Es el caso que involucra al actual intendente de Bañado de Ovanta, Ramón Elpidio Guaraz, quien fue acusado por dos mujeres en los últimos días por delitos de abuso y acoso sexual.

Primero se manifestaron las organizaciones que acompañan y sostienen el  movimiento Yo te creo, y luego fueron sumándose legisladoras y movimientos del oficialismo, de la oposición y del socialismo. El grupo de comunicadoras Eulalias/Comunicadoras Feministas Catamarqueñas también expresó su repudio y pidió el apartamiento de Guaraz.

“Otro político denunciado por acoso y abuso sexual”, expresaron Ramonas, quienes recientemente se vieron involucradas en una persecución dentro de su propio partido por pedir la “ficha limpia” para un candidato del radicalismo. “La situación de poder y privilegio que ejerce sobre las denunciantes, que son empleadas del municipio, requiere que la Justicia actúe en forma inmediata con perspectiva de género, sabiendo del contexto social que se da en un municipio del interior de nuestra provincia, donde el intendente actúa como el propietario de las y los habitantes”, expresaron.

El movimiento Mujeres por la Igualdad publicó un comunicado en el que señalan: “Le creemos a la denunciante, y le abrimos nuestros brazos para brindarle nuestra solidaridad y apoyo en esta lucha por justicia”. Las mujeres, que pertenecen al sector oficialista, dijeron que “Desde el punto de vista político consideramos que Elpidio Guaraz, a causa de esta sospecha, no cumple con el requisito de integridad moral necesaria para ejercer la altísima representación que hoy ostenta, razón por la que debería apartarse del cargo para ponerse a disposición de todas las requisitorias legales del proceso e instamos a que se abstenga de ofender o perseguir -por sí o por terceros- a la denunciante”.

Las Mujeres Socialistas Catamarca y la Corriente Alicia Moreau adhirieron “al pedido desesperado de las denunciantes.". Y reclamaron "Que tome estado público, que la Justicia actúe con celeridad, y que los organismos con competencia brinden protección y acompañamiento a las víctimas”.

Todas las organizaciones coincidieron en señalar que desde el plano judicial se debe trabajar con la mayor celeridad posible, con transparencia y con el necesario enfoque de género para proteger a la víctima, y en la necesidad del apartamiento de Guaraz hasta tanto los hechos sean resueltos por la Justicia.

La legisladora del PI, que integra la alianza del Frente de Todos, Adriana Díaz pidió al Poder Judicial actuar con rapidez: “en estos tiempos ya nos hay margen para hacer como que no pasa nada. Si hay denuncias hay que activar los mecanismos democráticos que garanticen un proceso con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos”, dijo.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, marcó: “No vamos a resignar jamás el derecho a solidarizarnos con toda persona que haya sido o sea víctima de abuso sexual y o violencia de género, y a exigir la intervención urgente de la Justicia, que tiene la obligación legal de actuar con perspectiva de género en todos los procedimientos”. Aseguró, además, que declinarán "el derecho a indignarnos ante presuntos hechos de abuso y de violencia patriarcal, vengan de donde vengan, y cualesquiera sean sus autores, y de repudiarlos enfáticamente por la ofensa y el atropello a la dignidad humana de las víctimas que tales aberraciones significan”.

En la tarde de ayer domingo, fuentes del municipio de Bañado de Ovanta dieron a conocer que Guaraz estaría llamando a “limpiar” las oficinas de la comuna. 

El intendente está, además, denunciado por diferentes delitos desde 2008, fecha desde la que está al frente de ese municipio. La última denuncia es de abril de este año. Guaraz había autorizado abrir un camino para evadir al COE provincial y así habilitar carreras cuadreras.