La empresa La Moraleja se retractó de la voluntad de donar cinco hectáreas para destinarlas a loteos sociales y por las cuales estaba en proceso de "negociación" con el gobierno municipal de Las Lajitas. 

Pese a que existía un pedido de una audiencia de conciliación de parte de la abogada de las familias de la toma, Paola Vargas, y también un anunció inicial de la fiscala María García Pisacic, finalmente no se concretó esa instancia. 

Mientras, el Ministerio Público Fiscal informó que alrededor de 150 personas siguen sosteniendo la toma de tierras en reclamo por el derecho a un terreno y a la vivienda digna.

La Moraleja esgrimió que "vencida la fecha dada por la Fiscalía para la desocupación voluntaria del predio, la empresa da por caído su compromiso de donación y continuará con las acciones legales correspondientes a fin de resguardar sus derechos de propiedad sobre la tierra ilegalmente ocupada". 

El plazo para el desalojo "voluntario" fue dado por la empresa y por el intendente Fernando Alabi a las familias asentadas y estaba previsto hasta el viernes pasado a las 18. Ese día, la abogada Vargas realizó un pedido a la fiscala para que realice una conciliación en la que solicitaba que participaran además de la empresa, la intendencia, y delegadxs de la toma, la Asesoría de Menores e Incapaces y también la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia para resguardar los derechos de la infancia y adolescencia. Esa solicitud no fue respondida. 

El Ministerio Público Fiscal, informó a Salta/12 que se mantienen unas 150 personas en La Moraleja y que este martes se realizó una identificación simple de todas ellas. También comunicaron que fiscala García Pisacic se mantiene expectante ante las posibilidades de mediación prácticamente coartadas por parte de la empresa que ya dio a conocer su posición de forma pública.

En la Cámara de Diputados hay dos proyectos de expropiación presentados, uno es de la diputada Alejandra Navarro y el otro es del diputado Marcelo Paz, ambos esperan el dictamen de comisiones para que sean tratados en el recinto. Además hay otro proyecto del senador Marcelo "Teno" García que está en tratamiento en la comisión de legislación general del Senado y que también requiere de dictamen. 

"Si logramos que la gente desocupe mañana podríamos volver a hablar con La Moraleja para que se llegue a un arreglo", manifestó por su parte el intendente Alabi.

Las familias asentadas piden poder quedarse en los terrenos y pagarlos en cuotas. La empresa La Moraleja sin embargo señaló que "no tiene la voluntad de comercializar esas tierras a particulares, su única voluntad es la de colaborar con el gobierno para acercar una solución al problema habitacional a los habitantes de Las Lajitas".

"La empresa no mantendrá reuniones ni negociaciones con los usurpadores o sus representantes, continuará accionando en la Justicia efectuando las denunicas penales correspondientes a fin de resguardar sus derechos constitucionales", esgrimió además la empresa. 

En ese comunicado, por un lado reconoce que hay "una real necesidad de una solución habitacional", y aunque manifiesta que tienen voluntad de colaborar, se niegan a dialogar o a acudir a una audiencia de conciliación formal en la fiscalía con representantes de la toma y las autoridades competentes. 

La Moraleja SA fue fundada en 1978 cuando Angel Sanchis compró esta finca ubicada en el departamento Anta, en la provincia de Salta. Desde 1996 se especializa en la actividad de los cítricos. La empresa se define como líder mundial en la producción e industrialización del limón y provee de éstos a la compañía Coca Cola. Además ha sido denunciada por la empresa Greenpeace por desmontes ilegales en la zona.

En 2013, el diario El País señalaba que la empresa La Moraleja que por entonces ocupaba una extensión de 30.000 hectáreas implicaba "tres veces la extensión de la ciudad de Barcelona".

En 2021 Sanchis anunció que la empresa avanzaba con sus exportaciones, mediante embarques a Rusia y Estados Unidos, y que esperaban llegar a China, México y Canadá.  

En su misma página web La Moraleja sostiene que en "los últimos años la región de Las Lajitas ha tenido un fuerte crecimiento productivo incluyendo la incorporación de tecnología adecuada en las diferentes actividades agrícolas resultando en el progreso y desarrollo de la comunidad". 

Sin embargo, la toma de alrededor de cinco hectáreas en su "propiedad" de la que participaron 573 familias de Las Lajitas, deja en evidencia el déficit habitacional y la extrema pobreza en que viven los pobladores de la localidad, a quienes "el progreso" no ha llegado.