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Para el mundo de los pueblos indígenas del norte de Salta, y para muchas personas del mundo "blanco", ayer fue un día conmocionante. La muerte de Francisco Pérez se vive en este ámbito como lo que es, una pérdida mayúscula de una figura imprescindible en la lucha por la recuperación de los derechos de estos pueblos, que es también la defensa de los derechos humanos a secas.
Fue el gran impulsor de la sentencia por la que en febrero del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino a entregar, entre otras reivindicaciones, 400 mil hectáreas, en título único, a las comunidades indígenas que habitan en los ex lotes fiscales 55 y 14, en el límite tripartito entre Argentina, Bolivia y Paraguay, cerca del río Pilcomayo.
La muerte lo sorprendió a los 73 años, en medio del proceso de aplicación de este fallo y su figura era central para avanzar en acuerdos y acciones en este sentido en ese territorio donde nació y desarrolló su vida. Ayer Lhaka Honhat le rindió homenaje con sus proias palabras.
En la fauna politica salteña, que lo sufrió o lo amó, el diputado provincial Santiago Godoy, un conocido de toda la vida, lo destacó en su cuenta de Twitter:
Más tarde, la Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia difundió una participación destinguiéndolo como "incansable luchador por los derechos de las comunidades, (que) deja un inmenso legado como dirigente indígena y será recordado siempre por su entereza y fortaleza".
Estudiante clandestino
Francisco nació en el paraje La Horqueta, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, cabecera del departamento Rivadavia, el 16 de Julio de 1948. Como por entonces los habitantes indígenas tenían prohibido asistir a las escuelas, aprendió a leer y escribir de adolescente, en 1964, con un maestro que le enseñaba durante la noche de manera clandestina. Poco después él mismo se convirtió en maestro y en 1967 y 1968 se desempeñó en la escuela del paraje Las Vertientes.
Quizás de esos inicios le quedó la preocupación por la educación y por la recuperación y de las lenguas indígenas. También desarrolló un pensamiento sobre la educación formal e integró el Consejo de Lengua Wichí.
A finales de la década del 70, junto a la Iglesia Anglicana laboró en la reivindicación de tierras para la comunidad Alcoba, de la ciudad de Tartagal, en el vecino departamento San Martín.
Pero en su vida y en la de las comunidades de esta zona 1984 fue el año bisagra en el que Francisco Pérez comenzó a desempeñar un papel fundamental en la reivindicación de sus derechos sobre esa zona que comprende los ahora ex lotes fiscales 55 y 14. Su acción fue tal que terminó constituyéndose en el principal referente en la lucha por el reconocimiento del territorio.
En 1991 él y otros niyat (caciques) crearon la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), que reúne a comunidades de los pueblos Wichí, Iyojwaja (Chorote), Niwaklé (Chulupí), Tapy'y (Tapiete) y Komlek o Q'om (Toba), con el objetivo de exigir que el Estado les reconozca sus derechos ancestrales sobre parte de las 643 mil hectáreas que ocuparon siempre.
Toda esa zona ha sido siempre territorio indígena, pero el Estado argentino llevó a cabo aquí la campaña al Chaco y promovió la instalación de habitantes "criollos" para colonizar estas tierras.
El proceso de reconocimientos de derechos de los pueblos indigenas fue -es- largo, y lleno de asperezas, con un estado provincial que siempre se negó a una conversación franca con los pueblos indígenas, una actitud cínica que las más de las veces encontró respaldo en la indiferencia del estado nacional.
Frente a esa negación, las comunidades indígenas, con Francisco como principal hacedor, llegaron a acuerdos con las familias criollas y se estableció que 400 mil hectáreas serían entregadas a las comunidades y 243 mil quedarían para las familias "blancas".
La protesta por el puente internacional
En 1995 Lhaka Honhat llevó adelante un hito en la lucha indígena por el reconocimiento de sus derechos: la toma y paralización de la construcción del puente internacional que une a Argentina y Paraguay a través de Misión La Paz y Pozo Hondo, una acción que ayudó a visibilizar la situación de estas comunidades.
