Las imágenes conmovieron a todo el país por el pedido de una mujer que, acompañada de sus dos hijos menores de edad, era desalojada del centro, donde intentaba vender limones en avenida San Martín y peatonal Florida, por dos inspectores y unos 10 policías.

“Ayer mi hija comió arroz con huevo. Ahora estamos en pandemia… ¿A usted le parece que a mí me gusta estar todos los días con mis hijos acá, en el frío, el calor, en la lluvia molestando a la gente? ¿Cree que con 2 mil pesos por día como?”, fueron las palabras de la mujer que recorrieron los medios.

Sobre lo sucedido y la situación que está atravesando la ciudad, habló el subsecretario de Espacios Públicos de la municipalidad, Vicente Cordeiro, quien señaló en primer lugar que esa área se creó en septiembre del 2020 para controlar el comercio externo, velar sobre el funcionamiento de las ferias barriales, control de quioscos y food truck, “todo lo que sucede en la calle incluido manteros”.

El subsecretario explicó que hay dos ordenanzas (12.205 y 62.450), que indican que las actividades que realizan los manteros o de vendedores ambulantes “no se pueden hacer en ningún momento del día”, y que está delimitado ese control “por un cuadrante que viene de Santiago del Estero, Sarmiento, Jujuy y Mendoza, sube por Santa Fe, va por Juramento, y de nuevo hasta Santiago”.

Luego detalló que por la crisis que generó la situación de pandemia, esas actividades crecieron un 500%, “había 100 personas que daban vueltas en las distintas ferias y ahora se quieren asentar en el centro, porque venden un 300% de lo que pueden vender en cualquier otro lugar”.

Cordeiro aseguró que entiende la situación, pero que tanto la normativa como los comerciantes legales, piden otra cosa. De hecho, recordó que fueron quienes representan la Cámara los que solicitaron un plan de acción, y por eso desde el municipio decidieron convocar a una mesa que incluía organismos nacionales y provinciales como AFIP, Rentas, Gendarmería, Migraciones, Seguridad, “y todas las entidades que involucran el tema de la evasión impositiva y la ilegalidad en el control de la vía pública”.

“Los comerciantes, como sucede en todas partes, están fundidos también, y piden que se cumpla la ley para sacarlos de su circuito, y ellos son los que pagan $150 mil por mes por un local, sin contar con los impuestos, sueldos de empleados y otros cánones”, subrayó el funcionario municipal.

Con respecto a los hechos puntuales, relató que ese, el de la peatonal y San Martín, “es uno de los puntos neurálgicos”, en donde se juntan no solo personas que venden jugos, sino también verduleros y otros vendedores ambulantes, “y nosotros tenemos que un poco intentar establecer el orden”. Afirmó que esos sucesos son cotidianos, aunque esta vez se viralizaron porque los filmaron “y para colmo los manteros en esos días hicieron un gran movimiento detrás de eso, se vinieron 150 a querer incendiar las oficinas”. 

Pero volvió a repetir que ese accionar, y la reacción de los trabajadores informales, “es normal, nosotros hacemos nuestro trabajo y se entiende que la gente, por un tema de necesidad, no se quiera ir”.

El subsecretario agregó que hay un plan para contenerlos, pero en las diferentes ferias barriales, que son 29, “la de Sanidad es impresionante los lunes y los viernes la cantidad de gente que hay”. Pero luego reconoció que con eso no alcanza, y que por eso los demás días van al centro, “que se vende mucho más”.

Luego destacó que la única solución es a través de un abordaje integral que no puede realizar sola la municipalidad, “tienen que intervenir todos los que se sentaron en la mesa, que hasta acá no dieron ningún tipo de solución”. “Nos sugieren que armemos como una saladita, pero todo Salta es una saladita”, manifestó. Así surgieron los locales del Parque San Martín y los Free Shop, contó, de allí las ferias en los barrios, “Salta es el paraíso de la informalidad”.

También remarcó que el municipio “tiene un área de Acción Social y Desarrollo Humano”, que está atendiendo a esa mujer, “pero para ella la solución es estar ahí, en pleno centro, entre otros problemas ese lugar está pensado por si hay una emergencia para que ingrese emergencia”. “Y porque si la dejo a ella todos quieren el mismo lugar”, añadió.

Por último, Cordeiro insistió con que cada uno de los integrantes de la mesa debe asumir sus responsabilidades, “desde la provincia con un plan integral de trabajo genuino”, y la municipalidad dar su acompañamiento a través de las áreas específicas para capacitar, generar herramientas “y pensar en generar nuevas fuentes laborales”.

El funcionario dijo que no se puede desconocer, en ese contexto, que el 50% de la población salteña es pobre y el 60% no terminó el secundario y hay un déficit laboral “enorme”, y toda esa situación empeoró debido a la pandemia de coronavirus y las medidas restrictivas, “el panorama es desolador y toda esa gente es víctima de la circunstancia”, “pero también tenemos que ordenar y pensar en los comerciantes que están al día y que exigen que se controle”, culminó.

Las coimas

Otro de los reclamos de la mujer y de muchos vendedores ambulantes, era el pedido de dádivas que realizan constantemente los inspectores. Cordeiro no negó que esas situaciones se hayan dado y puedan seguir sucediéndose, “es algo que recibí cuando llegué y que quiere erradicar la intendenta, no vamos a dejar que eso suceda”, y aseveró que a cada denuncia que reciben se le da curso. “Yo no toleraría tener inspectores coimeros”, expresó.

Por ello mismo se decidió separar Control Comercial de Espacios Públicos, “porque control comercial estaba muy sospechado”. Y recordó que en ese momento se realizó una reunión con los comerciantes, con quienes sacan sillas a las calles como los de la Balcarce, Paseo Güemes, el de Los Poetas y la calle Alvarado “y en esa mesa nos dijeron asombrados que hace un año que no les cobraban coimas”.