J.R. tiene 26 años. Luego de escuchar a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga y José Camilo Quiroga Uriburu, que la sobreseyeron, se tapó el rostro y lloró.

Había sido imputada en 2014 por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas, pero la investigación determinó que fue sometida, vulnerada, violentada, abusada y explotada sexualmente desde sus 13 años. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó el sobreseimiento sin la realización del debate oral y público, ya que llevarlo a cabo significaría su revictimización.

En diálogo con Catamarca/12, Vehils Ruiz contó que el debate por el transporte de la sustancia tenía fecha para ayer miércoles, pero él solicitó el día anterior, mediante un escrito, el sobreseimiento de la joven. “Se quiso evitar la revictimización de esta persona, que sufrió un calvario ya que había sido captada y explotada desde sus 13 años. En su relato, dijo que en estos años perdió a su madre como consecuencia de un infarto por las amenazas que recibía por parte de sus explotadores cuando ella intentaba alejarse”, contó.

El fiscal señaló que buscaron evitar el debate porque J.R. estaba coimputada junto a su captora, Elsa Hidalgo, y sería muy duro para ella tener que estar en ese lugar.

Para Vehils Ruiz, en el caso era aplicable la Ley 26364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que establece que las víctimas de trata no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. “Para que la gente comprenda, yo siempre intento derrumbar dos conceptos que se malentienden; primero, que ninguna persona que ejerce la prostitución es feliz y, segundo, que una víctima de trata de personas no tiene necesariamente que estar esposada a una cama. Sino que hace falta alguien que te explote y que vos no puedas decir que no, que no haya plan de vida posible, porque ese es el objetivo del que te capta. Ya sea laboral o sexual y en este caso se cumple los dos”, dijo.

“Hay que analizar con perspectiva de género y en ese contexto tenés que ver la afectación de la autodeterminación y qué probabilidades tuvo de no hacer lo que hizo. Bajo esos parámetros, me pareció a mi equipo y a mí que era una barbaridad imputarla porque no tuvo otra oportunidad. Su autodeterminación estaba afectada”, resaltó.

En su escrito, el fiscal solicitó a los jueces “poner en crisis el sistema de justicia cuestionando desde su matriz, reconociendo a la violencia contra la mujer y abordarla como un fenómeno específico”, además, dictaminó que no existía registro de que se haya protegido debidamente a la víctima y que no ingresó al programa de asistencia, a pesar de que se solicitó oportunamente, ni tampoco se investigaron los hechos que ella denunció.

Una denuncia perdida 

Silvia Barrientos, abogada de la sobreviviente, manifestó su conformidad con el fallo federal. “Fue emocionante. Ella se tapó el rostro y lloró. Fue una causa larguísima que la peleamos para que nos escuchen y fuera tratada como víctima de trata y la sobresean”.

La abogada explicó que su defendida había denunciado los abusos a lo que era sometida. En aquel momento lo hizo ante la Justicia ordinaria, pero al ver que los acusados estaban en Tucumán y que era un posible caso de trata de personas, el fiscal se inhibió y giró la causa a la vecina provincia. Esto sucedió en 2014 y hasta el momento se desconoce qué sucedió con esa causa. "Perdieron los papeles", dijo.

“Ahora lo importante es que los jueces dictaron todas las medidas preventivas para los casos de trata de personas y al sobreseerla se le restituyó su buen nombre y honor, palabras que J.R. escuchó muy emocionada después de sufrir tantos años”, dijo Barrientos.

La causa

J.R. denunció ser víctima de abuso sexual, trata de personas y violencia de género desde que tenía trece años, cuando fue captada por Hidalgo (coimputada con ella). 

De acuerdo con el relato de la víctima ante la fiscalía, Hidalgo la llevó a Tucumán supuestamente a comprar ropa, pero la hizo quedar en una casa perteneciente a Rodrigo Figueroa, uno de sus presuntos captores, junto con su esposa, Andrea Roldán, y el hermano de ella, Alexis. Luego, J.R. fue encerrada en una pieza bajo llave junto a otra menor de edad, donde ambas eran golpeadas y explotadas sexualmente.

Luego de ser liberada, J.R. regresó a Catamarca, donde volvió a vivir hechos de violencia, amenaza, violación y hostigamiento para que, de acuerdo con lo indicado, continuase sirviendo a estas mismas personas, ya no sólo sexualmente, sino también en el tráfico de estupefacientes.

En enero de 2014 en la Unidad Judicial N° 1, J.R. denunció a Figueroa por violación y detalló que la esperó fuera de su casa, la interceptó con su auto y la trasladó hasta un hotel en la localidad tucumana de La Cocha. Una vez allí, abusó de ella, la maltrató y le propinó un golpe que la desmayó. Cuando recuperó la conciencia, estaba sola en la habitación con una mochila, dinero en efectivo y una nota que indicaba que debía volver a Catamarca, donde iban a estar esperándola en la terminal de micros.

Al llegar a la ciudad, y tras notar que no había nadie esperando por ella como le habían indicado, J.R. se dirigió de inmediato a la casa de su cuñada, que se encontraba al cuidado de sus hijas, y fue a denunciar la violación. Mientras le tomaban declaración, J.R. entregó la mochila, en la que se halló marihuana y dinero en efectivo. Luego de la denuncia y por los datos aportados por J.R., se logró la detención de Alexis Roldán, la persona a quien debía entregarle la droga en la terminal de micros.

Roldán fue acusado en 2019 por el homicidio de Sergio Olmos y estuvo prófugo de la Justicia hasta marzo de este año, luego de que fuera detenido en la localidad de Jesús María, Córdoba, tras ser acusado por abusar sexualmente de una joven.

La causa por drogas, en la que J.R. estaba imputada continuará con Hidalgo y otro sujeto de apellido Perea, acusados por el mismo delito. No obstante, para el juicio deberá constituirse un nuevo tribunal, debido a que los jueces que sobreseyeron a J.R. ya sentaron opinión sobre lo sucedido.