Recobró impulso en el Concejo la idea de aumentar la carga tributaria a propietarios de inmuebles ociosos, como mecanismo para alentar mayor oferta en el mercado de alquileres y, por ende, desinflar un poco el nivel de precios locativos que hoy llegan a comerse la mitad de los ingresos de una familia inquilina.

Surgió en una jornada abierta que reunió por teleconferencia del parlamento local a entidades civiles que se ocupan de la problemática habitacional en Rosario. La concejala Lorena Carbajal, a cargo de la junta, puso sobre la mesa los proyectos que en ese sentido han presentado Eduardo Toniolli, María Eugenia Schmuck y María Fernanda Gigliani. 

El contexto lo dio el incremento de consultas y pedidos de ayuda al Centro de Asesoramiento Social en Alquileres: de 3000 en 2019 saltó a 7142 llamados el año pasado, y se proyecta un salto similar en este año. En Santa Fe hay 1 millón de inquilinos, de los cuales 300.000 residen en Rosario.

La pandemia y sus efectos agravan estos aprietos, y la retirada de departamentos del mercado locativo achica la oferta y eleva los valores. Al punto de que hoy en el área central de la ciudad se cotizan unidades de un dormitorio por encima de los 25.000 pesos mensuales de alquiler, más que la jubilación mínima, y alrededor de la mitad de un sueldo promedio.

"El asunto es que en Rosario hay más de 80 mil viviendas ociosas, sin habitar. Por eso planteamos tomar medidas para que esos inmuebles se coloquen en el mercado de alquiler y permita una baja en los valores, a pesar del lobby de los corredores inmobiliarios", planteó Emanuel Canelli, de la Asociación Inquilinos de Rosario.

El planteo tiene consenso en los ediles, y también en otras instituciones afines a la temática, menos las cámaras inmobiliarias, por supuesto. 

"La idea es, después de la pandemia, establecer un registro en torno al consumo energético: aquellos que consuman menos de 46 kw/h por mes durante seis meses pasarían a ser catalogados como ociosos y se le aumentaría la Tasa General de Inmuebles un 50%. Hoy la situación es compleja y hay inmuebles que están vacíos porque sus inquilinos se han ido. Pero una vez que esto finalice hay que hacerlo con los inmuebles que son producto de la especulación inmobiliaria. Acá se construye mucho y luego se los deja ahí como una reserva de especulación. La vivienda es un derecho, no debe ser una mercancía de especulación", agregó Canelli. 

Quienes coexisten a diario con esta problemática aseguran que hay familias que destinan hasta el 60% de sus ingresos en pagar el alquiler. Con ese nivel de presión es que hubo numerosos conflictos entre partes, endeudamiento de inquilinos, intimaciones, y no hubo desalojos porque estaba prohibido por ley. 

Ante el discurso propietario que plantea mudarse al mercado de venta inmobiliaria, Canelli le opuso una contradicción: "Eso dicen los corredores intermediarios, parecen de Capusotto porque cuando les preguntan si se venden departamentos contestan que no, que no están vendiendo nada".

Son los falsos brillos del progreso: desde la reactivación que el país experimentó en 2003, en Rosario se otorgaron más de 18 mil permisos de construcción pero semejante boom no agrandó sin embargo la oferta de alquileres, pero los departamentos ahí están, vacíos. "Esto hizo que un trabajador inquilino pasó de destinar un cuarto de su salario a la mitad hoy para pagar el alquiler", planteó Ariel D'Orazio, de Concejalía Popular. 

Nire Roldán, de la misma ONG, se pronunció a favor de “una tasa a la vivienda ociosa”, y lo encuadró en el debate que asoma en América Latina. El dirigente celebró el decreto presidencial que el año pasado congeló los alquileres, y luego la Ley Nacional para el sector, muy a pesar del lobby de grandes propietarios, corredores y medios de comunicación con intereses en el asunto.