La Iglesia Católica, actuando a través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), un organismo integrado por laicos pero dependiente de la Conferencia Episcopal; se involucró en el debate acerca de la ley de biocombustibles y opinó sobre el proyecto de ley que está en Diputados por iniciativa de Máximo Kirchner. Mediante un comunicado, la CNJP señaló que contradiciendo lineamientos y metas trazadas por el país para alcanzar “una matriz plenamente sustentable” se ha presentado “en la Cámara de Diputados de la Nación un Proyecto de Ley de Marco regulatorio de Biocombustibles, que implica un franco retroceso en la política ambiental argentina”.

La ley actual (2006) tiene vigencia hasta el 12 de mayo del 2021, pero la misma norma habilita al Poder Ejecutivo para prorrogarla, algo que el Gobierno ya hizo en forma provisoria “hasta el 12 de julio de 2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo ‘Marco Regulatorio de Biocombustibles’, lo que ocurra primero”. 

La iniciativa presentada por el diputado Máximo Kirchner sale al cruce de otro proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción y que prorroga la vigencia de la ley actual hasta el 2024.

El texto divulgado ahora por la CNJP, titulado “Acerca de la importancia de los biocombustibles” y fundamentado en citas del papa Francisco sobre la defensa del ambiente, afirma que “resulta imperiosa una transformación progresiva de la matriz energética nacional, hacia una matriz plenamente sustentable” y recuerda que “con gran compromiso, muchos países han asumido e incluso incrementado transformaciones de sus sistemas productivos o de transporte a raíz del Acuerdo de París, procurando revertir el aceleramiento del cambio climático, así como para la mitigación de sus consecuencias”.

La Comisión Nacional de Justicia y Paz, que preside Humberto Podetti, está integrada por laicos y, según su estatuto, tiene la misión de “estudiar y generar acciones que se propongan un desarrollo humano integral y el cuidado de la creación, conforme el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, para generar políticas públicas, con particular atención a la situación de las personas vulneradas”.

El organismo católico reconoce que Argentina es parte del grupo de países que ha asumido grandes desafíos en materia de protección del ambiente, señalando que en diciembre de 2020 “estableció una meta actualizada de mitigación, más ambiciosa que la asumida en 2016” y para alcanzar este nuevo objetivo “presentó lineamientos de trabajo a seguir, con el objetivo de no exceder para 2030 las emisiones de CO2 comprometidas” siendo que “entre ellos, se encuentra la migración de los combustibles utilizados para el transporte”.

Respecto del proyecto que se encuentra en la Cámara de Diputados, la declaración de la CNJP advierte que el mismo “reduce el porcentaje de uso de biocombustibles establecido en la ley vigente”. Señala además una serie de “aspectos negativos” del proyecto de ley, advirtiendo que “reduce el porcentaje de biocombustible en la mezcla de los combustibles en surtidor; se contradice y formula afirmaciones poco claras respecto de los costos asociados y deja a la transición energética a criterio del mercado cuando es una política pública obligatoria”. Se observa también que la iniciativa legislativa “establece como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Energía, cuando debiera ser tripartita, integrando Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Producción Agropecuaria, dada la trascendencia de las cuestiones involucradas”.

A favor de su posición, la CNJP argumenta también que “en Argentina no existe competencia entre biocombustible y alimentación animal, dado que el subproducto que deja el proceso de producción de biodiesel y bioetanol, es usado para alimentación animal, incluso con mejor aporte que el grano entero (tanto de maíz como de soja)” y que “al mismo tiempo, la producción de maíz, ayuda a equilibrar la rotación de cultivos”.

Agrega el mismo texto que “para Argentina, es un biocombustible moderno, y se debería ampliar a biocombustibles de avanzada, a través del mayor aprovechamiento de residuos en su producción”, advirtiendo que “la transformación de la matriz energética argentina, con transición progresiva, demanda la unión de voluntades, esfuerzos y acciones mancomunadas”.

Por otra parte el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) de la Iglesia Católica, se pronunciaron a favor de las Comunidades Mapuche-Tehuelche de la provincia de Chubut para respaldar su lucha contra la megaminería y apoyar el trabajo de sus propios equipos en el sur del país.

“Como responsables de Endepa y de la CEPA”, dice el comunicado,  y “habiendo recibido informaciones creíbles en torno a actitudes intolerantes de parte de algunos sectores de la conducción de esa Provincia (de Chubut), por la oposición a la autorización de la actividad minera a gran escala en nuestro país, expresamos nuestro parecer y nuestro apoyo a las Comunidades Indígenas y a Endepa local”.

La declaración, dirigida a “las Autoridades Públicas y empresariales de la Provincia del Chubut “ señala que “como Iglesia hemos alertado sobre los problemas ambientales, la necesidad de defender el agua y de respetar la vida de las Comunidades Indígenas y rurales cuyos destinos serían afectados por este tipo de proyectos” y en vista de las políticas extractivistas que están “generando, desde hace casi dos décadas, importantes resistencias y movilizaciones de parte de nuestra sociedad.”

El documento del organismo católico denuncia que “en las últimas semanas, con motivo de la presentación de una acción judicial por parte de cuatro comunidades mapuche-tehuelche contra el proyecto de zonificación en análisis en la Legislatura del Chubut, distintas voces oficiales han cuestionado públicamente el accionar de Endepa o de algunos de sus miembros y al mismo tiempo han puesto en duda la legitimidad de las autoridades de esas comunidades, respaldando a otros miembros de los pueblos afectados que se han manifestado en favor del proyecto oficial”.

Advierte también que “más allá de que no es Endepa la que presentó la acción judicial, sino cuatro comunidades a través de su representante legal, nos preocupa que una discusión tan importante para los Pueblos Indígenas y para toda la comunidad del Chubut, salga del plano de los argumentos e ingrese en el de los ataques personales o institucionales, pero sobre todo que se ponga en duda la legitimidad de las decisiones tomadas por algunas comunidades”.

Además de respaldar el reclamo, Endepa y CEPA piden que la voces de las comunidades indígenas “sean escuchadas con respeto y adecuado espacio en los medios de comunicación” y “a quienes ejercen funciones públicas, que cesen en esta forma de actuar, que atenta incluso contra el propio respeto que merecen las personas que han sido reconocidas con el voto popular, porque del mismo modo que se cuestiona a las autoridades de las comunidades y sus decisiones, se debilita la autoridad pública”.

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