Surgido de las constantes denuncias por violencia institucional contra la Policía de la provincia, la Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a un proyecto que establece que el personal de esa fuerza “debe recibir obligatoriamente capacitación continua en temáticas vinculadas a Derechos Humanos, Prevención de violencia institucional y discriminación por identidad y expresión de género u orientación sexual”.

De autoría de los radicales Matías Monteagudo y Valeria Fernández, el debate hizo eje en las acusaciones y los procesos legales que pesan sobre integrantes de la Policía, aunque por momentos se tornaba en un ejercicio culposo, ya que varios legisladores puntillosamente aclaraban que la mayoría de los efectivos no tenían nada que ver con el accionar de algunos pocos que perjudicaban a toda la institución.

De hecho el propio autor de la iniciativa tras repasar sus principales puntos expresó que “tenemos que avanzar en materia de derechos humanos y en materia de género para que la policía tenga herramientas y este capacitada para afrontar diferentes situaciones”, y aclaró que "no estamos cuestionando a toda la institución sino a unos pocos que no logran desempeñar bien su trabajo”.

Mientras que su compañera de bancada y también firmante del proyecto, destacó que se trata de un proyecto que fue presentado por la UCR a nivel nacional.

Diferente fue la postura del otro radical, aunque con bloque propio, Héctor Chibán, quien indicó que “desde hace tiempo venimos señalando los problemas que tienen las fuerzas de seguridad en Salta, y que con la pandemia se han exacerbado”. El legislador puso la lupa en el decreto 255 que dictó el gobierno provincial en marzo del año pasado en el arranque de la cuarentena, “que les otorgó a los policías facultades extralimitadas en violación a disposiciones constitucionales”.

Por el contrario el oficialista Germán Rallé retomó la línea indulgente y explicó que el trabajo de la Policía: “hoy es más de carácter preventivo y comunitario, pero como en todas las instituciones hay excepciones, casos de abuso de autoridad que pusieron en cuestionamiento a toda la institución”.

Santiago Godoy para graficar el estado actual de la situación hizo referencia al reciente episodio en el que el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro manifestó que la fiscal Verónica Simensen de Bielke actuaba con animosidad cuando le llegaba una denuncia contra la Policía.

“La manera de cuidar a los policías no es negando todo, sino capacitándolos. Me encantaría que en el material que se les va a dar intervenga el Observatorio de Violencia contra la Mujer”. Y además pidió que se cambie el órgano de aplicación de la ley que sea la secretaría de Derechos Humanos y no Seguridad como estaba previsto, lo cual fue aceptado por Monteagudo.

Similar planteó hizo Claudio Del Plá, que también cargó contra el ministro, al cual calificó de “negacionista” y que si Seguridad era el que aplicaba la Ley, “va camino a convertirse en letra muerta”.

El justicialista Godoy también pidió que se incorpore formalmente a Florencia Sánchez en el Observatorio de Violencia Contra la Mujer, ya que fue seleccionada en un concurso público de la Cámara Baja, pero nunca fue nombrada formalmente por el Poder Ejecutivo.

Por idéntica situación, remarcó el diputado, está pasando el integrante del Comité Provincial Contra la Tortura, Ramón Corregidor, que ya fue elegido por los diputados para ese lugar, pero por falta de presupuesto aún no se puso en marcha por el Gobierno provincial.

Por el contrario fueron dos los diputados que hicieron una cerrada defensa del accionar policial. Andrés Suriani consideró que el proyecto apuntaba a demonizar a la fuerza, y señaló que tenía un carácter ideológico, “de ideología de género”.

Después señaló que el 90 por ciento de las denuncias contra los policías son falsas y que los jueces castigan a quienes las hacen, “mientras los jueces kirchneristas de Justicia Legítima condenaron a Chocobar, mandando un mensaje a la Policía para que no haga nada”. “Tenemos una ciudad asediada por el delito organizado y va a seguir la violencia si se organizan marchas como la del otro día (por la del 3J) en la que parten de la base que el hombre es malo”, entreveró el diputado del PRO, que fue el único que votó en contra.

Por su parte el diputado Gustavo Orozco, ex policía y a la espera de un juicio acusado de apremios ilegales, consideró que “toda capacitación es buena para cualquier fuerza o institución”. Pero señaló que durante el debate escuchó muchos fundamentos fuera de lugar y también remarcó que el 97 por ciento de las denuncias contra los policías son falsas. Una de las quejas que argumentó fue para un diputado que manifestó acerca de la persecución de la policía a los artistas callejeros, a lo que Orozco refutó diciendo que “en el 87 % de los operativos con artistas callejeros, estos habían ingeridos drogas”.

Y finalmente indicó que hay más homicidios que involucran a la sociedad civil que a los policías. Al modificarse el órgano de aplicación de la ley que pasó del ministerio de Seguridad a DDHH, decidió abstenerse de votar.

Una estadística brindada por el Ministerio Público Fiscal señala que en el período comprendido entre julio y el noviembre del 2020, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, realizó 101 imputaciones a efectivos policiales, de los cuales, fue requerida la elevación a juicio para 37. En el mismo lapso, se registraron 409 denuncias por abusos policiales.

Mientras que el 23 de marzo, el MPF informó que en los primeros tres meses del 2021 se presentaron 746 denuncias contra efectivos de la Policía provincial por abuso de la fuerza. Además solo en el período que va del 1 enero hasta el 21 de marzo, se realizaron 67 imputaciones y en 11 causas ya hay requerimiento de juicio.

La actual fiscal Simensen de Bielke reemplazó en el cargo a Gustavo Vilar Rey, que se fue cuestionado por el poco movimiento que tenían las denuncias, que quedaban “cajoneadas” como se conoce en la jerga judicial.