Las nuevas conducciones de la Unión Industrial Argentina y de la Sociedad Rural Argentina no son solamente cambio de nombres, sino que expresan la unificación del bloque opositor del poder económico al gobierno de Alberto Fernández.
Los dos nuevos presidentes de ambas entidades patronales, Daniel Funes de Rioja de la UIA, y Nicolás Pinto de la SRA, han expresado públicamente que esperan continuar el diálogo con el Gobierno. No habría motivo de resaltar una obviedad institucional, sólo que sea la estrategia de cobertura para sumarse al núcleo duro del establishment que combate cada una de las líneas de gestión de la administración de la coalición gobernante.
Los dos liderazgos que se van no eran oficialistas, no tenían afinidad política con el Frente de Todos y tuvieron cruces con funcionarios. Igual fueron desplazados. Al interior de cada una de esas entidades el cuestionamiento era por la tibieza simplemente porque mantenían abiertas las puertas del diálogo con las autoridades nacionales.
Miguel Acevedo es uno de los dueños de uno de los grupos agroindustrial nacional más importante del país (AGD) y en sus intervenciones públicas como titular de la UIA realizaba críticas y aprobaciones a medidas del Gobierno.
Este equilibrio estándar en función a los intereses de la industria no resultaba funcional al objetivo político del grupo que históricamente ha manejado la UIA: Techint de Paolo Rocca.
Lobista
Después de meses de desgaste interno, Acevedo decidió dar un paso al costado y Techint impulsó como titular de la UIA a Daniel Funes de Rioja, abogado y titular de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), cámara que reúne a todas las grandes firmas fabricantes de alimentos.
En el ambiente empresario existe consenso acerca de la capacidad de intervenir en el debate público que ha demostrado el letrado Funes de Rioja a lo largo de las últimas décadas. Es un lobista conocido de la flexibilización laboral y la apertura económica. No es dueño de ninguna firma industrial.
La UIA ha designado presidente a una figura que no es industrial, bochorno institucional y político que describe el desvarío político del grupo ultraopositor al Gobierno.
Desde el retorno de la democracia, en 1983, es la primera vez que un industrial no está al frente de la UIA.
En otras ocasiones la Copal ha colocado uno de sus miembros al frente de la entidad fabril: Alberto Álvarez Gaiani, en 2003, y Adrián Kaufmann Brea (de Arcor), en 2015.
La investigadora Marina Virginia Dossi escribió en "La Unión Industrial Argentina: su organización y vinculaciones con el mundo de las corporaciones empresarias", publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que la Copal es "de un liberalismo extremo y ortodoxo. Su posición se basa en que el sector agroindustrial, al cual representa, es el más competitivo internacionalmente y el menos necesitado de protección y subsidios".
Oposición
Luego de triunfar en las elecciones internas, Álvarez Gaiani había afirmado en conferencia de prensa que "la UIA de tinte proteccionista o desarrollista se acabó, porque esa fue una discusión de la década del 80".
Un aspecto interesante del recorrido de las corporaciones en las dos primeras décadas de este siglo es que en ese momento, a principios de los 2000, Techint impulsaba la otra lista, denominado industrialista que perdió en los comicios internos.
Ahora, el conglomerado industrial de Rocca impuso un lobista aperturista de la Copal. Es un cambio de posición que no es irrelevante para evaluar cuáles son los actores dinámicos para encarar un proyecto de desarrollo nacional con inclusión social.
Dossi explica que en el seno de la UIA conviven dos líneas políticas con coincidencias y divergencias. Señala que empresas nacidas del modelo sustitutivo de importaciones crecieron al amparo del Estado y como proveedores del Estado (la denominado "patria contratista") igual compartían la posición liberal de la mayor parte de los grandes industriales (que se puede resumir en antiperonismo), pero sólo en relación con cuestiones principalmente de la política laboral e impositiva. Sin embargo, en temas tales como el proteccionismo, el papel del Estado y el fomento del mercado interno tenían reclamos e intereses más cercanos a los del pequeño y mediano empresariado.
La movida de Techint para imponer a Funes de Rioja expresa que esos intereses materiales objetivos han cambiado por la trasnacionalización del grupo o han quedado temporariamente relegados en función de unificar el bloque político empresarial opositor al gobierno de Fernández.
Conducción política
En el ámbito de la representación de sectores agropecuarios, como ha estado informando Leandro Renou en este diario, los grupos ultravinculados con el macrismo están enfrentados a los dialoguistas, agrupados en el Consejo Agroindustrial Argentino.
El nuevo presidente de la Sociedad Rural estará al frente de una comisión directiva que tiene la impronta del ministro de Agricultura de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, y de David Lacroze, uno de los financista del PRO. Son dirigentes de derecha que convocan a la rebelión contra el Gobierno.
El reordenamiento de los liderazgos en la UIA y la SRA es un desafío para el Gobierno. El presidente Alberto Fernández ha invitado en más de una oportunidad al mundo empresario para la construcción de una nueva normalidad económica, que deje atrás el capitalismo neoliberal. Y en más de una oportunidad varios de esos destinatarios han rechazado con manifiesto fanatismo ese convite.
Techint junto al Grupo Clarín son la conducción política del poder económico. No es necesario una investigación muy exhaustiva para descubrir la posición abiertamente opositora de ese conglomerado de medios de comunicación.
En esa lógica de abierto enfrentamiento, conducciones de la UIA y de la SRA no alineadas con la impugnación global a cualquier iniciativa de Fernández no resultaban funcionales a su objetivo explícito: debilitar política y electoralmente la coalición de Gobierno.
En esa firme tarea se encuentra desde hace más de un año la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Foro de Convergencia Empresarial, que habitualmente emiten comunicados para cuestionar iniciativas oficiales sean económicas, sociales o judiciales.
A esta altura no es un misterio esa oposición porque hacen todo lo posible para que quede en evidencia. La conducción política del poder económico detesta la intervención del Estado para liderar una dinámica de sostenido crecimiento con inclusión social que incluya, por lo tanto, avances en materia de ingresos de trabajadores formales e informales, así como la ampliación de derechos sociales.
Se trata de una descripción del escenario político, no una consideración moral acerca de ese comportamiento empresarial, para incorporarlo en la evaluación acerca de qué actores están dispuestos participar en la amplia y necesaria alianza social, política y económica para impulsar un sendero de desarrollo.
