Tres años después de que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunciara violaciones a los derechos humanos en lan granja de rehabilitación San Antonio , la comunidad terapéutica fue finalmente clausurada luego de que su administrador, Nicolás Perrone, amenazara con un arma de fuego a los internos. Desde 2013, allí fallecieron tres pacientes en circunstancias dudosas, y pese al pedido de cierre de la CPM solo tuvo una clausura provisoria por problemas edilicios. Ahora, Perrone está detenido tras ser denunciado penalmente por las propias familias de los jóvenes.

"Hacía un mes que no podía ver a mi hijo cuando nos enteramos de esto. No dejaban que las familias los visitáramos por supuesta indisciplina. Entonces los chicos acordaron que el primero que pudiera salir iba a avisar lo que estaba pasando", contó a Página/12 María Carriego, madre de Franco, joven de 20 años que pasó siete meses en la comunidad. La noche del 27 de marzo, Carriego recibió un llamado de la madre de otro interno: "Tenía a mi hijo escondido en el supermercado donde trabaja porque Perrone le había apuntado a la cabeza", recordó Carriego. 

En la denuncia presentada esa misma noche en la comisaría de Villa Rosa por la propia familia de Franco, constan los testimonios de él y otros dos chicos, Mariano y Santiago, quienes detallaron que, por la tarde del 27, Perrone apuntó su arma al joven obligándolo a ir "a la esquina a ver si llueve": "Si no vas a la esquina te voy a dar un tiro", denuncian que le dijo. Cuando Franco regresó, el administrador de San Antonio, comunidad que al momento de los hechos tenía cerca de 25 pacientes, volvió a amenazarlo, pero esta vez para que no ingresara al lugar. Fue entonces que el joven decidió refugiarse en el supermercado.

"Después de la denuncia me fui enterando de todo, otros chicos también empezaron a  hablar. Los amenazaba con el arma, disparaba al aire y a mi hijo lo tenía empastillado. Le apuntaba para que tomara lo que él decía y después estaba tres o cuatro días tirado, sin poder moverse", dijo Carriego. En uno de los testimonios incorporados a la causa, un paciente asegura que eran medicados con un cóctel de etumina, nozinan, risperidona y clonazepam.

Además de los testimonios, hay videos en los que se ve a Perrone amenazando con su arma, equipado con chaleco antibalas. Esos videos llegaron a Pablo Galfré, autor del libro "La Comunidad: Viaje al abismo de una granja de rehabilitación de adictos", quien investiga hace años las muertes en comunidades. Galfré notificó la situación a la CPM, que intervino presentando la denuncia en la UFI 3 de Pilar y se ordenó  el allanamiento de la granja. Entre otras cosas, fue secuestrada una Taurus 9 milímetros, proyectiles y el chaleco antibalas. Perrone aún se encuentra detenido y la causa ya fue elevada a juicio.

En el medio, el 7 de abril, la Comisión presentó un habeas corpus colectivo entendiendo que los chicos que habían quedado en la comunidad estaban en riesgo. El pedido fue rechazado por el Juzgado de Garantías Nº 6, a cargo de Nicolás Ceballos, pero el lugar fue finalmente clausurado a instancias del Ministerio de Salud provincial, que dio de baja la habilitación de San Antonio. 

"Muchos de los chicos se fueron con sus familiares, otros se escaparon para salvarse, por lo que es difícil realizar un trabajo articulado para trasladarlos a otros dispositivos", advirtió a este diario Melina Galeano, integrante del equipo de salud mental de la CPM, a cargo de seguir el caso. Según contó, el equipo rastreó la situación de los chicos para elevarla al Ministerio: "Tienen que garantizar el abordaje, ya recibimos respuesta para varias de las situaciones, se comunicaron con las madres y otorgaron turnos en efectores de salud", indicó. 

Una granja con antecedentes 

Franco Ruiz Díaz, en el año 2013, Matías Lamorte, en 2015, y Claudia Martínez, en 2018, son las tres personas que fallecieron en circunstancias dudosas en San Antonio. En 2018, luego de realizar una inspección del lugar, la CPM ya había presentado un habeas corpus ante el Juzgado Nº 6 pidiendo que se disponga “la clausura inmediata" por “casos de privación de libertad, torturas y tratos degradantes, en clara violación a los derechos humanos”. 

