El oficialismo no tuvo problemas para conseguir el dictamen de mayoría a favor del proyecto de “Emergencia Covid” en el plenario de comisiones de Diputados. Sin embargo, eso no fue suficiente y no consiguió el respaldo para poder incorporar la iniciativa en la orden del día de la sesión que se realizó ayer en la Cámara baja. El macrismo se opone al proyecto y asegura que no sólo es inconstitucional sino que lo califica como de "superpoderes" cuando en rigor el texto propuesto establece y aplica los parámetros epidemiológicos y sanitarios para mitigar los contagios y las muertes que provoca la covid-19 que se vienen repitiendo en los diferentes Decretos de Necesidad y Urgencia. A partir de esta situación, la Casa Rosada comenzó a trabajar en la redacción de un nuevo DNU.

En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud Pública de ayer por la mañana, el Frente de Todos cosechó 36 firmas de sus propios diputados y la disidencia parcial de Eduardo “Bali” Bucca del interbloque Federal. El interbloque macrista de Juntos por el Cambio obtuvo 32 firmas para su dictamen de rechazo en minoría, con el apoyo de la tucumana Beatriz Avila. Mientras que la lavagnista Graciela Camaño presentó su propio dictamen, también de rechazo. Esta resistencia opositora dejó al oficialismo sin margen numérico para bajarlo al recinto. Si bien ahora no hay una fecha definida para debatir el proyecto, lo cierto es que puede ocurrir en el tiempo que tenga vigencia el nuevo DNU.

Las casi cuatro horas de debate que insumió el plenario con mayoría presencial de diputados en el Anexo C de la Cámara baja (y no en el recinto como se había previsto) no modificaron en nada las posiciones que de antemano habían expresado las diferentes bancadas ante la iniciativa.

Desde el Frente de Todos insistieron en la necesidad de contar con la ley que propone parámetros epidemiológicos y sanitarios para definir y clasificar zonas del país ante la propagación de la pandemia: “bajo”, “medio” o “alto” riesgo y de “alarma epidemiológica”, en función de cuyos criterios autoriza al Presidente a tomar medidas de restricción adicionales y limitadas por 21 días. 

En cambio, el macrismo dejó de lado la emergencia sanitaria y prefirió centrar su discurso en la "inconstitucionalidad" del proyecto. Lo calificó de “superpoderes” para el Gobierno y sostuvo que la iniciativa “cercena libertades y las autonomías provinciales”. Al tiempo que volvió a enarbolar como bandera propia la “presencialidad” educativa amparados en el fallo de la Corte Suprema a favor del gobierno porteño.

El presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (FdT), abrió el debate. Sostuvo que con la ley el Poder Ejecutivo "busca definir un semáforo epidemiológico de gravedad creciente para que las restricciones tengan una lógica sanitaria" y explicó que "se usan indicadores sencillos utilizados en todo el mundo como la tasa de incidencia acumulada que es la suma de casos registrados en los últimos 15 días". “Lo que tenemos que intentar hacer entre todos es tener la menor cantidad de enfermos y muertos por esta enfermedad; el objetivo de esta ley va en ese sentido”, precisó Yedlin. Admitió la alta tasa de mortalidad que desató la segunda ola de coronavirus en todo el país y advirtió a los opositores que “la peor provincia argentina en mortalidad es CABA. Tiene 302 muertos por cada 100 mil habitantes, muy por arriba de las siguientes”. 

Desde la oposición, el radical Gustavo Menna afirmó que el proyecto "pretende legalizar dos decretos que fueron declarados inconstitucionales por el fallo de la Corte Suprema", en referencia a la judicialización del Gobierno porteño contra la suspensión de clases presenciales. Menna sostuvo que el cierre de escuelas “priva el derecho a la educación de niños y niñas de nuestro país” y se quejó que las autoridades del plenario no autorizaron que un colectivo de padres de estudiantes expusiera en la reunión. “Es una nueva escalada del gobierno nacional en su puja de poder con el Gobierno de la Ciudad como respuesta al fallo de la Corte ”, agregó la macrista Carmen Polledo.

La diputada Carolina Gaillard (FdT) salió al cruce de los argumentos de la oposición. "Hablan de republicanismo y de la división de poderes de la boca para afuera porque cuando tuvieron que nombrar jueces por decreto no les tembló el pulso", exclamó la presidenta de la comisión de Legislación Penal. “Ustedes no quieren DNU, pero tampoco delegación legislativa”, observó Gaillard y remarcó que ambos están autorizados por la Constitución. “La población argentina necesita que los cuidemos; no necesita que estemos preocupados en el republicanismo", sostuvo la diputada entrerriana y se preguntó: "¿Dónde queda el republicanismo si la gente se está muriendo?”. Al final de su exposición, Gaillard pidió a la oposición que “dejen de mentir con las clases presenciales; nosotros estamos a favor de la educación siempre, salvo cuando esté en riesgo la vida de la población, ahí es la última ratio en que vamos a suspender las clases. Acá (por el proyecto) no se suspenden las clases salvo en ocasión de alarma”.