El Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) intentará resolver en los próximos días el pedido de una audiencia oral y pública en la causa del Memorándum de entendimiento con Irán que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Después del apoyo que ese planteo tuvo del fiscal Marcelo Colombo, existen altas posibilidades de que se haga y que las defensas amplíen allí los argumentos por los que piden la nulidad del expediente. Los jueces también deben resolver el pedido de 12 medidas de prueba que hizo la fiscalía, y que podrían sumar factores que pongan en jaque un futuro juicio. 

Uno de los ejes es que se investigue el papel de los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, visitadores frecuentes de Mauricio Macri, quienes reabrieron el caso cuando un juez antes había dicho que no existía delito, y aceptaron a la DAIA como querellante para acusar a la expresidenta y al fallecido canciller Héctor Timerman, entre otros. Esa entidad había presentado ante el tribunal un escrito en términos agresivos donde pedía que se rechacen los planteos de nulidad y de sobreseimientos, además de hacer una defensa ostensible del gobierno del expresidente y los jueces de Casación cuyos contactos con el gobierno anterior describen como "intrascendentes". A la vez, el Llamamiento Argentino Judío, una agrupación progresista de la colectividad, pide participar como tercero amigo del tribunal ("amicus curiae") y que se anule la actuación de la DAIA cuya legitimidad y poder de representación cuestiona.  

Con este panorama, el TOF8, que integran María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y Juan Michilini, tiene varios asuntos que despejar. Lo primero y más probable es que haga lugar a una audiencia oral, que podría llegar a concretarse antes de la feria judicial de invierno, si es que los tres logran coordinar sus agendas en una fecha que no se pegue con la del aniversario del atentado, el 18 de julio. Si no, sería pos vacaciones de invierno. Luego tendrá que evaluar si admiten todas, algunas o ninguna de las medidas pedidas por Colombo. Luego tendrán que analizar los planteos tanto a favor como en contra de los sobreseimientos. Este último es el que hizo la DAIA. Tal vez antes puedan decidir también si aceptan que el Llamamiento Argentino Judío participe.

La presentación del Llamamiento Judío, que fue realizada esta semana, funciona como un soporte para la vicepresidenta y al resto de los acusados, cuyos sobreseimientos impulsa. Suma argumentos tanto a sus defensas como a la fiscalía sobre la génesis de esta causa por encubrimiento --que se inauguró con una denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman-- y acerca de la instancia de su reapertura por decisión de la Cámara de Casación, que además admitió a la DAIA como querellante. Eso ocurrió el 29 diciembre de 2016, pero poco antes, también Hornos y Borinsky respaldaron una causa paralela que tramitaba el fallecido Claudio Bonadio, a quien le terminaron dando también el expediente original, después de quitárselo a Rafecas, que lo había cerrado por inexistencia de delito.  El Llamamiento pone énfasis en que la DAIA no tenía el poder especial requerido para representar a la colectividad y recuerda que existió un contubernio con el gobierno de Macri para lograr conseguir el papel de querellantes, con el que lograban meterse dentro del expediente. 

Ese pacto, señalan, se selló en una reunión con el expresidente que el directorio de la DAIA documentó el 27 de junio de 2016. Ese mismo día "Macri recibía secretamente al juez que propiciaría la reapertura, Mariano Borinsky", recuerda el planteo. El entonces secretario general, Santiago Kaplun, decía entonces que "el presidente sindicó a la DAIA como la representante política de la comunidad". La pretensión del exmandatario, dice el Llamamiento Judío, era "articular una estrategia en la causa “Memorandum” contra la denunciada, su principal adversaria política". Recuerda que días después la entidad se presentó en la causa. Sostiene, además, que la apuesta a la reactivación del expediente por parte de la DAIA "ha sido una herramienta elegida, de forma diabólica, para desviar la atención sobre su propia responsabilidad" en "el desvío de la investigación" del atentado a la AMIA "hacia una acusación injustificada contra la expresidenta, el excanciller y otros funcionarios que no han desarrollado ninguna actividad delictiva". El propio tribunal oral que anuló la primera causa sobre le atentado señaló el encubrimiento, que incluyó al gobierno de Carlos Menem, al ex uez Juan José Galeano, a los fiscales y al entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja. 

