Desde Santa Fe

El director provincial del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain, alertó esta semana por escrito al jefe del Ministerio Publico de la Acusación Jorge Baclini por lo que consideró una cuestión de gravedad institucional. Apenas reasumió sus funciones a principios de abril, el ex ministro de Seguridad de la provincia les pidió al propio Baclini, al subdirector de Investigaciones Criminales Víctor Moloeznik –un ex funcionario socialista que lo reemplazó en su licencia- y a los directores regionales del organismo un listado de las pesquisas que se realizaron entre enero de 2020 y abril de 2021, en todas las regionales. Las respuestas lo sorprendieron por lo que decidió elevar un informe a Baclini –con copia a la auditora general del MPA María Cecilia Vranicich- que advierte sobre supuestas irregularidades en el registro de investigaciones o su desarrollo. La sospecha es que en ese lapso podrían haberse realizado actuaciones investigativas u otras diligencias sin directivas expresas, es decir en forma irregular, lo que está prohibido.

Sain le recordó a Baclini lo que éste ya sabe, que ninguna actividad operacional del Organismo de Investigaciones se puede realizar si antes no son aprobadas por el director provincial –o quien lo reemplace- y comunicada al propio fiscal general. 

No hay posibilidades de que puedan realizarse fuera del marco normativo dispuesto por la máxima autoridad del MPA, porque si eso sucediera no sólo se estarían incumpliendo las normas, sino que significarían investigaciones informales –como las llaman- y sus consecuencias serían de carácter administrativo o incluso de índole penal. 

Según trascendió, el resultado de las respuestas que recibió Sain en su despacho reveló una serie de deficiencias institucionales y operativas, incluso en el registro de directivas. Y consideró que la cuestión era de gravedad institucional porque ante el supuesto desmadre se podrían haber realizado actuaciones investigativas o diligencias de cualquier índole sin directivas, es decir en forma irregular, lo que está prohibido.

La ley Orgánica del Organismo de Investigaciones (13.459) le asigna competencia para intervenir en casos sensibles: “Los delitos en los que existan elementos de convicción que hagan suponer la participación de un grupo delictivo organizado. Los cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad (policiales y penitenciarias) en el desempeño de sus funciones”. En los que haya “intervención de un funcionario público”. Y en aquellos que disponga el MPA por la “repercusión social o gravedad institucional o complejidad de la investigación” (artículo 5).

Sain le dijo al fiscal general que ignorar la normativa vigente, no sólo es un dislate institucional, sino que constituye una falta grave en el desempeño de funciones. Que también afecta la autoridad y la conducción del MPA, que Baclini debe asegurar.

Al margen de esto, le mencionó también a Baclini dos investigaciones del año 2020 que considera emblemáticas y en las que -según información pública- intervino el Organismo de Investigaciones. Una es la causa del juego clandestino en la provincia con protección judicial y política. Y la otra, la causa Oldani en la ciudad de Santa Fe, que investiga el fiscal federal Walter Rodríguez, quien ya superó con éxito tres intentos de desplazarlo de la pesquisa y pasarla al Ministerio Público de la Acusación, al ámbito del fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti.

Las investigaciones del organismo ahora a su cargo –insistió Sain- no pueden realizarse de manera informal, sin estar sujetas a normas internas establecidas por el propio Baclini, porque el riesgo que se corre es la comisión de faltas graves o de delitos.

Sain dijo que hasta 2019 había trabajado en diversas iniciativas para profesionalizar el organismo, pero que éstas fueron desestimadas en 2020 cuando él estuvo al frente del Ministerio de Seguridad. Ese hecho –a juicio de Sain- generó deficiencias y desatinos que sintetizó en el informe que elevó a Baclini.

En el cierre de la misiva, Sain ratificó al jefe del MPA su compromiso de trabajar en la institucionalización y profesionalización del organismo a su cargo.