Desde Mar del Plata
Alfredo López, el juez federal de Mar del Plata que impuso una cautelar para suspender la aplicación de la Ley IVE en los hospitales nacionales de todo el país, se mostró este miércoles junto a líderes de la ultraderecha en el marco de una celebración que promovieron diferentes organizaciones “Provida” en la puerta de su jugado, para brindar su acompañamiento al polémico fallo que mereció críticas del Gobierno de Alberto Fernández y otros numerosos sectores sociales.
Los manifestantes arribaron pasadas las 11 a la sede judicial de avenida Independencia y Bolívar portando banderas argentinas. Cuando la pequeña concentración tomó forma, comenzaron a entonar las estrofas del Himno Nacional frente a un cordón de policías que custodiaban el acceso al edificio.
Al advertir la presencia de las personas en la vía pública, el propio López bajó para saludar a los presentes y, luego de tomarse varias selfies, sumó su voz al canto del himno. Entre los participantes del acto se encontraba el referente del Frente Patriota, Ricardo Elorza, y el líder de la agrupación ultraderechista Foro Nacional Patriótica (Fonapa), Carlos Pampillón, tal como se puede observar en la foto y los videos a los que accedió Página/12.
Pampillón es una de las principales caras del avance nenonazi en Mar del Plata. Su primera aparición pública de trascendencia tuvo lugar en 2011 cuando fundó la organización “La Giachino” después de que el Concejo Deliberante bajara el cuadro del Capitán Pedro Giachino, primer caído en la Guerra de Malvinas que finalmente quedó vinculado a grupos de tareas de investigación durante la dictadura militar. Ese mismo año, hizo un escrache con pintadas en el monumento de Memoria, Verdad y Justicia de la Base Naval y, tres años después, hizo lo propio en el Centro de Residentes Bolivianos. Por esos hechos, fue imputado en una causa que encontró su curso en el ámbito de la Justicia Federal.
En agosto de 2016, Pampillón evitó el juicio a cambio de cursar Derecho Constitucional en la facultad de 25 de Mayo y alejarse de la Fonapa. Finalmente, en 2019, fue sobreseído. La causa solo estuvo enmarcada en el daño que ocasionaron esas pintadas pero no en la intencionalidad racista y reaccionaria de los mensajes con aerosol.
El titular del Juzgado Federal Nº4 dijo que veía “positivamente” esta convocatoria “porque evidentemente la mayoría del pueblo argentino defiende la vida”. Son los ideólogos que están en los sectores de poder los que están difundiendo la cultura de la muerte”, afirmó López, quien justificó su saludo con los manifestantes “Provida” por una cuestión de “respeto y cortesía”.
El Frente Joven y de Unidad Provida Mar del Plata fue otro de los sectores que adhirió a la marcha para apoyar al polémico juez. "Cuando alguien que está a favor del aborto dice que decide sobre su propio cuerpo, hay otra persona a la que están desconociendo y nuestra Constitución destaca que la vida comienza en el momento de la concepción", insistió la abogada Carolina Iralour, integrante de la organización.
Durante la jornada, también hubo autoconvocados a favor de la implementación del aborto legal, seguro y gratuito, que hicieron oír su repudio a la medida judicial pero el juez minimizó el reclamo. “Mi cautelar está siendo atacada por Justicia Legítima y por todos los organismos del Estado que no respetan la Constitución”, acusó López.
Para tomar su decisión, el magistrado de Mar del Plata se amparó en el artículo 19 del Código Civil y el artículo 75 incisos 22 y 23 de la Carta Magna, donde se le otorga jerarquía constitucional a una serie de tratados internacionales incorporados durante la reforma del '94 en el Gobierno de Carlos Menem, como la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica.
La cautelar fue interpuesta a partir de la petición que elevó el 11 de mayo Héctor Adolfo Seri, un abogado de 69 años que pasó por la política en la década del ‘90, cuando fue primer candidato a diputado provincial por el partido de derecha Movimiento por la Dignidad y la Independencia, que lideraba el excarapintada Aldo Rico. El jubilado tuvo que concluir su carrera en la función pública en medio de un escándalo judicial, luego de que quedara involucrado en la causa por estafa a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que, se calcula, generó perjuicios fiscales por al menos 100 millones de pesos.
En concreto, a Seri, un personaje siempre ligado a la Iglesia Católica, se lo acusa de haber participado en alrededor de 400 jubilaciones fraudulentas, sacando provecho de su trabajo en la Anses, en donde ingresó en 1999 como responsable del sector jurídico del organismo en la ciudad.
A raíz de la polémica resolución de López, la posibilidad de que las mujeres de todo el país puedan acceder en determinadas situaciones a un aborto legal, seguro y gratuito, tal como estipuló el Congreso de la Nación el 30 de diciembre, está vedada porque la posibilidad de apelación que se le concede al Gobierno de Alberto Fernández es “en efecto devolutivo pero no en efecto suspensivo”. Entonces, hasta tanto no se resuelva la sentencia definitiva del planteo de constitucionalidad o no de la Ley 27.610, no se podrá llevar adelante esta práctica.
De todos modos, las autoridades aclararon que sí se podrán realizar este tipo de procedimientos en el marco de la aplicación de la interrupción legal del embarazo (ILE), al igual que como sucedía en Argentina hasta antes de la aprobación de la legislación de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Es decir que podrán acceder al aborto aquellas personas que requieran hacerlo, ya sea por la Causal Salud (cuando la continuación del embarazo genera peligro o pone en riesgo la salud de la mujer) o en casos de violencia sexual.