El escrito recuerda otras dos cuestiones vinculadas al juez Borinsky y Macri: la publicación de El Cohete a la Luna  según la cual ese juez habría asesorado a la DAIA "sobre el modo de conseguir la reapertura de la causa iniciada contra la expresidenta CFK por el fiscal general Natalio A. Nisman", donde él mismo resolvería. Enumera como sus presuntos contactos a Kaplún y al pro-tesorero, Daniel Belinki, según relatos citados por el portal de miembros de la Comisión Directiva que actuó en el periodo 2015- 2018. El Llamamiento subraya también la visita del juez a la quinta de Olivos el 23 de diciembre de 2016, unos días antes del fallo a favor de la DAIA y los reclamos de "investigación". El texto refresca que finalmente, el 30 de diciembre, el propio Macri festejó haciendo referencia a "la valentía y el coraje" de los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, en referencia a Hornos y Borinsky pese a que --dijo-- "tuvieron mucha presión" que atribuyó a su colega Ana María Figueroa. 

"La reapertura de la denuncia se fraguó con tratos espurios direccionados a satisfacer –por un lado- las directivas de persecución política emanadas del entonces presidente Macri, aunadas con las propias necesidades de la DAIA, por completo ajenas al esclarecimiento del atentado. Para ello, la delegación de asociaciones invocó con falsedad una representación general de la que carece, y la puso al servicio de las maniobras referidas, en un proceder que rechazamos enérgicamente. Y es por tales categóricos motivos, y los que ya fueron consignados por las distintas defensas, que venimos a adherir a los pedidos de nulidad interpuestos, y en particular al formulado por la defensa de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner", plantea el Llamamiento Judío. 

La contracara de todo este razonamiento es la presentación de la DAIA, que sorprendió por la virulencia de sus términos. Primero se queja porque considera que debió ser rechazado in límine el reclamo de sobreseimiento y nulidad de CFK, pero como quedó a la vista el tribunal y la fiscalía parecen dispuestos a analizar todo. Dicen que para ella no hay ningún agravio, que Borinsky y Hornos en uno de los fallos no estuvieron solos, sino que Figueroa apoyó la reapertura (con argumentos propios y cuestionamientos a la participación de sus colegas en la resolución), y niegan que Borinsky los haya asesorado. Además se anticipan a que puedan citar a testificar a miembros de su directorio --como pidió el fiscal Colombo-- con el argumento de que la palabra de los directivos por sí misma no tiene ningún peso. En un tramo afirman que son "intrascendentes" desde el punto de vista jurídico las visitas de Borinsky y Hornos a Macri quien, dicen, no tienen ninguna vinculación con el expediente ya que ni él ni los miembros de su gobierno fueron parte ni presentaron la denuncia inicial. Lo cierto es que desde la presentación de Nisman, que por esos días se reunía con varios exponentes de Cambiemos --como Patricia Bullrich y Laura Alonso-- en adelante, el macrismo y el propio expresidente hicieron público su interés en este caso, como uno de los tantos utilizados para atacar a sus oponentes políticos y sobre todo a CFK. En definitiva, la DAIA pide que se haga el juicio y que ningun pedido de las defensas sea aceptado. 

Los elementos que generan dudas sobre Borinsky y Hornos son los más recientes. Hay planteos anteriores también relevantes y estudia el tribunal, que aluden a la falta de una acusación precisa y hasta la ausencia de delito, tratándose de un acuerdo que aprobó el Congreso y que, como quedó más que claro, las alertas rojas y pedidos de captura contra los iraníes sospechosos del atentando siempre estuvieron vigentes.