En el Día de la Seguridad Vial, en lo que fue la décima sesión de senadores de la provincia, que se realizó de manera mixta entre virtual y presencial, se dio sanción a un proyecto para reglamentar la distancia que debe respetar cualquier vehículo a la hora de pasar a una bicicleta o moto. La ley llevará el sobrenombre del periodista fallecido el año pasado por covid-19 tras esperar horas para ser atendido en un nosocomio local, Eduardo Chañe.

La legisladora Silvina Abilés subrayó que la mejor manera de homenajear el Día de la Seguridad Vial, “es con hechos concretos, y qué mejor que una ley para ello”. El proyecto indica que quien conduce un vehículo deberá reducir la velocidad al momento de pasar a una bicicleta o moto y respetar una distancia mínima de un metro y medio.

“Busca procurar que los ciclistas regresen a su casa sanos y salvos”, sostuvo Abilés, quien resaltó que las bicicletas se convirtieron en un medio de movilidad “importantísimo en nuestra provincia y en el mundo, y la pandemia incrementó su uso debido a que es más sano y menos riesgoso de propagar contagios como lo es el servicio de transporte público”.

La representante por La Caldera reconoció al grupo de Ciclistas Unidos, quienes bregaron “y militaron para que esta ley salga”, y luego recordó que quien estaba al frente del pedido era el periodista Eduardo Chañe, fallecido por covid-19 en 2020, por lo que solicitó que a la ley se la denomine “Cafú”, como se lo conocía. “Es un homenaje para él, su esposa e hijas”, expresó Abilés.

Ley Mica Ortega

El Senado también dio sanción definitiva al proyecto de adhesión a la Ley Nacional 27.590 Mica Ortega, que fue oficializada a través del decreto 10.007 a principios de este año. El senador Manuel Pailler explicó que la ley busca crear un programa provincial de prevención y concientización del grooming o ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes para prevenir y generar conciencia en la problemática a través del uso responsable de las tecnologías. Además, ese programa capacitará constantemente a la comunidad educativa.

“La norma lleva el nombre de una niña de 12 años que en el 2016 fue engañada y asesinada por un mayor de 26 años, quien utilizó un perfil falso de otra niña a través de Facebook para encontrarse y abusar de ella”, recordó Pailler.

El grooming es la acción por la que una persona mayor, a través de algún medio electrónico y utilizando los medios de comunicación o cualquier vía de transmisión de datos, contacta a una persona menor de edad con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual.

“Sabemos que las nuevas generaciones socializan en espacios virtuales, ya sea facebook, twitter, youtube, instagram y otros medios, esos medios dominan su actualidad cotidiana, y son los niños y niñas los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, expresó el legislador.

Un informe de UNICEF de 2017 reveló que los niños de 15 a 24 años constituyen el grupo etario que más se conecta a través de estos medios, “el problema no es el uso en sí, sino su uso indebido”, resaltó Pailler; añadió que en esas redes se vienen incrementando experiencias violentas. Todo eso, “obliga a replantearnos nuestras acciones para evitar una problemática que actualmente afecta a nuestros niños y niñas como el grooming”.

El Código Penal ya tipifica esas conductas con una pena de 6 meses a 4 años para quien, “por medio de cualquier uso electrónico contacte a un menor con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la víctima”.

Además de la ya existente Ley de Grooming, sancionada en 2013, en octubre de 2018 se sancionó la Ley 27458, que declara el 13 de noviembre de cada año como el día internacional de la lucha contra ese delito, e insta a promover actividades y difundir información para concientizar a la población.

“El desconocimiento aumenta los casos, por eso hay que reenfocar la cuestión principal en la comunidad educativa, la navegación segura en internet debe ser un tema de conversación en todos los hogares y aulas de nuestro país”, finalizó el representante por el departamento San Martín.

