El director del hospital Monovalente Carlos Malbrán, Daniel Godoy, y la directora Provincial de Asuntos Legales del Ministerio de Salud, Silvina Fullana, presentaron ayer lunes una denuncia penal contra el diputado Hugo Ávila (Partido Unión Patriótica Catamarqueña) y la periodista María de los Ángeles Márquez, quienes durante la noche del domingo intentaron ingresar por la fuerza al nosocomio con la presunta intención de “constatar” una denuncia anónima.

Ávila había denunciado por las redes, sin prueba alguna, que faltaba oxígeno en el hospital. Los hechos fueron repudiados por el oficialismo a través de un comunicado y también por las redes a través del hashtag Con el Malbrán NO.

En la misma jornada de ayer, los comerciantes pidieron frente a la Casa de Gobierno por la apertura de los negocios y hubo tensiones con la policía.

En lo que ha sido una campaña sistematizada, la oposición busca sacar provecho político de las difíciles circunstancias que impone la pandemia y atiza el humor social.

Por otro lado, las medidas provinciales y las formas de comunicarlas desde abril, cuando empezó a crecer la curva de contagios, han dificultado el diálogo con los diferentes sectores. 

En Catamarca rige la etapa roja de “aislamiento estricto”, con restricciones en las actividades y en los horarios de circulación desde hace casi dos meses, exactamente desde el 15 de abril. A partir del 20 de mayo, la provincia se adhirió a las medidas nacionales y las extendió este domingo hasta el 30 de junio.

Catamarca vivió en la última semana los picos más altos de contagios y de fallecidos. Los especialistas afirman que el ciclo viral tiene 14 días, así lo explicó en el ámbito local Alejandro Santillán Iturres, director provincial del Centro Único de Referencia y miembro del COE Salud. Desde el 15 de abril han pasado varios ciclos en etapa roja sin que la curva de contagios ceda, todo lo contrario. Algo entonces no estaría funcionando en las dos partes que conforman la participación de la vida en pandemia, la responsabilidad ciudadana y la gestión del Estado provincial.

La gestión de la provincia ha sido de las más preventivas si se compara con otras del país. Hubo condiciones de gestión para que el virus no llegara hasta junio, y se transitó un 2020 con cierta tranquilidad dentro del contexto de pandemia.

Aun así, la provincia fue la última del NOA en habilitar la temporada de turismo y hay actividades que nunca se habilitaron, como las salas de teatro.

Por otra parte, se siguen desbaratando fiestas clandestinas y ayer mismo se clausuraron negocios que abren a pesar de las restricciones.

No hay que especular con la muerte. A pesar de los negacionistas y de una oposición que sigue merodeando como cuervos para sacar provecho político, limitar la circulación es por ahora lo más eficaz ante el covid hasta que la mayoría de la población esté vacunada. Tampoco se puede hablar con el diario de ayer. Está claro que es una enfermedad nueva que ha impuesto contextos sociales inéditos. Es, en todo caso, una suerte que haya un Estado presente y que haya decidido acompañar.

Las decisiones inconsultas o la información discrecional son prácticas que en el contexto actual producen una mayor sensibilidad social. Desde que en abril la curva de contagios empezó a incrementarse, el Ejecutivo Provincial ha dado señales de desconciertos y medidas contradictorias entre sí, que luego ha tenido que modificar en decretos cruzados. Incluso, se afirmó que la ocupación de camas y la situación de terapia intensiva no corrían riesgo de colapsar y a los pocos días desde el gobierno tuvieron que advertir sobre el límite en que se encontraba la provincia respecto a la cantidad de camas con oxígeno e insumos para terapia intensiva, y anunciaron que agregaría más camas.

En este contexto, se viene dando un reclamo sensible. Trabajadores cuya actividad se denominó desde un principio esencial y que hoy piden ser vacunados. En abril, cuando el Ejecutivo insistía con las clases presenciales, los docentes exigían la vacunación. En las últimas semanas, ante la muerte de dos choferes y de un bancario, ambos gremios decidieron medidas de fuerza, señalando que desde hace meses vienen pidiendo ser vacunados.

El gobernador Raúl Jalil les respondió el miércoles pasado en una conferencia que “ya no hay esenciales”. Lo dijo de este modo: “Ya se ha tomado una determinación, Catamarca tiene una mortalidad de las más bajas de la argentina hasta ahora, menos del 1%, ya no hay más esenciales, vamos a avanzar con los vacunados con comorbilidad, personas hipertensas, obesas o diabéticas que representan el 90% del uso de la terapia intensiva”.

El criterio del Ejecutivo seguramente está fundamentado en un análisis de la edad objetivo de la campaña de vacunación, como se infiere de esas declaraciones. Sin embargo, tanto los bancarios, como desde la UTA, señalaron que en un principio se les dijo que serían vacunados y ahora, no solo se sienten con “cierto temor”, sino también “engañados”. Es decir, la información no llegó, ni tampoco ha llegado de forma cabal una explicación fundamentada de por qué no se destinaron vacunas para los sectores que hasta hace unos días se les denominaba esenciales.

Cada vida es esencial, no habría que aclararlo, pero bajar de un hondazo la condición de esencial a trabajadores, que sin dudas tienen un grado de exposición en sus tareas, es agregar una sensibilidad más al delicado contexto social.

Entre las pocas cosas claras que la pandemia va dejando, está la necesidad de un Estado presente, y la necesidad de que esa presencia sea acompañada con empatía y transversalidad, con diálogo real. Es algo de lo que la provincia debe tomar nota, para que la oposición no siga desangrando la herida social que ella misma abrió durante el macrismo.