"En ese momento encontramos muchas cosas preocupantes. En principio había sobrepoblación, San Antonio estaba habilitada para 20 personas en modalidad abierta y había 36 en modalidad cerrada. Después denunciamos el modo en que llegaban los chicos: se ofrecía una especie de servicio de internación, los captaban de la calle y los trasladaban en un vehículo particular, sin previa evaluación interdisciplinaria o de equipos de salud", recordó ahora Galeano, quien agregó que registraron "una clara lógica de premios y castigos". 

Ceballos, juez que rechazó el habeas corpus en abril, es el mismo que rechazó el de 2018. Ese año, San Antonio tuvo una clausura por problemas edilicios determinada por el Ministerio y luego volvió a funcionar con normalidad. En este sentido, Galfré remarcó a este diario que "hay algo que está fallando en la Justicia y en el Ministerio. Una comunidad terapéutica denunciada por tres muertes no puede seguir funcionando, por poco no tuvimos que lamentar una cuarta muerte". 

El 25 de septiembre de 2018, Claudia Martínez, de 40 años, comenzó a sentirse mal, tenía problemas renales. Notificó a quienes la cuidaban su malestar, se fue a dormir y no se levantó más. En ningún momento fue atendida. La tarde del 31 de mayo de 2015, Lamorte, de 30 años y asmático, dijo que sentía que se ahogaba. Testigos aseguraron que estuvo así durante horas sin ser atendido. La causa de muerte fue "síndrome asfíctico y edema pulmonar". 

"La pregunta central está en si la institución está capacitada para asistir a estas personas. ¿Tienen médicos? ¿Pueden hacer primeros auxilios? Perrone es un tipo con seis causas judiciales en contra. ¿Cómo puede ser que el Ministerio autorice que una persona con seis causas tenga a cargo una comunidad?", señaló Galfré. 

Ruíz Díaz, de 33 años, murió en abril de 2013. La versión oficial indica que se suicidó, pero su familia nunca creyó eso y pidió que se investigara. La causa fue archivada. Su caso recuerda al de Saulo Rojas, quien falleció en 2012 en la comunidad San Camilo, también de Pilar. El joven mendocino de 23 años fue encontrado ahorcado en una celda de detención. Su madre no se quedó con esa versión y decidió investigar hasta descubrir que, el día de su muerte, a Saulo, que era insulinodependeinte, le habían negado insulina antes de encerrarlo. Testigos aseguraron que el joven gritó pidiendo ayuda.

Su caso es el único que fue elevado a juicio por homicidio culposo. "El dueño de San Camilo, Martín Iribarne y el director terapéutico, Alejandro Jacinto, pidieron una probation que fue otorgada. Estamos esperando que llegue el juicio contra Ángel Súñez, el empleado de seguridad que encerró a Saulo", indicó Galfré, quien narró el caso en su libro, y recordó que la Resolución 15/14 del Órgano Nacional de Revisión de la Ley de Salud Mental establece que toda muerte de una persona internada en una institución de salud mental privada o pública debe ser investigada judicialmente. 

"En estos casos no se puede considerar solo el resultado de una autopsia. Se debe tener en cuenta el factor encierro, las acciones y también las omisiones de los responsables. Hay que hacer una reconstrucción del paso de la persona por el lugar, evaluar si estuvo garantizada la atención y el abordaje que el cuadro requería", aseguró Galeano. 

Por su parte, Galfré, que propone crear una unidad especial que investigue estos casos, subrayó que "en los últimos años me fui enterando de varios fallecimientos más, casi todos en Pilar salvo uno que es de La Plata. Hay muchos casos en comunidades terapéuticas y hay un vacío total por parte del Estado, las muertes en contexto de encierro en salud mental están naturalizadas bajo la idea de que el pibe adicto se suicidó porque la adicción lo llevó a eso. Claramente no es así. Incluso en casos donde quizás no hay un acto criminal, hay que investigar si hubo negligencia".