Ley Yolanda

También se adhirió a la Ley nacional Yolanda (27.592), que busca capacitar a todo el personal de la administración pública en ambiente y con perspectiva de desarrollo sostenible, con especial énfasis en el cambio climático. Nuevamente la opinante fue Silvina Abilés, quien recordó que junto a su par de la Cámara, Dani Nolasco, ya habían presentado un proyecto similar en 2020: “sin embargo, los diputados se ve que hicieron lo mismo y remiten este ya con media sanción”.

Consideró que es una norma de vital importancia, “por el tiempo en que vivimos para el cuidado del medio ambiente”. Mencionó que la Ley lleva el nombre de Yolanda Ortiz, una tucumana que “fue la primera mujer en ejercer un cargo en cuestión de ambiente en América Latina”, en la Secretaría en Recursos Naturales y Ambiente Humano creada por Juan Domingo Perón en 1973.

En esa misma línea, Abilés manifestó su beneplácito por el reciente nombramiento de Adriana Serquis, una investigadora del CONICET que accedió al primer lugar en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNAE), “es la tercera presidenta mujer de la historia en la comisión de la CNAE”, que tiene más de 3.000 integrantes y el 35% son mujeres. “Con 50 gerentes y de ellos ninguna es mujer”, subrayó la única legisladora de la Cámara de Senadores.

Emergencia sanitaria

El senador por el departamento San Carlos, Roberto Vásquez denunció que el sistema de salud de la localidad cabecera está colapsado y faltan insumos básicos, “la gente sale a hacer colectas para comprar guantes, barbijos y yo mismo aporté para comprar oxígeno”, expresó indignado. A la vez que contó que el camping está oficiando de lugar de atención de enfermos por la falta de infraestructura. “La situación se está desbordando”, añadió.

Vázquez pidió al Ejecutivo más insumos y sanitizantes para las escuelas, “y que el Ministerio (de Educación) tome la decisión de cerrar la presencialidad al menos un par de semanas para bajar la circulación”. En ese departamento ayer se informaron 16 casos, de los cuales 8 pertenecen al pueblo de San Carlos, 6 de Animaná y 2 de Angastaco. En lo que va del año lleva 318 casos de los 478 que registró en toda la pandemia.

Allanamientos

El senador por Metán, Héctor D'Auría, que ya había denunciado aprietes por figurar como candidato a convencional constituyente por el Frente de Todos, enfrentando al intendente José Issa, denunció ataques contra su persona en sus redes sociales y en otros ámbitos “porque uno se pone a la mirada o a la oposición de un intendente”.

D'Auría reconoció que es propietario de distribuidoras de combustibles de la zona, entre ellas la Refinor de Metán, y que lo involucraron en un altercado de cual no fue partícipe. El senador relató cómo, el jueves pasado, “cinco personas alcoholizadas comenzaron a pelearse, agredieron a la moza, faltaron el respeto a todos los presentes y rompieron cosas”.

“Ese mismo día yo había salido de mi aislamiento por estar con covid”, detalló, y contó que él se encontraba en las oficinas de esa Refinor junto a su hija y que al oír los ruidos salió a ver qué había sucedido, pero afirmó que “ya se había ido todo el mundo”. Sin embargo, según el legislador, algunos medios de comunicación lo sindicaron como uno de los que ocasionó los desmanes “y hasta dicen que salí con armas de fuego y efectué disparos”.

En el mismo recinto sostuvo que se ponía a disposición de la Justicia para aclarar todo lo sucedido, y pidió a sus pares que lo permitan. “Porque esto me colmó el vaso, dicen hasta que disparé adentro del bar, un montón de cosas”. Para luego aseverar que no quiere privilegios: “Me pongo a disposición de la justicia para que se aclare y no me acusen así deliberadamente”. 

Más tarde, ese cuerpo aprobó un pedido del juez de Garantías N° 1 de Metán, Mario Teseyra, para realizar allanamientos en el domicilio y las oficinas de D'Auría y poder aclarar la situación denunciada. El representante por La Viña, Jorge Soto, aclaró que fue el mismo D'Auría quien “pidió realizar aquella diligencia”. El juez elevó la solicitud a pedido del fiscal penal Nicolás Rodríguez.