Argentina se ha sumado a la lista de países que regulará el desarrollo de la industria del cannabis para impulsar la producción y fomentar el empleo. El crecimiento global de esta industria vislumbra un mercado con un potencial enorme que está valorado en miles de millones de dólares. Los retos a los que se enfrenta son generar divisas, lograr crecimiento del empleo local, un mercado interno accesible y garantizar el federalismo.

Impensado era hace una década el avance que se ha dado en la legitimidad y en el marco legal para la utilización de cannabis. El cambio de perspectiva respecto al uso de esta sustancia fue el resultado de una coalición de movimientos y actores que impulsaron la discusión en contra del paradigma prohibicionista. 

El inicio se dio con el pedido de despenalización de la marihuana por parte de las organizaciones cannábicas y usuarios, las presentaciones de proyectos en esa línea por parte de legisladores y legisladoras de diversos partidos políticos y el posicionamiento de personas reconocidas tanto del ámbito académico como de la cultura, que instalaron el debate y aportaron fundamentos para cuestionar al paradigma punitivista.

Estatus legal

Las Naciones Unidas construyeron tres convenciones, por iniciativa de Estados Unidos, que conforman el marco legal internacional del régimen de control mundial de las drogas, con el propósito de reservar las sustancias para los usos medicinales y científicos y evitar el desvío ilícito. Argentina ha adherido a todas ellas y ha legislado en consecuencia. 

La Convención Única de Estupefacientes de 1961 fue la que limitó la utilización de la planta de cannabis para el uso medicinal, científico y de investigación. Establecía que el uso de la cannabis, de la resina de cannabis, de extractos y tinturas de cannabis con fines no médicos debía cesar en un plazo de 25 años a partir de la entrada en vigor de la Convención. Por omisión autorizaba el cultivo de la planta de cannabis destinado exclusivamente a fines industriales porque no establece nada al respecto de la fibra y las semillas. 

Sin embargo, la inclusión del cannabis y sus componentes en las listas más estrictas de control de estupefacientes fue reduciendo su utilidad para fines terapéuticos y limitando el uso exclusivamente a investigaciones científicas, dado que requieren de cantidades muy pequeñas. 

A pesar de este marco legal internacional restrictivo, cada vez fueron más las naciones que regularon para posibilitar el uso medicinal y terapéutico como también el uso industrial, incluso en algunos países como Uruguay y Canadá o en muchísimos estados de los Estados Unidos -cuna de la guerra contra las drogas- han legalizado el consumo de cannabis para el uso adulto.

Regulación

Argentina en 2017 sanciona la Ley 27.350 que avala la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. 

El espíritu de esta ley fue reconocer el beneficio del uso de cannabis para la salud y garantizar el acceso a los y las usuarias. Este fue un hito porque se comienza a interpelar desde la legislación al paradigma que criminaliza al sujeto consumidor, al tiempo que favoreció al consenso y la legitimidad del consumo de esta planta para tratar diversas patologías como la epilepsia refractaria, mitigar síntomas y dolores causados por enfermedades como el cáncer, VIH, fibromialgia, entre otros. 

Debe decirse que este camino fue allanado por la tarea que realizaron las familias de quienes precisan los derivados de la planta, particularmente "Mamá Cultiva", quienes tomaron la tarea de concientizar y visibilizar sobre los beneficios que tendría la utilización de los derivados de la planta. 

Lamentablemente, cuando se reglamentó la ley en 2018, el gobierno de Mauricio Macri incumplió los compromisos asumidos y la reguló de manera restrictiva, reduciendo el acceso de terapia con cannabis a una única patología (epilepsia refractaria), a un único derivado (el aceite de cannabis vía exportación) y a que prescriba un único profesional (médicos neurólogos). 

Con la llegada del gobierno del Frente de Todos y la recuperación del Ministerio de Salud de la Nación esa reglamentación se modificó y se ampliaron los alcances habilitando principalmente canales de acceso a través de autorizar el autocultivo y la venta en farmacias, cumpliendo con el espíritu de la ley sancionada para garantizar el acceso al cannabis para mejorar la salud.

 

Industria

Este año, durante la apertura de las sesiones legislativas, Alberto Fernández anunció el envío al Congreso de una ley sobre producción de cannabis con fines industriales y medicinales. La propuesta fue presentada la semana pasada por los ministros de Producción, Salud, Ciencia y Agricultura. 

Establece mecanismos para impulsar y regular la actividad productiva tanto para productos industriales a base de cáñamo (derivado del cannabis que no contiene o tiene baja cantidad de THC, que es la sustancia psicoactiva) como productos medicinales a base de cannabis. 

Se propone que el marco normativo favorezca el desarrollo público y privado de la cadena productiva con esta sustancia, otorgando autorizaciones a través de la creación de un nuevo organismo: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). 

La creación de un organismo responde a lo establecido en la Convención de 1961, que indica que los países que permitan el cultivo de la planta de cannabis deberán tener uno o más organismos oficiales que fiscalicen dicha actividad, estipulando todo lo relativo a la regulación, incluyendo las licencias o autorizaciones que otorguen, a los fines de cumplir con las normas internacionales.

Abastecimiento y federalismo

Este proyecto resulta sumamente relevante por el potencial desarrollo productivo que provocará. Se prevé que impacte positivamente en la economía por los siguientes motivos:

1. Generación de empleo e inversiones.

2. Fomento de la agroindustria y la industria farmacéutica.

3. Reconversión de sectores productivos que se encuentran estancados y porque los cultivos de esta planta son más amigables con el medio ambiente. 

En el plano sanitario, si bien la regulación de los medicamentos quedará bajo la órbita de la Anmat, contar con productos de industria nacional favorecerá el acceso y el abastecimiento del mercado interno a costos más accesibles, al tiempo que los laboratorios podrán desarrollar e investigar para generar más y mejores productos derivados del cannabis.

Garantizar el federalismo es uno de los retos más importante que deberá atender esta iniciativa. Lograr que las provincias puedan crecer de forma equilibrada, recuperando las capacidades agropecuarias, industriales y científicas de cada una. A lo largo y a lo ancho del país existen legislaciones y proyectos académicos-productivos relativos al cannabis medicinal, que crecen y que han permitido desde la plantación en Jujuy más grande del país a la creación de un laboratorio que controla aceites medicinales en una Universidad patagónica. 

Empleo

También será menester proteger el empleo local como el desarrollo de la industria nacional, la incorporación de pequeños productores y cooperativas que potencien el desarrollo en localidades pequeñas y medianas e incorporar a quienes vienen desarrollando cultivos y productos para contar con su know-how y sumarlos al mercado formal. 

La articulación con las provincias puede incluirse dentro de las estrategias de desarrollo armónico que el Gobierno viene realizando, con proyectos sostenibles que posibiliten el arraigo de jóvenes y de familias en territorios con menor densidad poblacional y con escases productiva.

Es un gran paso el que se ha dado en el país al asumir desafíos concretos que promueven soberanía y rompan con la reproducción de paradigmas históricos, buscando implementar una nueva política productiva en clave de potenciar el crecimiento económico y garantizar el cuidado y el acceso a la salud de toda la población.

 

* Coordinadora e investigadora del Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación.