El Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín condenó a prisión perpetua a cinco de los seis acusados en el juicio de lesa humanidad por los crímenes cometidos contra militantes que participaron de la Contraofensiva de Montoneros durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. Los jerarcas de Inteligencia del Ejército Luis Angel Firpo, Roberto Dambrosi, Jorge Bano, Eduardo Ascheri y Marcelo Cinto Courteaux fueron hallados culpables de secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra 94 personas entre 1979 y 1981. Para los cinco, ésta es su primera condena por crímenes a los derechos humanos. Previo chequeos médicos, los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y María Morgese los mandaron a cumplir sentencia en cárcel común. Jorge Apa, el sexto acusado, quedó fuera de la lectura del veredicto por supuestos problemas de salud mental que el TOF confirmará tras los estudios que ya ordenó.

La foto en blanco y negro de Miriam Antonio ocupa toda la pantalla. Quien la sostiene, la acerca y luego la aleja de la cámara de su computadora es Benjamín Antonio, su hermano. Ana Raverta está de musculosa, indicio de que transita un verano lejos de San Martín. Tiene la foto de su mamá prendida en su pecho, con una flor roja en uno de sus extremos. Esa flor se la dio Irma Ortolani, mamá de Susana Bradrineli, suegra de Armando Croatto, el día que sí estuvo en Buenos Aires para declarar en el debate, en las primeras audiencias. Irma las tejió y las repartió entre algunos testigos, sobrevivientes, familiares, cuando la presencialidad era la norma en los juicios de lesa humanidad, en la vida cotidiana de todes. Los que recibieron una las mostraron pinchadas al lado de su corazón.

Tal como lo afirmó el periodista Fernando Tebele durante la transmisión en vivo del proceso judicial que hace el medio comunitario La Retaguardia, “se llenó la sala virtual”. Casi mil usuarios se unieron a la transmisión del tribunal para escuchar la sentencia vía teleconferencia. El fallo llegó luego de 77 audiencias, dos años y dos meses de debate, de las que apenas poco más de la mitad alcanzaron a ser presenciales producto de la pandemia de Coronavirus.

No obstante, el TOF permitió para la jornada final un número militado de asistencia: 21 personas. Una de ellas fue Virginia Croatto, hija de Armando y de Susana, que celebró afuera tras el veredicto. "Fue un juicio que nos costó mucho trabajo, mucho tiempo y mucha espera. Pero sentimos que algo del respeto que tuvo el tribunal para la causa y las víctimas empezó a reparar", contó después. Aseguró que a les familiares y sobrevivientes les "costaba mucho dar la discusión púbica sobre nuestro derecho a tener justicia en función de lo que había sido la Contraofensiva" y que "esta sentencia es una puerta abierta a seguir reflexionando sobre lo que fue".

En ese sentido, su abogado querellante, Pablo Llonto, señaló que espera hallar en los fundamentos de la sentencia una “explicación” sobre lo que fue la Contraofensiva de Montoneros para “sacarle la mochila de ‘locura’ con la que carga desde siempre”. Tras más de 200 testimonios que describieron con detalle razones de quienes participaron de los operativos y sus objetivos “debería ya no caber dudas de que se trató del ejercicio del derecho a la resistencia. Fueron un grupo de argentinos y argentinas que decidieron volver al país a resistir a una dictadura”, concluyó.

Las condenas

Luego de calificar los hechos bajo análisis como “delitos de lesa humanidad” y de rechazar por unanimidad una serie de pedidos de las defensas de los acusados, todos intentos de obtener impunidad, llegaron las condenas. La prisión perpetua a Dambrosi la celebró Luciana Milberg con media sonrisa en la boca y la foto de su tío, Raúl Milberg, una de las víctimas del jerarca de Inteligencia, abrazada a su pecho. Cuando oyó que su destino era el mismo, Ascheri comenzó a decir que no con la cabeza y ensayó un gesto de pena. La lista de víctimas cuyos secuestros y torturas se lo halló culpable fue larga, así que en un momento la supuesta pena dejó paso al enojo. A su turno, Bano escuchó impávido el “prisión perpetua” y también los hechos por los que fue condenado. Como Ascheri y Dambrosi, se conectó a la transmisión desde su casa, en una habitación que preparó especialmente con una bandera argentina, desteñida y mal colgada, de fondo. Al cierre de la sentencia, el presidente del Tribunal informó que tras realizarles “estudios médicos correspondientes” para determinar si están en condiciones, serían trasladados a cumplir condenas en cárceles comunes.

Firpo y Cinto Courteaux oyeron sus condenas desde los penales de Campo de Mayo y Ezeiza respectivamente. Cinco Courteaux había estado prófugo hasta hace algunos años y Firpo violó a fines del año pasado la prisión domiciliaria de la que gozaba, a la espera de una sentencia en el debate que acaba de terminar. Los cinco recibieron condenas por primera vez.

Una comunidad para la muerte

“Fueron una empresa criminal, actuaron codo a codo. Fueron la comunidad para la muerte”, definió la fiscal Gabriela Sosti sobre el grupo de jerarcas de Inteligencia enjuiciado y condenado.

Todos fueron militares con altos mandos en áreas de Inteligencia del Ejército, del Batallón 601, del 201 y del G2 del Comando de Instituto Militares. Eduardo Ascheri y Jorge Bano se desempeñaron como jefes en el Departamento de Inteligencia (G2) del Comando Institutos Militares. El primero dirigió la División Planes; el segundo, la de Operaciones. Marcelo Cinto Courteaux fue jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia. Roberto Dambrosi estuvo a cargo de la Compañía de actividades psicológicas del Batallón 601 de Inteligencia en tanto que Luis Angel Firpo comandó la central Contrainteligencia y también la división Seguridad. Jorge Apa, quien quedó fuera de esta lectura y será analizado durante los próximos diez días, fue jefe de la división Inteligencia Subversiva Terrorista, que funcionaba dentro del Departamento Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército.

Los cinco fueron condenados por secuestros, torturas y, en muchos casos, homicidios, de militantes que entre 1979 y 1981, se organizaron desde el exilio para regresar al país e intentar ponerle un fin a la dictadura. De 94 casos de secuestros y torturas que fueron analizados en el juicio, 12 culminaron en homicidios; otros 70 en desapariciones; el resto en supervivencia. La mayoría de las víctimas pasaron por centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo.

“Cuando en nuestro alegato dijimos que ésta podía ser la sentencia más importante después del Juicio a las Juntas lo decíamos por lo que podía aportar a todo el país en materia de análisis del rol de la Inteligencia en la represión”, analizó Pablo Llonto, abogado querellante. “Esperamos, y creemos que así será, que los fundamentos expliquen que toda la cadena de la Inteligencia de la dictadura, desde la máxima jerarquía, que fue la Jefatura II del Ejército, hasta la de la Guarnición del lugar adonde llevan a los compañeros a detener clandestinamente, eran responsables de los crímenes. Y que deje de pasar como viene pasando hasta ahora, que solo eran enjuiciados personajes sueltos”, continuó.

En menos de una hora, el tribunal dio por culminado el juicio. Pero el zoom de la transmisión siguió colmado varios minutos después de la lectura del veredicto. Familiares que se saludan, que lloran, que ríen. Tímidamente, empiezan a cantar "como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar". Dambrosi, Ascheri y Bano ya no están conectados. Las cámaras que antes tenían a Firpo y a Cinto Courteaux desde la cárcel mostraban dos sillas vacías.

Apa y su estrategia para zafar

La jornada de sentencia en el juicio de lesa humanidad por los crímenes contra la Contraofensiva de Montoneros empezó movidita, cargada con una cuota sorpresa e indignación que generó el defensor del acusado Jorge Apa, Hernán Cariglino, en las últimas horas de ayer. “Con un papelito”, como definió la fiscal Gabriela Sosti al somero informe en el que un psiquiatra aseguró que el acusado sufría de “deterioro cognitivo progresivo”, Cariglino solicitó la suspensión del proceso para su defendido. “Lo tendría que haber planteado semanas antes ya que un cuadro como el que dice tener no se presenta de un día para el otro. Lo que hizo es una maniobra de mala fe que falta el respeto al proceso de justicia, a las partes, y a la profesión”, repudió la fiscal.

La representante del Ministerio Público Fiscal y todas las querellas --Ciro Annicchiarico por la Secretaría de DDHH de la Nación; Verónica Bogliano por la Subsecretaría de DDHH bonaerense, Rafael Flores y Pablo Llonto en representación de víctimas y familiares-- calificaron el planteo de Apa de “estrategia dilatoria”. “Revuelven la olla, rascan el fondo y sacan la última alternativa que puede servirles para zafar. Porque lo que no quisieron nunca ni quieren ahora, en el final, es dar la cara”, concluyó Sosti en diálogo con este diario.