"A Dilan Cruz lo mató la policía". La frase ​se multiplicó en paredes y en remeras, y su nombre recorrió el mundo. Pero tras el asesinato del joven estudiante de bachillerato en 2019, poco ha cambiado en las fuerzas de seguridad colombianas.​ Dos años después, las masivas manifestaciones que estallaron por una fallida reforma tributaria son ahora, en buena medida, contra la violencia policial. El uso indiscriminado de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)  pone bajo la lupa a este desprendimiento de la policía colombiana fundado en 2009. El presidente Iván Duque anunció este domingo una reforma policial, aunque sigue refiriéndose a los abusos como casos individuales y no como una conducta sistemática. Y pese a que existe abundante evidencia de ONGs.

"En mis investigaciones he desarrollado el concepto del poder estructural de la policía, el cual proviene de su control sobre el uso de la fuerza del estado y su impacto en la seguridad y el orden", aseguró en diálogo con PáginaI12 Yanilda González, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Princeton. "Todos los gobernantes necesitan la cooperación de la policía, pues de lo contrario las fuerzas policiales pueden generar situaciones caóticas que podrían poner en riesgo el mandato y los intereses políticos de los líderes. El resultado es un proceso de acomodación entre la policía y el poder político, en donde los gobernantes le otorgan un alto nivel de autonomía a las policías y adoptan una postura condescendiente frente a ellos. Esto es evidente en el discurso del presidente Duque, que si bien reconoce la necesidad de 'transformar' a la policía, observamos que el énfasis sigue en la defensa y la justificación de la actuación de los agentes. Ese es el poder estructural de la policía en la práctica", agregó González.

Violencia estatal sin fin

La crisis social que sacude a Colombia hace más de un mes originó una larga serie de denuncias de organismos nacionales e internacionales debido a la represión indiscriminada de las fuerzas de seguridad que dejan hasta el momento alrededor de 60 muertos y mil heridos. "Chile es el primer país que viene a la mente cuando uno piensa en paralelos represivos. Los operativos de Carabineros donde disparaban a los ojos se ven ahora en Colombia, con alrededor de 65 personas con daños oculares con armas supuestamente no letales. Es un paralelo muy fuerte", destacó Adam Isacson, Director para Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). 

En Colombia se repiten historias como la de Nicolás Reina, un joven que perdió un ojo por una bomba aturdidora del Esmad en Bogotá. Pero la violencia policial es una pesada herencia del país. Juan Carlos Martínez Gil es un abogado y sindicalista de Caldas al que el Esmad dejó sin un ojo en 2007, en medio de una movilización contra los recortes en el sector de la salud, que estaba proponiendo el entonces gobierno de Álvaro Uribe. La justicia colombiana ya condenó a un capitán de la policía por los hechos y su caso fue admitido en 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que después de una larga espera llegó este domingo al país para documentar y verificar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas.

La situación de Martínez Gil es una rareza, ya que las denuncias de agresiones policiales no suelen avanzar en Colombia. Uno de los mayores problemas que expresan las víctimas es la identificación de los agentes del Esmad, ya que los disparos se hacen en medio de contextos difusos, en ocasiones a altas horas de la noche. Además los manifestantes denunciaron recientemente que algunos policías ocultan sus códigos de identificación o los alteran. "Aún cuando los agentes están identificados, sigue siendo bastante difícil lograr una condena. El ejemplo clásico es el asesinato de Dilan Cruz en 2019. Se sabe exactamente quien fue el capitán que lanzó el arma no letal que lo mató, pero 18 meses después el caso sigue en el sistema militar de justicia sin progresar", aseguró en ese sentido Isacson.

Para Alberto Sánchez, historiador de la Universidad del Valle y experto en temas de seguridad, Colombia tiene "una gestión de justicia medieval". "Y eso en casos que representan abuso de fuerzas es mucho más grave. La calidad del control interno en la fuerza policial hay que discutirlo, pero el control de otros organismos como la Procuraduría, Contraloría o Fiscalía es nulo, directamente no actúan", agregó.

¿Qué es el Esmad?

El Esmad es una unidad antidisturbios creada en 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana en uno de los periodos más agudos del conflicto armado interno en Colombia. Depende de la policía y reporta al ministerio de Defensa. Aunque fue fundado bajo un decreto transitorio, el expresidente Uribe la formalizó y creó el curso que capacita a los agentes de la unidad. Originalmente el objetivo del Esmad es controlar los disturbios, las multitudes, los bloqueos y hacer acompañamientos a desalojos de espacios públicos o privados, en lugares donde haya una "eventual materialización de hechos terroristas y delincuenciales", según el reglamento policial. Está integrada por unos 3.500 policías distribuidos en 23 escuadrones especializados en antidisturbios, en 17 de los 32 departamentos de Colombia, y en Bogotá, Medellín y su área metropolitana, y Cúcuta.

La fuerza antidisturbios tiene permitido usar "bean bags", bolsas de perdigones. También usa cartuchos de gas de 37 y 40 milímetros y granadas de humo, todas estas identificadas por la policía como armas "menos letales". En 2020, la Corte Suprema de Colombia le ordenó al presidente Duque y a todas las autoridades involucradas en el control de las protestas sociales que suspenda el uso de escopetas calibre 12.

Además el pasado tres de junio, en el municipio de Popayán, el Juzgado 10º suspendió el uso en la ciudad del sistema denominado "venom" usado por los agentes del Esmad, hasta que se elabore un protocolo específico. Se trata de un lanzador de proyectiles que por la potencia de su impacto, debe usarse encima de las tanquetas del Esmad y no en tierra, desde donde puede causar graves lesiones a los manifestantes.

Pedido a Biden

En una carta dirigida al secretario de Estado Antony Blinken, 55 miembros del Congreso le exigieron al gobierno de Biden que suspenda la asistencia directa a la policía de Colombia. "El Esmad no recibe dinero de los Estados Unidos, pero Colombia usa dinero propio para comprar gases lacrimógenos, armas venom, blindados u otras cosas que utilizan para defensa y no hay límite. Entonces estamos pidiendo que de manera temporal el Estado colombiano prohíba cualquier venta o licencia ya sea de gobierno a gobierno o a través de una compañía licenciada por Estados Unidos. Que se suspenda hasta que Colombia reduzca su uso de fuerza y adopte mejores políticas", señaló Isacson.

¿Qué pasará con la reforma de Duque?

Insistiendo en la defensa de su fuerza de seguridad, el presidente de Colombia anunció que modernizará la policía a a través un proyecto de ley que será presentado el 20 de julio. Alberto Sánchez destacó tres elementos de la propuesta: "La creación del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, el estatuto disciplinario y el cambio en la formación de los uniformados, y el escalamiento de todo lo relacionado con derechos humanos al nivel de dirección".

A la hora del debe, el historiador espera que la reforma "sea un punto de partida para empezar a dar discusiones abiertas con la sociedad civil", porque "si algo nos ha enseñado este paro que comenzó por una mala discusión de la reforma tributaria es que, si hay una necesidad grande en Colombia, esta es empezar a discutir de manera más abierta algunas decisiones de carácter público".