Después de 41 años de espera, de más de una década desde que comenzaron a investigarse y de poco más de dos de juicio oral y público, les sobrevivientes y familiares de víctimas de la persecución, la tortura y la muerte que represores de la última dictadura cívico militar eclesiástica aplicaron con especial dedicación a militantes de Montoneros que participaron de los operativos de la Contraofensiva tendrán que oír el veredicto de la justicia.

Este jueves, después de que los seis acusados --eran nueve, pero tres murieron en el transcurso del debate-- hagan o no uso de la posibilidad que tienen de decir lo que quieran, el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín emitirá su sentencia. Será la primera en la que habrá presencia, reducida y con protocolos sanitarios, de público desde que la pandemia de coronavirus trasladó los juicios de lesa humanidad a la virtualidad.

Lo advirtió la fiscal auxiliar Gabriela Sosti, que junto a Marcelo García Berro representa al Ministerio Público, en diálogo con este diario al comienzo del debate, allá por abril de 2019. Lo repitió durante sus alegatos, a mediados del año pasado y coincidió Pablo Llonto, abogado querellante en representación de familiares de víctimas y sobrevivientes: este juicio es fundamental porque deja ver que la estructura de Inteligencia fue el pilar del terrorismo de Estado desplegado durante la última dictadura; el cerebro del plan sistemático de exterminio, la razón de la maquinaria. “Llonto, nuestro abogado, dijo en su alegato que éste era el juicio de lesa humanidad más importante después del Juicio a las Juntas y a nosotros nos dio un poco de pudor por la existencia de tantos otros juicios, pero es verdad porque es la primera vez que se juzgó y se va a condenar a la Inteligencia como eje de la represión. Que aquí fue la represión contra la Contraofensiva, pero que en realidad fue en general y aplicada a todo el país”, indicó Gustavo Molfino, cuya madre Noemí Gianetti de Molfino, su hermana Marcela y su cuñado Rubén Amarilla, que fueron parte de la Contraofensiva, fueron secuestrados en diferentes lugares y llevados a Campo de Mayo. Noemí fue asesinada; Marcela y su compañero permanecen desaparecidos.

Al comienzo del debate oral, eran 9 los acusados: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Casuccio, Luis Firpo, Alberto Sotomayor y Marcelo Cinto Courteaux. Todos jerarcas de los batallones 601 y 201 de Inteligencia y del Comando de Instituto Militares a quienes se los imputó de haber reunido información vinculada con la operación Contraofensiva y los militantes que participaron de ella, procesarla, proporcionarla y difundirla a sus superiores y subalternos para implementar el plan de represión en su contra. Muñoz, Casuccio y Sotomayor murieron impunes antes de que el juicio llegara a su fin. Quedaron seis. “Cuando comenzamos con todo este trabajo --más de una década atrás-- eran 16 los acusados”, puntualizó Molfino. Ayudados de la divina, los diez que faltan lograron escaparle a la Justicia terrenal antes de que un Tribunal pudiera declararlos culpables.

En el debate, a fuerza de centenares de testimonios de testigos, sobrevivientes, familiares y expertos de contexto, se repasaron los casos de 94 militantes de Montoneros que, en el marco de su participación en la Contraofensiva, fueron secuestrades y torturades. 12 fueron asesinadas, 70 aún permanecen desaparecidas; el resto sobrevivió. La mayoría pasó por los centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo.

Molfino será uno de las 21 personas --entre familiares y querellantes, abogades, personal jurídico y jueces-- que podrá presenciar la sentencia en la sala de audiencias donde los jueces la emitirán, mañana desde las 14. 

Se trata de la primera vez desde marzo del año pasado, cuando la covid 19 obligó a evitar aglomeramiento de gente en lugares cerrados, que el juicio retorna a la presencialidad. Será, no obstante, parcial y mediada de protocolos sanitarios: las personas que estarán habilitadas a participar presencialmente de la jornada estarán repartidas en la sala de audiencias principal, en una sala contigua y en el espacio a cielo abierto que media entre ambas. “Tenemos la gran expectativa de que la sentencia sea favorable a nosotros, el deseo de que el tribunal derogue las domiciliarias y obligue a los genocidas a cumplir condena en cárcel común y la emoción de que, aunque sea con tapabocas, vamos a vernos los ojos en ese momento”, concluyó.