La abogada Paola Vargas, representante legal de las más de 500 familias asentadas en las tierras de la empresa La Moraleja en Las Lajitas, realizó una presentación en términos de urgencia a la fiscala María García Pisacic, solicitando la suspensión de desalojo, se llame a una audiencia conciliatoria y se dicten medidas de resguardo de las garantías constitucionales. 

La situación se fue tensando a partir de que se consideraba el viernes como la fecha cúlmine para que se destrabe el conflicto, debido a la presión que ejerce, principlamente la empresa, que había ofrecido cinco hectáreas a cambio de que las familias se retiren del terreno tomado.

Sin embargo, el juez de garantías Héctor Sebastián Guzmán informó a Salta/12 que no emitió ninguna orden de desalojo. El censo realizado por lxs delegadxs de la toma indicó que hay 573 familias que necesitan un terreno y acceso a la vivienda digna. La abogada Vargas dijo a Salta/12 que se trata de personas vulnerables, "que se ven afectados por la decisión de tener que ser desalojados de una manera insoslayable, repentina desconociendo el momento de tal inhumano trato".

Vargas solicitó a pedido de lxs delegadxs actuales que se realice una audiencia conciliatoria y desconoció las gestiones realizadas por el intendente Fernando Alabi, que firmó un acta con las delegadas anteriores, pero que "no representan de ninguna manera a las personas que están en la toma" y que tienen otras referentes.  

La letrada además solicitó que la audiencia se haga con presencia de la Asesoría de Incapaces y la Secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, "a efectos de que se arribe a una solución que respete los derechos de la parte denunciada sin significar un riesgo innecesario y evitable en los derechos humanos de los afectados".  Vargas busca que se genere medidas alternativas, para evitar "resultados indeseados o lamentables que signifiquen una vulneración de derechos".

Además solicitó que de ordenarse un desalojo, se otorgue un plazo prudencial para que se determinen medidas protectorias de los derechos de los niños y niñas, hijxs de las familias denunciadas.

"Lo peticionado resulta sumamente razonable y debidamente urgente, ya que entre los mencionados se encuentran niños, adolescentes y mujeres, que necesitan del resguardo y garantías para sus derechos por parte del Estado, y lo que solicita esta defensa es una suspensión razonable a efectos de resguardar los derechos de los mismos con la participación de los organismos estatales pertinentes ya que, más allá de lesionar y vulnerar amplios derechos , hay una preocupación legítima en las mismas por el resguardo de sus hijos y una necesidad habitacional real y apremiante", manifestó la letrada en su presentación formal.

En la toma se incrementó el personal policial y llegó infantería este viernes al lugar, lo que muchos tomaron como el preludio de un desalojo. Finalmente hasta anoche eso no había ocurrido pero los ocupantes denunciaron que tanto desde la intendencia, como las fuerzas policiales presionan a la gente para retirarse del lugar. 

La abogada Vargas, consultada por Salta/12 dijo que no obtuvo ninguna respuesta de la fiscalía hasta este viernes en la tarde, y aclaró que las familias necesitan tener tranquilidad, por lo que si hay una voluntad de acuerdo con la intendencia y la empresa, "eso debe quedar plasmado con firmas y un respaldo jurídico". 

El delegado Elías Salcedo contó a Salta/12 que se encontraba reubicando a familias que se habían retirado de la toma y decidieron volver a instalarse allí. Indicó que no se irán del lugar, porque siguen bregando por obtener una solución habitacional que les permita seguir en los terrenos mientras se realiza el loteo, pero la municipalidad pide que se retiren para empezar con esas obras y la empresa también pide que se vayan para donar las cinco hectáreas de tierras. 

Ayer una situación violenta que involucró a un joven de 14 años que sufre de epilepsia, grafica la tensa situación que se vive en el lugar. Según contaron los vecinxs, el chico se encontraba en el lugar intentando ingresar a la toma y "los policías se le pusieron al frente", él igualmente quiso pasar y los efectivos lo agarraron, pero logró zafarse y los policías, según indicaron, se fueron sobre él. 

Ante el incidente, vecinxs del pueblo que no están en la toma y las personas asentadas se acercaron a ver lo que pasaba, y comenzaron a defender al chico. Las delegadas intervinieron para calmar a la gente y que la situación no se desmadre, pero en medio del tumulto el adolescente se desmayó, lo que preocupó a quienes lo conocían porque sabían de que padece epilepsia. Tal fue la tensión del momento que a los pocos minutos la madre del joven también se desmayó. Finalmente los ánimos lograron calmarse y la situación no pasó a mayores.