En menos de una semana, dos fiscales de Comodoro Py apuntaron con pedidos de medidas de investigación a lo que pudo haber sido el corazón --o al menos parte-- del armado de causas judiciales dentro de los propios tribunales de Retiro. En casos distintos, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano solicitaron medidas para reconstruir las visitas de los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la Casa Rosada y la quinta de Olivos durante el gobierno de Cambiemos. El primero lo hizo en la causa del Memorándum con Irán, ante el tribunal que deberá decidir si se hace o no el juicio oral. Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados habían pedido la nulidad de todo, porque ambos camaristas se reunían con Mauricio Macri en la época en que resolvieron reabrir este expediente, que había sido cerrado por inexistencia de delito. Mángano tiene una pesquisa específica sobre Hornos, presidente de la Casación, máximo tribunal penal. Pero hay más datos que se suman a este panorama poco frecuente en un edificio acostumbrado a apuntar hacia afuera, y no a hacia adentro, a los propios. La investigación sobre la “mesa judicial” del macrismo, a cargo del fiscal Franco Picardi y la jueza María Eugenia Capuchetti, avanza una nueva línea: este martes declara como testigo Alejandra Gils Carbó, quien fue presionada para dejar la Procuración con acusaciones judiciales, en especial en el fuero federal, y según declaró ya otro fiscal, con amenazas que habría pronunciado el operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón de que irían presas ella y sus hijas. María Servini también convocó a ambos a declarar en la causa por aprietes a los accionistas del Grupo Indalo.

Si las medidas que impulsan estos jueces y fiscales avanzan, es posible que tengan fuertes efectos en estas y otras causas, además de que acarrean un potencial golpe contra parte importante de Comodoro Py y sus modos tradicionales de funcionar. Hay una gran cantidad de hechos, además, que seguramente comenzarán a encajar entre sí. Cuando la jueza de Casación Ana María Figueroa declaró en la causa a cargo de Picardi y Capuchetti, dijo que creía haber sido la “primera víctima del lawfare” ya que el recién llegado gobierno de Cambiemos le pidió --a través de Juan Bautista Mahiques-- que apurara una definición sobre la validez constitucional del Memorándum. Ella sostuvo que no cedió a nada, pero con esa descripción quedaba abierta la posibilidad de que otros jueces/zas sí hubieran admitido pedidos/guiños/presiones de la política. La “mesa judicial M”, está claro, no podía actuar si no tenía aliados en tribunales.

El pedido del fiscal Colombo, la semana pasada, causó sorpresa en el fuero federal porque podría llevar a que caiga el juicio por el Memorándum con Irán. Vale recordar que es la causa que comenzó con la denuncia de Alberto Nisman, cuatro días antes de aparecer sin vida, donde involucraba a CFK, al fallecido Héctor Timerman y a otros en una supuesta maniobra de encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA, por el hecho de haber firmado el pacto con Irán, que lo que intentaba era que declararan de una vez como acusados en un tercer país. Durante todos los años de proceso judicial quedó clarísimo, además, que Interpol jamás levantó las alertas rojas sobre los iraníes, pero aun así, y pese a que el juez Daniel Rafecas cerró el caso por inexistencia de delito, hoy está en el Tribunal Oral Federal 8, después de un derrotero que incluyó las detenciones de varios ex funcionarios.

La clave del pedido del fiscal de juicio, Colombo, es que quiere chequear los vínculos que tenían los casadores Borinsky y Hornos con el gobierno de Macri, ya que las visitas de los primeros a éste se hicieron públicas, lo mismo sus fechas coincidentes con dos resoluciones de esos camaristas que habilitaron la compuerta para que la causa llegue a la instancia actual: reabrieron el expediente, se lo sacaron a Rafecas y convalidaron una causa paralela que tenía Claudio Bonadio, que se quedó con todo. Por eso, si el TOF 8 habilita las medidas en cuestión y acepta una audiencia pública pedida por la vicepresidenta y Andrés Larroque, podrían surgir pruebas que lleven a anular el proceso. La fiscalía solicitó doce medidas en total: además de los ingresos de Hornos y Borinsky a Olivos y la Rosada, a Jefatura de Gabinete, los ministerios de Justicia y de Seguridad entre 2015 y 2016, pidió datos de otras causas, como las anotaciones del celular de Darío Nieto, el secretario de Macri, que tiene a ambos jueces agendados en varias ocasiones; requirió la declaración de Figueroa en la causa de la mesa judicial; las excusaciones previas de los jueces de Casación en la causa del atentado a la AMIA y la declaración de directivos de la DAIA por encuentros que habrían tenido con Borinsky relacionados con la causa del Memorándum. Quienes conocen de cerca otras causas vinculadas, creen que si se anula este caso, el efecto podría llegar a la causa sobre la muerte de Nisman, donde la Cámara Federal habló de que su muerte estaba vinculada con su denuncia.

