El gobierno de Catamarca acusó a la periodista María de lo Ángeles Márquez de haber impartido información infundada sobre carencia de oxígeno en el Hospital Monovalente Carlos Malbrán.

La acusación alcanzó también al diputado Hugo Ávila, junto a quien Márquez se presentó en el nosocomio con la intención de realizar un informe, aunque debido a los fueros parlamentarios el legislador quedó cubierto.

En un comunicado oficial, el gobierno informó que “durante la noche del pasado domingo intentaron ingresar por la fuerza al nosocomio monovalente con la presunta intención de 'constatar' una denuncia anónima”.

Según se detalla en el escrito presentado ante la autoridad judicial, la periodista y el legislador “irrumpieron en forma violenta y agresiva para realizar una auditoría destinada a comprobar supuestas denuncias que obran en su poder y que posteriormente no fueron publicadas ni presentadas ante las autoridades”.

La denuncia radicada menciona dos perfiles de Facebook en los que se publicaron textos y videos que, según el gobierno, “tenían como clara finalidad provocar un temor infundado en la opinión pública sobre el sistema sanitario provincial manifestando una falsa situación de carencia de oxígeno en el Hospital Malbrán”.

El gobierno desmintió la denuncia pública de Ávila y Márquez y consideró que “Esta es una irresponsabilidad de una enorme magnitud para una persona que ha sido elegida por el voto popular (por Ávila), y para un supuesto medio de comunicación. El sistema de salud está claramente bajo estrés por la cantidad de casos de COVID-19, pero esto no quiere decir que no se cuente con los insumos para dar a los pacientes una prestación que es básica”.

La celeridad con la que se imputó a una periodista independiente alertó al grupo de comunicadoras Eulalias, quienes expresaron: “Repudiamos la imputación penal contra nuestra colega María de los Ángeles Márquez. Acusar a un periodista, cualquiera sea su género, de esta manera, es un atentado claro y una forma de disciplinamiento al libre ejercicio de derechos humanos básicos como lo son la libertad de expresión y opinión”.

Las comunicadoras remarcaron el tratamiento express, en relación con otros casos pendientes en la Justicia: “Entendemos que la celeridad con la que ha actuado la Justicia en este caso en particular contra una mujer, no responde a la demanda de perspectiva de género solicitada en reiteradas oportunidades por este colectivo de comunicadoras sociales y es, además, una forma de violencia”.

En este sentido, señalaron: “Recordamos a los tres poderes del Estado que existen casos realmente urgentes que necesitan imputación y con gravedad fundada, como son las causas por abuso sexual denunciadas en las últimas semanas que aún no tienen respuestas para las víctimas”.

También advirtieron sobre la discrecionalidad en el acceso a la información pública: “Resaltamos que así como defendemos la libertad de expresión y opinión, la libertad de información ocupa el mismo rango y que esta violación por parte del Estado fue denunciada por Márquez en sus escritos sin que se tenga en cuenta”.

Finalmente observaron: “El Estado provincial tiene otros recursos para responder ante casos similares, y la responsabilidad de hacerlo en el marco de los paradigmas de Derechos Humanos”.

Consultadas por Catamarca/12, las Eulalias señalaron que si bien no están de acuerdo con el accionar profesional de la periodista, lo preocupante es el gesto de disciplinamiento con que los poderes han actuado. Y concluyeron: "lo  expresado en el comunicado no invalida la responsabilidad de Márquez como periodista. Creemos que la profesión debe ejercerse con total honestidad, máxime en el contexto actual".