La fiebre de consumo de argentinos en Chile alcanzó este verano cifras record. Las compras con tarjetas de crédito y débito totalizaron 400 millones de dólares y unos 100 millones adicionales se desembolsaron en efectivo, según un relevamiento publicado esta semana por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del país vecino. En total 500 millones de dólares en tres meses, entre enero y marzo, que quedaron en shoppings, hoteles y restaurantes trasandinos. En el mismo período, la Argentina realizó importaciones desde Chile por 187 millones de dólares, de acuerdo al último informe del Indec. Es decir que las compras hormiga de los turistas movilizaron más del doble de divisas que los productos ingresados por canales formales a través de la Aduana. Como en la plata dulce de Martínez de Hoz en los ‘70 y Domingo Cavallo en los ‘90, el proceso está adquiriendo proporciones que lesionan al aparato productivo nacional y también a la actividad comercial, especialmente en Mendoza, donde el consumo se hundió 11 por ciento el mes pasado contra una media de caída nacional del  4,4 por ciento, según el registro de CAME. En Misiones ocurre lo mismo con quienes cruzan a Paraguay. Allí las ventas bajaron 12 por ciento en marzo.

“Los argentinos vienen atraídos por la posibilidad de realizar compras en condiciones más favorables, tanto en lo que se refiere a la mayor oferta de productos como a precios relativamente más económicos”, describe el reporte de la cámara de comercio chilena. “El incremento anual de las ventas con tarjetas fue del 41,5 por ciento en el primer trimestre. Esto se debe fundamentalmente al gasto de los vecinos, ya que al analizar esta variable excluyendo a los argentinos la suba se limitó al 6,8 por ciento”, destaca. Los compatriotas que cruzaron la frontera hacia allí fueron 1 millón 116 mil en el primer bimestre del año, 38 por ciento más que en igual lapso de 2016, cuando habían viajado 805 mil. Entre enero y febrero de 2015 habían sido 500 mil; en 2014, 384 mil, y en 2013, 386 mil. En todo 2016 los turistas sumaron 2,9 millones, contra 1,9 millón de 2015 y 1,3 millón en 2014 y en 2013. En este caso la fuente es la Subsecretaría de Turismo chilena. Es una media de 1,5 millón de argentinos más por año que desplazaron consumos que realizaban en el mercado interno hacia ese país. La cifra será todavía mayor en 2017 si continúa la tendencia evidenciada en el verano. Esa fuga de divisas y de capacidad de compra conspira contra las posibilidades de recuperación de la demanda interna. En abril, por lo pronto, los números que manejan consultoras privadas que miden las ventas minoristas anticipan otra vez una caída interanual o, en el mejor de los casos si es que hubo algún repunte la última semana, un estancamiento. De terminar, como parece, con signo negativo, serán 16 meses en línea con descensos en las ventas. La última vez que creció el consumo fue en diciembre de 2015. Por el contrario, los argentinos gastan cada vez más en Chile. En el primer trimestre de 2015 habían comprado con tarjetas de crédito y débito por 106 millones de dólares. En 2016 lo hicieron por 257 millones y este año, por 400 millones.

El Gobierno se muestra indiferente ante esta situación. Como se ve en las estadísticas, la estampida empezó en enero de 2016 luego de que el Banco Central retiró las regulaciones cambiarias y fue tomando cada vez más temperatura con el atraso en la cotización del dólar. Son decisiones de política económica que provocaron costos significativos en distintos planos: primero lesionaron el poder adquisitivo de la mayoría con la devaluación y la escalada inflacionaria, después incentivaron el éxodo de consumidores y ahora genera un clima de incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio tras las elecciones que resiente las chances de un repunte de la inversión. Federico Sturzenegger, titular del BCRA, actúa como si no hubiera tenido responsabilidades en todo ello y como si no existieran problemas a resolver.

Desde el punto de vista de sectores industriales, el panorama es cada día más preocupante. Las importaciones siguen aumentando a un ritmo intenso. En el caso de los textiles, el incremento fue del 66 por ciento en el primer trimestre respecto de igual período del año pasado, con un pico de 172 por ciento en ropa de algodón para bebé. Le siguen pantalones de algodón y denim con 140 por ciento, suéteres de algodón (104), remeras (59) y ropa de cama y cocina (44), según datos oficiales recopilados por la consultora Radar, que dirige la ex subsecretaria de Comercio Exterior, Paula Español. Es la crónica de una muerte anunciada para cientos de empresas y miles de puestos de trabajo. Es una situación comparable con el desmantelamiento industrial de los ‘90. En aquella década cerraron 2700 fábricas y talleres textiles, con la pérdida de 306 mil puestos de trabajo, desde los 528 mil ocupados en forma directa en 1993 a los 222 mil en 2002. Desde ese subsuelo, los doce años de políticas heterodoxas del kirchnerismo permitieron regresar a un nivel de 460 mil empleos en la cadena textil. Es decir, se recuperaron 238 mil puestos. Ahora otra vez la escalera va para abajo. La participación de mercado de la producción nacional cayó del 50 por ciento en 2015 al 39 por ciento en 2016, en tanto que las importaciones pasaron del 50 por ciento al 61.

“Durante los 16 meses de gobierno de Mauricio Macri se han reciclado muchas de las políticas que llevaron a la destrucción del entramado textil, con resultados que van en la misma dirección”, sostiene Ariel Langer, ex subsecretario de Comercio Interior. En el primer trimestre del año la producción descendió 17,2 por ciento contra 2016. “Vislumbramos un proceso de erosión de las capacidades productivas que afecta especialmente a las pymes, que tienen menos espalda para soportar la competencia importada y los viajes de argentinos al exterior. Esto llevará a la concentración de la actividad”, proyecta Langer. La estrategia de medianas y grandes empresas textiles es equilibrar su negocio participando de la corriente importadora. El Gobierno, pese a la apertura, mantiene cierta regulación en las autorizaciones de ingreso de mercaderías, lo cual obliga a las compañías a tener espalda financiera para aguantar hasta que se destraban los embarques. Es un esquema que deja afuera a las pymes, las cuales resultan atacadas por varios flancos: el aumento de importaciones, la suba de costos como el tarifazo eléctrico y la contracción de la demanda interna. Para cada vez más empresas es cuestión de tiempo su desaparición del mercado si es que las políticas no cambian de manera urgente.

La situación es similar para el resto de los sectores industriales sensibles. Mientras el Gobierno se entusiasma con los brotes verdes de algunos rubros que empiezan a mostrar aumentos frente a las bases deprimidas de 2016, el futuro que se vislumbra para la mayor parte de las actividades fabriles es el mismo que el de Chile, donde lo que abundan son shoppings con mercadería importada, en tanto que la producción industrial brilla por su ausencia.