Donald Trump cumplirá hoy 100 días en la Casa Blanca con un balance sombrío, marcado por la polarización política, una creciente persecución a los inmigrantes sin papeles y por la normalización de un relato presidencial plagado de “hechos alternativos” y denuncias que nunca llegan a la Justicia.

Desde el primer día de su Presidencia, el 20 de enero, cuando aseguró que la suya había sido la asunción más popular de la historia de Estados Unidos, Trump acostumbró a sus conciudadanos y al mundo entero a no tomar muy en serio sus palabras o las de su vocero, Sean Spicer. Como lo explicó la asesora presidencial Kellyanne Conway, al comienzo del mandato, Trump y su vocero no mienten cuando ofrecen datos o defienden cosas que luego no pueden ser comprobadas, sino que sostienen “hechos alternativos”.

Amparado en este eufemismo, Trump y su gobierno acusaron a su antecesor, Barack Obama, de haber pinchado sus teléfonos antes y después de las elecciones presidenciales del año pasado, de haber ordenado a Reino Unido que lo espíe e, inclusive, inventaron atentados que no sucedieron, dentro y fuera del país. También afirmaron que la tasa de homicidios en Estados Unidos nunca había sido tan alta y que el nuevo sistema de salud aprobado por Obama está a punto de estallar, ambas declaraciones desmentidas por expertos y medios con cifras e información oficial.

Pero detrás de este acribillamiento tuitero cotidiano de denuncias, declaraciones y advertencias espectaculares, políticamente incorrectas o falsas, se esconden unos primeros 100 días de un gobierno anti inmigratorio, machista, neoliberal y belicista.

Apenas unos días después de que más de un millón de mujeres marcharan en las principales ciudades de Estados Unidos para repudiar su asunción, Trump firmó un decreto, rodeado sólo por hombres, para desfinanciar cualquier organización internacional que asesore o apoye la realización de abortos.

Pese a que sus aliados republicanos criticaron a Obama por emitir algunos decretos sobre temas sensibles en sus últimos años, Trump lanzó de inmediato una catarata de decretos que confirmó la identidad conservadora de su gobierno.

Autorizó la construcción de oleoductos que habían sido parados por el gobierno anterior por los reclamos de los principales grupos ambientalistas del país, aprobó levantar un muro a lo largo de toda la frontera sur con México, cortó los fondos federales a las ciudades que actúen como santuarios y no entreguen información sobre inmigrantes sin papeles, y deshizo la política ambiental de Obama de un sólo plumazo.

Nominó para la cartera de Educación a una férrea defensora de la educación religiosa y privada, en la agencia de Medio Ambiente a una persona que no cree en el cambio climático, como su secretario de Justicia a alguien acusado de simpatizar con grupos supremacistas blancos, al frente de la diplomacia del país a un ex CEO petrolero sin experiencia en la función pública y como nuevo juez supremo a un ultraconservador y anti sindical.

La minoría demócrata dio pelea en el Congreso contra estas designaciones, pero finalmente se impuso la mayoría republicana.

Sin embargo, se vivieron semanas de mucha tensión, especialmente cuando las audiencias de confirmación de los miembros de gabinete coincidieron con las masivas protestas contra un primer veto migratorio, con el que Trump intentó, sin éxito, prohibir la entrada de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Esta medida del 27 de enero, una de las más resistidas de sus primeros 100 días, fue rápidamente bloqueada por la Justicia.

Trump prometió dar batalla y llevar el caso hasta la Corte Suprema, pero, ante una derrota casi segura, prefirió rescribir el decreto, quitar a Irak –un aliado que también se irritó por el veto inicial– y presentarlo de manera más diplomática. No obstante, los gobiernos estatales volvieron a reaccionar rápido y la Justicia suspendió otra vez la medida.

La otra gran derrota política que sufrió Trump en esta primera etapa fue en el Congreso.

El presidente republicano y los líderes de las mayorías oficialistas de las dos cámaras presentaron a principio de marzo dos proyectos de ley para reemplazar la reforma de salud aprobada por Obama en 2010 para avanzar por primera vez hacia una cobertura universal. La eliminación del llamado Obamacare había sido una de las principales promesas de campaña de Trump y del oficialismo republicano en general. Por eso, intentaron apurar su aprobación. Esperaban la resistencia de los demócratas, pero no contaron con una minoría propia que consideró que el proyecto era demasiado moderado.

Sin los números, Trump tuvo que retirar el proyecto de reforma y lanzó una nueva cruzada tuitera, esta vez contra los congresistas republicanos que habían hecho fracasar su plan de salud. Prometió boicotear sus futuras campañas electorales y llamó a sus votantes a castigarlos en los comicios de medio mandato en 2018.

Uno de los objetivos de su reforma de salud era bajar los costos para el Estado federal. Según el proyecto de presupuesto que la Casa Blanca presentó y que debe ser negociado ahora en el Congreso, Trump quiere reforzar las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que ajusta las políticas sociales, salud, iniciativas ambientales y la participación del país en los organismos internacionales, principalmente la ONU.

El magnate republicano asumió la Presidencia de Estados Unidos en medio de un clima de tensión, denuncias y dudas, y a lo largo de sus primeros 100 días en el gobierno no hizo más que profundizar en amplios sectores de la sociedad esa sensación de ilegitimidad, falta de credibilidad e irreversible polarización.