A la par de esa medida de acción directa la Asociación inició la vía judicial, con una demanda al Estado nacional porque la obra del puente se había comenzado a hacer sin la consulta previa libre e informada a las poblaciones indígenas que afectaba directamente, con lo que se violaban derechos reconocidos en la normativa nacional e internacional adoptada por el país. Esa denuncia llegó en 1998 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego fue a la Corte Interamericana y terminó en la sentencia de febrero de 2020.
En 1999 el Estado Argentino contestó la denuncia reconociendo que la construcción del puente, "así como otros caminos y edificios diversos, modifica sensiblemente la forma de vida de las comunidades indígenas y que habría sido oportuna la celebración de consultas así como de un informe sobre el impacto medioambiental de esas obras". Sin embargo, este reconocimiento no fue obstáculo para que el Estado salteño tratara de generar divisiones entregando fracciones de tierra a supuestas comunidades indígenas y a familias criollas.
Lhaka Honhat denunciaba en esos años, en la gestión como gobernador del ahora senador nacional Juan Carlos Romero, que el gobierno de Salta hostigaba a esta organización presionando a familias y niyat para que aceptaran títulos de tierras individuales y que se apartaran de la Asociación.
En el 2000, como coordinador general de Lhaka Honhat a Francisco le tocó aceptar el proceso de solución amistosa propuesto por la CIDH para regularizar los ex lotes 55 y 14, era un camino para evitar la judicialización y que llegara a la instancia de la CorteIDH, pero el Estado salteño, y el argentino, no avanzaron en los compromisos adquiridos y finalmente el caso llegó a resolución de la CorteIDH.
Francisco no solo peleó en el ámbito local y nacional, y a través de la vía judicial, también llevó su reclamo a cada lugar del mundo que estuviera dispuesto a oírlo, y aprovechaba estas instancias para pedir que se tratara de interceder ante el Estado argentino para que reconociera sus derechos. Expuso en la ONU, en eventos en Alemania y también en Estados Unidos.
Contra los abusos sexuales
Como referente indígena varón Francisco Pérez se destacó también por su denuncia formal y pública de las persistentes violaciones y abusos sexuales por parte de criollos en perjuicio de niñas y mujeres indígenas de la zona. La práctica conocida como chineo.
Contaba que una niña pariente suya había sido víctima de estos ataques, y recordaba a otras niñas destrozadas por la crueldad de hombres "blancos" que las atacaban recurrentemente.
Cuando reclamaba por el avance del mundo occidental en el territorio del Pilcomayo, su preocupación pasaba por esto también. Más hombres blancos, sobre todo de compañías importantes o de organizaciones militares o de fuerzas de seguridad, implicaban más abusos. Como antes, como cuando llegaba la Policía o el Ejército, o Gendarmería, y avanzaban sobre las comunidades llevándose a las niñas para violarlas con la seguridad de la impunidad más absoluta, así pasaba -pasa- también en años más cercanos.
En el proceso de litigio Lhaka Honhat denunció que en 1999 cuando la Compañía General de Combustibles (CGC) comenzó a desarrollar tareas de exploración de hidrocarburos en los lotes 55 y 14, además de que era una actividad que no podía realizarse porque ese territorio era parte de un diferendo en proceso, además de la afectación al ambiente, además de que no habían consultado a las comunidades, técnicos de la contratista habían llevado a "varias niñas" a su campamento y habían abusado de ellas.
El antecedente de la intendencia wichí
Francisco Pérez fue también de los primeros indígenas en incursionar en la política. En 1983, con el retorno de la democracia, fue electo concejal en Santa Victoria Este. En 1990 volvió a ser electo para este cargo, y otra vez en 1995.
En 1994 creó el partido Tewok Necheyik con el cual la población indígena de Santa Victoria Este, que es mayoría en todo ese territorio, intentó por primera vez obtener la intendencia del municipio. No ganó, pero esa acción se reconoce como el antecedente fundamental para que en 2019 un candidato indígena, Rojelio Nerón, llegue a la intendencia por primera vez en la historia de esa localidad que hasta entonces siempre había sido gobernada por la minoría criolla.
