 meses antes de poder pedir su libertad condicional". Y consideraron que el debate oral fue "un despropósito jurídico que da cuenta del exceso de poder del Ministerio Público de la Acusación y su punitivismo ciego en contra de personas empobrecidas".
Desde la Colectiva de Abogadas Transfeministas --que presentaron un amicus curiae en la causa-- saludaron que la jueza haya modificado la calificación penal de robo a hurto en grado de tentativa (también fue destacado por las otras organizaciones), y que le dio una condena menor a la solicitada por el fiscal. En tanto, aseguraron que es "impactante" que un caso de tal "insignificancia" haya llegado a juicio, ante la acusación presentada por el fiscal Ávila. Daiana Araya, presidenta de la Colectiva, cuestionó "la cantidad de dinero que está gastando el Estado por encarcelar a una mujer por la tentativa de hurto de una bicicleta. Sostenemos que hay falta de perspectiva de género porque no es cualquier persona: una madre de 7 niñes, sin estudios primarios terminados y que cuida autos. Además de la cuestión social, está la falta de perspectiva de género". Al mismo tiempo, consideró que en una instancia de apelación se podría solicitar una composición de la pena para que solo le den 3 años, en libertad, o prisión domiciliaria.
Araya sostuvo que "la justicia siempre es selectiva, pero esa selectividad tiene que ser tomada con una perspectiva de género y social. Cuando pedimos la reforma judicial feminista decimos que sabemos que existen recursos limitados del Estado, bueno, pongamos esos recursos a trabajar para investigar hechos graves"; sino "se está invirtiendo tiempo y dinero en investigar gente vulnerable, como Natalí, por hechos insignificantes". Y apuntó a la capacitación del Poder Judicial en cuestiones de género.
En el caso, Fiscalía había pedido que Natalí --quien durante la infancia estuvo institucionalizada-- fuera condenada a 2 años de prisión por el intento de robo de una bicicleta y que se unificara en 5 años, por un hecho anterior. La defensora pública Andrea Siragusa pidió la absolución y el cambio de calificación porque no hubo violencia en el hecho y porque no considera que una bicicleta sea un vehículo, como expresó el fiscal. La jueza tomó el planteo sobre la calificación y resolvió la pena de seis meses por el primer delito achacado. Al mismo tiempo, revocó la pena condicional anterior, por lo que la sentencia quedó en 3 años y medio. La defensa recurrirá el fallo, y desde el MPA indicaron que esperarán los fundamentos.
El caso llegó también al Concejo Municipal, donde se expresó que "frecuentemente se dan estos procesos penales contra mujeres pobres, por hechos delictivos considerados insignificantes. Que estas mujeres son estructuralmente ignoradas por el Estado, el que permanece ausente durante toda su vida, y que sólo interviene para perseguirlas con el fin de aplicarles una pena. Natalí no tuvo ningún recurso para poder cumplir con la pena de ejecución condicional, ya que de acuerdo a las palabras de su abogada, 'tenía que cumplir ciertas reglas de conducta y un tratamiento psicológico, pero no hubo el menor acompañamiento ni interés en que eso se lograra'". En ese sentido, se manifestó "preocupación ante la negativa de aplicar un criterio de oportunidad" en la causa.
El Concejo también apuntó a "la necesidad de un abordaje integral del caso, considerando la situación de extrema vulnerabilidad, así como también la necesidad de juzgar desde la perspectiva de género para poner de relieve la transversalidad del tema, y de esta manera promover, respetar, proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación’’.
