La activista Aliká Kinán, la primera víctima del delito de trata de personas en convertirse en querellante de sus captores en Argentina, logró que la justicia ampliara la condena a sus explotadores: el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego condenó a penas de entre 4 y 8 años de prisión a los imputados en el segundo juicio por esta causa.

Los jueces Guillermo Quadrini, Mario Reynaldi y Alejandro Ruggero aplicaron una pena de 8 años de prisión a Pedro Montoya, dueño del prostíbulo Sheik de la ciudad de Ushuaia, de donde fue rescatada Kinán en octubre de 2012, junto a otras seis mujeres. Por su parte, sentenciaron a 5 años de prisión a Ivana García, pareja de Montoya, y a 4 años a Lucy Alberca Campos, la encargada del local.

La Justicia ya había condenado en 2016 a los tres acusados, pero en 2018 la Cámara Federal de Casación Penal decidió que debía realizarse un nuevo juicio para evaluar si correspondía la aplicación de penas mayores. Según Casación, los jueces de entonces no tuvieron en cuenta, en el caso de Montoya, su participación en una organización delictiva de tres o más personas, y en el caso de García y Alberca Campos que no fueron partícipes secundarias, sino coautoras del delito de trata.

Al revisar esos criterios, el tribunal oral fueguino consideró a Montoya responsable del delito de "trata de personas con fines de explotación sexual agravado por la pluralidad de víctimas y por la participación de tres personas", mientras que a García y Alberca Campos las catalogó como "coautoras" del mismo ilícito. 

Además, la justicia condenó a Montoya, a García y a la Municipalidad de Ushuaia (responsable de la habilitación comercial del prostíbulo) a indemnizar a Kinán por la suma de 960 mil pesos más los intereses desde octubre de 2012 por "daños y perjuicios".

Al fallar otra vez en el caso, los jueces confirmaron que el dueño del local nocturno "tenía las riendas de la explotación sexual", tanto por "la cantidad de víctimas sometidas a su selección, traslado y acogimiento" como por "la ingeniería criminal montada que implicaba ser destinatario en la recaudación de los emolumentos que sus víctimas obtenían de la actividad por él desplegada". "Era el autor y cerebro de la estructura criminal que dirigía y que conformaba", sostuvo la sentencia.

En tanto, García "resultaba ser socia de Montoya en el negocio, mantenía contacto con las víctimas e instrumentaba de modo quirúrgico las condiciones físicas que las mujeres debían ostentar para ser aceptadas en su circuito delictual", aseguró la resolución judicial.

El segundo juicio del caso comenzó el 17 de mayo, aunque tuvo suspensiones debido a las restricciones sanitarias por el coronavirus. Durante este nuevo proceso no declararon otra vez las víctimas y se incorporaron por lectura los dichos de varios de los testigos. 

Lo mismo sucedió con gran parte del cuadro probatorio derivado de las tareas investigativas llevadas adelante por personal de Gendarmería Nacional, los allanamientos (al prostíbulo y la vivienda de los acusados) y la documentación aportada por el Municipio en relación a las libretas sanitarias exigidas a las mujeres para trabajar en el local. En cambio, volvieron a prestar declaración indagatoria los tres acusados y se aceptaron algunas pruebas a propuesta de sus abogados defensores. 

Alika Kinán se animó a ser querellante contra sus explotadores luego de aceptarse como víctima del delito de trata. Con el tiempo se convirtió en una conocida activista contra ese delito y la prostitución, creó una fundación y recibió reconocimientos a nivel nacional e internacional.