El proyecto de ley de cupo e inclusión laboral travesti–trans obtuvo media sanción por amplia mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación. Además de fijar un mínimo del 1 por ciento para todo el personal del Estado nacional, el proyecto que lleva el nombre de Diana Sacayán y Loahana Berkins, dos históricas militantes del colectivo travesti-trans, prevé incentivos por contratación para las empresas privadas y establece una serie de obligaciones del Estado para garantizar el acceso al empleo de una población históricamente oprimida. Las organizaciones que impulsan el proyecto desde hace años, y que participaron en la elaboración del articulado final, celebraron la media sanción y advirtieron que "vamos a seguir militando para que en el Senado se trate cuánto antes y sea ley”.

"El Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero", se lee en el artículo 5 del proyecto que obtuvo media sanción con una contundente mayoría: 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones.

El proyecto aclara que, para acceder a los puestos de trabajo, no será necesario acreditar el cambio registral en el DNI y que se creará un Registro Único de Aspirantes en el que las personas interesadas podrán anotarse. La inscripción al Registro tampoco será un requisito obligatorio, sino que tiene el objetivo de proveer listados de candidaturas a las reparticiones demandantes.

De ser aprobado por el Senado, el cupo tendrá fuerza de ley nacional a través de la "Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero 'Diana Sacayán - Lohana Berkins'". El proyecto recoge el antecedente del decreto firmado en septiembre del año pasado por el presidente Alberto Fernández, que había establecido que el sector público nacional debía destinar el 1 por ciento de su planta a travestis y trans. A diferencia del decreto, el proyecto tratado por el Congreso presenta una serie de puntos que alcanzan al sector privado.

"Se suma ese sector a través de incentivos que promueven la contratación. El Estado nacional está muy presente en Buenos Aires, pero en el resto de las provincias la estructura nacional es más chica, por lo que pensar en un cupo federal para el interior del país es más complejo. Por eso pensamos los incentivos a privados como algo esencial", dijo a Página 12 Gabriela Estévez, diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) y redactora de uno de los 15 proyectos que terminaron unificándose en noviembre del año pasado en las comisiones de Mujeres y Diversidad, de Legislación del Trabajo, y de Presupuesto y Hacienda, de las que participaron referentes de las organizaciones.

“Nos dimos el espacio para escuchar todas las voces e identidades, y por primera vez en la historia, en una reunión institucional, travestis y trans tomaron la palabra pública y dejaron registrado su testimonio en las versiones taquigráficas de la Cámara. El dictamen del proyecto fue conmovedor e histórico”, recordó en su discurso de este jueves la diputada Monica Macha (FdT), presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y autora de otro de los proyectos que se unificaron.

La diputada nacional del Frente de Todos, Gisela Marziotta, destacó que este proyecto, como el de equidad de género en los medios, que también se iba a tratar esta madrugada en la Cámara de Diputadas, apuntan "a ampliar derechos". 

Uno de los beneficios para el sector privado que establece el texto del proyecto radica en que "las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales". Además, el artículo 10 prevé que estas empresas tendrán "prioridad en las contrataciones del Estado, las compras de insumos y provisiones".

Por otro lado, también se estipula la creación de líneas de crédito específicas por parte del Banco Nación "con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero".

Además del cupo y los incentivos para el sector privado, el proyecto incorpora una serie de principios de "no discriminación" que serán obligaciones del Estado. En principio, se establece que, para acceder a los puestos laborales, "el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo". Si las personas aspirantes no completaron la escolaridad, "se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos", y será el Estado quien deba garantizar los medios para que esto se cumpla.

Según se lee en el artículo 7 del proyecto, tampoco podrán ser considerados para el ingreso los antecedentes contravencionales de la persona postulante, mientras que los antecedentes penales "que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo".

Ya en la madrugada del viernes, mientras en los balcones del recinto les militantes cantaban "al calabozo no volvemos nunca más", Alejandro García, diputado del Pro, adelantó que no acompañaría al proyecto al criticar el artículo 7: “Es un pésimo antecedente que este cuerpo se atribuya cuáles son los delitos de relevancia y cuáles no”, consideró.

A esto respondió Mara Brawer (Fdt), quien remarcó que “los edictos policiales ordenaban detener a las personas travestis y trans, por eso festejo el artículo 7. Justamente en nombre del Estado tenemos que pedir perdón por esas contravenciones y por los antecedentes penales, porque la mirada del Estado hacia la población travesti trans fue una mirada de cacería”.

"Estamos ante uno de los temas más crueles de nuestra sociedad, no hay otros motivos del desempleo estructural de las personas travesti-trans más que su identidad de género. Son sometidas a una violencia estructural que articula género, clase y racismo social. La sociedad patriarcal las ha vuelto invisibles para la vida laboral, las ha perseguido con las fuerzas de seguridad y las ha empujado al anonimato social", advirtió Macha en este sentido. "Si el Senado la aprueba, será una Ley con legitimidad de origen que brindará respuestas concretas a un colectivo que históricamente fue violentado, excluido y vulnerado en sus derechos fundamentales”, agregó por su parte Estévez.

Desde la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Laboral Travesti Trans celebraron la media sanción y recordaron que el colectivo "tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años de edad como consecuencia de la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales, comenzando por su exclusión estructural del mercado laboral formal". Hasta el momento, además del decreto presidencial, las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa tienen leyes de cupo e inclusión laboral.

"Este es un acto de reparación por parte del Estado frente a todos los años de olvido y exclusión sistemática hacia nuestro colectivo. Vamos a seguir militando para que en el Senado se trate cuánto antes y sea Ley”, aseguró Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.

Por su parte, Marcela Tobaldi, integrante del Frente Orgullo y Lucha indicó que "luego de décadas de exclusión, persecución, estigmatización y violencia institucional hacia la población travesti trans comienza un nuevo ciclo en materia de reconocimientos de derechos".

En tanto, Thiago Galván, secretario de Identidades Travestis, Trans y No Binarias de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, afirmó que "es un paño de esperanza para las niñeces, las juventudes y las personas travestis y trans adultas que podemos soñar con otras vidas posibles, vivibles. Hoy tenemos una media sanción que nos legitima como sujetos de derecho”.