Alrededor de 400 recursos son los que tiene la Corte Suprema para resolver en expedientes de lesa humanidad. Son unas 50 las causas que aún esperan ser confirmadas por el máximo tribunal en lo que hace a crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado, casos gravísimos en los que el tiempo no es justamente lo que sobra. La demora, que no es nueva, volvió a escena después de una reunión entre organismos de derechos humanos y el ministro de Justicia, Martín Soria, y de que la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Horacio Pietragalla Corti, presentara un nuevo pedido para que el máximo tribunal resuelva la situación del dueño de Ledesma, Carlos Blaquier, beneficiado en 2015 con una falta de mérito por la Cámara Federal de Casación Penal la causa de los “apagones”. Además de la mora en tramitar los expedientes, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz dejó de hacer desde hace tres meses las reuniones de la llamada Comisión Interpoderes, que había reactivado a finales del año pasado después de la parálisis ocurrida durante el macrismo y de que recibiera un pedido de juicio político por su postura frente a las causas vinculadas a crímenes cometidos durante la última dictadura.

En la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) estiman en más de 55 las causas que aún esperan en la Corte a que se confirme la sentencia contra los genocidas. Y en la propia Corte cuentan que son más de 400 los recursos que tienen para resolver. Los números alarman y el tiempo corre. Algunas causas esperan hace largos años en el palacio de la calle Talcahuano. En algunas vocalías remarcan que hay intenciones de resolver todos los recursos posibles de lesa humanidad antes de la feria de julio. Sin embargo, la demora sigue existiendo.

Desde hace años da vueltas en la Corte la causa sobre el secuestro, tortura, muerte y desaparición de Floreal Avellaneda, un adolescente de quince años, militante de la Federación Juvenil Comunista, secuestrado junto con su mamá, Iris, referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Es ella quien hoy sigue pidiendo que los supremos confirmen la sentencia a los dos represores que los detuvieron el 15 de abril de 1976. 

En agosto de 2009, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín dictó sentencia contra Santiago Omar Riveros y otros cinco represores. Dos de ellos, Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni, recibieron una pena de ocho años porque los jueces entendieron que sólo debían responder por el secuestro de Iris y el Negrito y no por las torturas que sufrieron la mujer y el chico. Como esa decisión se apeló, la situación de Fragni y Harsich sigue, a casi doce años del juicio, sin que el máximo tribunal la examine.

También en 2009, el TOF de Mar del Plata realizó su primer juicio por delitos de lesa humanidad. Estuvieron sentados en el banquillo Pedro Pablo Mansilla, el jefe de Área 125, y Alejandro Duret. Ambos debieron responder por el secuestro y desaparición de Carlos Alberto Labolita, un joven estudiante al que secuestraron en Las Flores el 25 de abril de 1976. Labolita era, además, amigo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Con “Chiche” Labolita y su compañera, Gladis D’Alessandro, Néstor y Cristina vivieron hasta el 24 de marzo de 1976, cuando se despidieron en La Plata. No sabían que iba a ser la última vez que iban a abrazar a “Chiche”. A los 45 años de esa despedida, CFK viajó a Las Flores para acompañar a Gladis en la reapertura de un sitio de memoria. En 2009, el TOF de Mar del Plata --con la disidencia de Carlos Rozanski-- absolvió a Duret. Casación después lo condenó a quince años y la Corte lo reenvió para que otra sala del máximo tribunal penal revisara esa condena. Con esas idas y vueltas, la Corte aún no confirmó la condena a Duret.

Los casos del “Negrito” Avellaneda y de “Chiche” Labolita son solo ejemplos de los expedientes que habitan en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Hay causas de todas las jurisdicciones. De La Plata, está para ser revisada la sentencia del llamado Circuito Camps, dictada en 2012, contra Miguel Osvaldo Etchecolatz y el exministro de gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart, uno de los influyentes en los tribunales. 

Hay, al menos, tres tramos de la megacausa de Campo de Mayo: el juicio de los trabajadores, el de las embarazadas y el circuito de Zárate- Campana, según los registros de la PCCH. Quedan pendientes recursos del juicio de Plan Cóndor y Orletti, que concluyó en 2016. También están para revisar las sentencias por el centro clandestino de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) --donde estuvieron cautivos la hija y el yerno de Rosa Roisinblit, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que tiene 101 años-- y la de Virrey Cevallos, el campo de concentración que la Fuerza Aérea montó en plena Ciudad de Buenos Aires. Está también el tramo correspondiente al Hospital Militar de Campo de Mayo vinculado al plan sistemático de robo de niños y niñas.

Hay otras causas que reconocen en la Corte que están estancadas porque los supremos deben definirse por la calificación de hechos anteriores al golpe del 24 de marzo como delitos de lesa humanidad, y ese es un tema que, por ahora, prefieren esquivar. Tal es el caso de la llamada Masacre de Capilla del Rosario de 1974, o la causa por la desaparición del exgobernador de Salta Miguel Ragone, ocurrida pocos días antes del golpe. El año pasado, la Corte advirtió después de casi cinco años que había estado mal concedido un recurso en la causa por la Masacre de Trelew de 1972 y la reenvió a Casación, por lo que la definición en ese expediente se seguirá estirando. Resta también que los supremos revisen la causa Martel, en la que deben definir si las agresiones sexuales en los centros clandestinos son delitos de propia mano –es decir, achacables únicamente a los autores directos–, como sostuvo la Casación en 2016.

La demora en las causas y la necesidad de acelerar con los juicios que restan es parte de los planteos que llevaron distintos actores a la primera reunión de la Comisión Interpoderes después de más de cuatro años de parálisis, a la que convocó Rosenkrantz en octubre del año pasado. La convocatoria del supremo se concretó después de que la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, presentara un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte por cajonear la causa Blaquier y por su mirada --en general, regresiva-- en materia de lesa humanidad, como quedó a la vista con el fallo del 2x1 para los represores que él motorizó a los pocos meses de su llegada al alto tribunal. 

A la reunión no acudió ni el gobierno, por considerarla una convocatoria “oportunista”, ni la mayoría de los organismos de derechos humanos. A Rosenkrantz también lo dejaron solo sus colegas de la Corte, que no lo acompañaron en su presentación en sociedad con quienes siguen los juicios de lesa humanidad.

Las reuniones de trabajo de la Comisión Interpoderes transitaron sin grandes avances durante algunos meses. Algunos de sus asistentes contaron a este diario que se habían discontinuado. Ante la consulta de Página|12, en la Corte respondieron que el último encuentro fue el 10 de marzo pasado. Es decir, hace casi tres meses que dejó de estar en la agenda urgente del tribunal. Minutos después de esa consulta, desde Presidencia hicieron saber al resto de los supremos que iban a volver a revisar las agendas para concertar una nueva cita.