El gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, fue categórico al negar que el gobierno argentino hubiera realizado "pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios" durante las negociaciones por la adquisición de vacunas y confirmó que el laboratorio estaba manteniendo conversaciones con el Ministerio de Salud y la Secretaría Legal y Técnica de la Nación para avanzar en un futuro acuerdo. Durante una reunión informativa en la Cámara de Diputados, el representante de Pfizer terminó de echar por tierra las denuncias de parte de figuras de la oposición de supuestos "retornos", y reconoció que el motivo por el cual no se había podido llegar a un acuerdo tenía que ver con que "el marco legal no es compatible con algunos aspectos contractuales" que exigía el laboratorio. El oficialismo descartó de momento la posibilidad de modificar la ley de vacunas, pero aseguró que estaba dispuesto "a hacer todo lo que haga falta desde el Congreso para salvaguardar la vida de los argentinos". El plenario informativo también contó con la participación del presidente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, que producirá la vacuna Spuntik V.
"No hubo ningún pedido de pagos indebidos ni exigencia de intermediarios en ningún momento de las negociaciones", repitió más de tres veces a lo largo de su exposición el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, frente a los diputados y diputadas del Congreso. Durante esta primera reunión informativa con representantes de laboratorios que firmaron acuerdos de provisión de vacunas con el gobierno nacional (o que actualmente están en tratativas para hacerlo), Vaquer terminó por despejar las especulaciones que se habían generado en torno a la acusación de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, respecto a que el Ministerio de Salud había solicitado coimas a la farmacéutica durante las negociaciones. "Pfizer está dispuesto a avanzar con Argentina en la firma de un contrato y en el momento en el que estemos en condiciones de firmarlo haremos una oferta con volúmenes y fechas de entrega", aseguró Vaquer, quien confirmó que el laboratorio actualmente está manteniendo "conversaciones con el Ministerio de Salud y la Secretaría Legal y Técnica" para la compra de vacunas. A su vez, aclaró que la empresa "no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado" tanto "naturales, reservas del Banco Central o bienes culturales".
"Es potestad del Poder Ejecutivo decidir con qué vacunas y con cuáles no avanza en su estrategia para la lucha contra la pandemia", indicó el representante de Pfizer durante un plenario informativo en el que el foco de las preguntas de les legisladores estuvo centrado en averiguar cuál había sido el problema que había trabado la firma de un acuerdo. "Hoy el marco legal no es compatible con algunos de los aspectos contractuales propuestos por Pfizer. Si bien no soy abogado, tiene que ver con la indemnidad y otras protecciones que son parte del marco contractual", explicó. Si bien insistió en que Pfizer "no exige ningún cambio en la ley" de compra de vacunas, Vaquer dio a entender que la actual reglamentación resultaba "incompatible" con los requerimientos contractuales de Pfizer aunque no dio detalles sobre lo que definió como incompatible.
Ni lentos ni perezosos, desde Juntos Por el Cambio salieron rápidamente a reclamar la modificación de la ley de manera que pudiera amoldarse a las exigencias de Pfizer. "El Gobierno es responsable por acción y omisión", dijo el presidente del interbloque de JxC, Mario Negri para insistir en la necesidad de corregir el marco legal. Poco después, las críticas le llovieron. "Díganle a Negri que ellos también votaron la ley", respondió irónico el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, a Página/12. En efecto, la Ley de de vacunas fue sancionada a fin del año pasado con el apoyo de todos los bloques políticos y en la Cámara de Diputados obtuvo 230 votos positivos, 8 negativos y 11 abstenciones.
El quid de la cuestión con la ley tiene que ver con el artículo que incluye la condición de "negligencia" como excepción a las condiciones de indemnidad. Públicamente, el oficialismo manifestó que estaría abierto a la posibilidad de realizar cambios en la ley si ello implicaría "proteger la vida de los argentinos", pero consideró que "aún no es necesario hacerlo": "Si tenemos alguna ventaja competitiva y hace falta la vamos a cambiar, pero si no nos cambia nada la situación me parece que la ley que tenemos es suficiente", aseguró el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin. Por lo bajo, sin embargo, el Frente de Todos se muestra reactivo a "hacerle una ley especial a Pfizer". "Nosotros con esta ley firmamos cinco contratos y no tuvimos ningún problema. El problema lo tiene un laboratorio entonces", indicó una de las principales figuras del oficialismo en la Cámara Baja. Les legisladores aseguran que el Ejecutivo no solicitó hacer ningún cambio y que, en todo caso, la decisión de hacerlo será del presidente. Mientras tanto, y teniendo en cuenta que la vacuna de Pfizer está habilitada para niñes entre los 12 y los 18 años, el oficialismo analiza una postura intermedia de trabajar una ley especial de vacunación pediátrica.
Por último, Nicolás Vaquer también confirmó que Pfizer le había ofrecido a la Argentina 13,2 millones vacunas a ser entregadas a partir de diciembre del 2020. "Un millón de dosis antes del 2020, dos millones en el primer trimestre de 2021, 5 millones en el segundo trimestre, y el resto en el cuarto trimestre", describió. Ante los reclamos de algunos sectores de la oposición, Cecilia Moreau aclaró que ese acuerdo por 13 millones era "una entrega hipotética y escalonada". "Hay que ver las demoras en otros países", advirtieron desde el oficialismo, desde donde dieron a conocer un informe de Cancillería que daba cuenta de los faltantes existentes en los países que habían firmado acuerdo con Pfizer. Según el mismo, en Brasil, por ejemplo, se habían adquirido 200 millones de dosis pero solo había recibido, al 14 de mayo, 2,2 millones.
El valor de producir vacunas
El presidente de Laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, reivindicó la importancia de la producción nacional de la Sputnik V y adelantó que su planta podría llegar a producir hasta cinco millones de dosis mensuales. "Los países que producen vacunas, vacunan; los que no, esperan", resaltó el titular del laboratorio que se encargará de la producción local de la vacuna rusa ante los diputados. Durante su exposición, Figueiras explicó que Richmond había firmado un contrato exclusivo con el Instituto Gamaleya y el Fondo de Inversión Directa de Rusia, y no con el Estado argentino.
"A partir de esta semana, vamos a empezar a producir 500 mil dosis por semana, con una capacidad de llegar a fabricar cinco millones de dosis por mes una vez que alcancemos el ritmo", aseguró Figueiras frente a los diputados. "Quiero destacar el acompañamiento de todo el arco político y empresarial al proyecto con un sentido patriótico que supera las diferencias políticas, lo que seguramente se vea reflejada en la participación de muchas empresas privada", destacó Figueiras, quien explicó que la inversión "se hará a través de un fideicomiso público, transparente y abierto".