El expediente en el que interviene Mángano, que por ahora se circunscribe a las visitas de Hornos, tuvo como disparador una denuncia del actual ministro de Justicia, Martín Soria, y los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés. Ellos acusaron al camarista y a Macri de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. La fiscal pidió la semana pasada medidas que ya ordenó Martínez de Giorgi: a la Secretaría General de la Presidencia, la planilla de ingresos y egresos y los registros de audiencia del expresidente; a Casación le consultó si hay actuaciones sumarios o algún acuerdo vinculado con el tema; y al Consejo de la Magistratura qué investigaciones hay en marcha sobre la misma cuestión. Mángano no descarta devolver esta causa por conexidad a su colega Picardi. 

La investigación sobre la “mesa judicial M” hasta ahora acumula documentos y declaraciones testimoniales que permitieron reconstruir la ofensiva, en particular, contra varios jueces del fuero laboral, en especial aquellos que reconocían paritarias y se pronunciaban en sus sentencias en contra de los despidos, pero se agregaron otros que el propio Macri hizo públicos o donde su administración impulsó juicios políticos, como los casos de la propia Figueroa, Martina Forns y la camarista civil Marcela Pérez Pardo, exesposa de Eduardo Freiler, camarista de Comodoro Py destituido por el macrismo. Hace algunas semanas la declaración como testigo del fiscal de la seguridad social Gabriel De Vedia generó una nueva y relevante línea de investigación. De Vedia confirmó lo que había dicho públicamente: que en octubre de 2017 había ido a ver a Rodríguez Simón por la ofensiva con denuncias judiciales desatada contra Gils Carbó, todavía jefa de las/los fiscales --los unía un parentesco-- y que éste le dijo que la persecución solo terminaría si le conseguía la renuncia, de lo contrario podría detenerla a ella y a sus hijas.  

El hecho es que Gils Carbó finalmente fue convocada como testigo y tiene cita con Picardi a las 11 de la mañana. Las causas judiciales contra la exprocuradora entran ahora en el radar del fiscal. La más conocida es aquella en la que se le endilga la compra supuestamente irregular del edificio donde hoy funciona la Procuración General, con el interino Eduardo Casal a la cabeza. El juez Julián Ercolini la procesó a mediados de octubre de 2017 por una supuesta defraudación y unos días después Gils Carbó presentó la renuncia. Cuando la Cámara confirmó el procesamiento, dijo que no hubo perjuicio al Estado, pero dio por hecho que se dirección la licitación. Quien contó algo revelador sobre este expediente fue el presidente Alberto Fernández, en una entrevista con Horacio Verbitsky: "Lo fui a ver a Ercolini, que había sido mi alumno --relató-- y le dije lo que me parecía. Que no había delito. Y Ercolini se agarró la cabeza y me dijo: 'sí, pero es lo que debo hacer, tengo que procesarla (...) Estoy enojado porque eso es lo que pasó. Todos los gobiernos intentaron influir en la justicia, pero para evitar que les den vuelta leyes o no persigan a sus funcionarios. Con Macri fue la primera vez que se usó para perseguir opositores". 

Gils Carbó y De Vedia fueron citados también por Servini --para el 10 y 16 de este mes, respectivamente-- en la causa donde se analizan amenazas y extorsiones a Cristobal López y Fabián de Sousa, que terminaron detenidos también por orden del juez Ercolini, tras acusarlos de evadir 8 millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos, una acusación que quedó controvertida en el juicio oral que transcurre en la actualidad, en especial por un peritaje de la Corte. La causa de Servini es la que tiene a Rodríguez Simón en el centro de la escena y por la que el operador dice que es un perseguido político, mientras pide refugio en Uruguay. Ahora la jueza y el fiscal Marijuán profundizan la reconstrucción del armado judicial.