En la provincia de Salta se lanzó ayer la Mesa de Concertación por la Tierra y la Emergencia Habitacional, que estará coordinada por María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI). Ésta tendrá el objetivo de abordar de manera transversal las problemáticas de permanencia y acceso a la tierra desde una perspectiva interinstitucional e intercultural.
En septiembre del año pasado se dio un protocolo para detectar los conflictos de tierra y hasta la actualidad son 85 los casos relevados, de los cuales 25 están en Salta, la provincia del norte mas conflictiva. La mayoría de ellos involucran a comunidades indígenas, a lo que Castillo señaló que se evidencia una gran transgresión a la Ley 26.160, que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país.
La creación de la Mesa se dio por iniciativa del Ministerio Público Fiscal de Salta, debido a que los conflictos de tierra se manifiestan a través del proceso penal, muchos de ellos materializados en desalojos cautelares. Es por eso que con el nuevo espacio se busca un nuevo y más efectivo abordaje de la problemática que sea transversal.
La coordinadora contó que hoy el asunto relacionado más presente en la provincia es precisamente el de los desalojos cautelares de comunidadades indígenas. Señaló que se dictan órdenes que no tienen en cuenta la posesión ancestral de los pueblos originarios, además de sumar una criminalización constante hacia los pueblos y comunidades campesinas e indígenas, dejando por fuera la perspectiva de derechos.
"Falta la perspectiva intercultural y la participación de otras instituciones que están dentro del proceso penal y que pueden ayudar", expresó Castillo ante este medio. Aseguró que cuando se producen los desalojos no sólo no se reconoce a los sujetos acusados como indígenas sino que se desconoce a la comunidad en su totalidad, independientemente si se realizó o no el relevamiento territorial que ordena la ley 26.160.
Un ejemplo de ello es lo que sucede en la comunidad wichí El Algarrobal, donde se denunció a su presidente, Nelson Campos, por "usurpar" su propia tierra, negando además su grado de autoridad indígena.
Es por eso que Castillo celebró la creación de la Mesa al manifestar que "es un desafío complejo que afronta una problemática que es estructural en el país, pero entendemos que el abordaje no puede ser más la criminalización de los conflictos a partir de la utilización del derecho penal". Destacó que cada problemática deberá ser tratada desde el diálogo y el derecho, para encontrar soluciones guiadas por la perspectiva de los derechos humanos y el marco normativo del derecho internacional.
Por eso contó ante Salta/12 que la intención de la Mesa no es sólo poder abordar el problema sino también generar soluciones que sean por fuera del derecho penal. Para eso se conformaron comisiones de trabajo, y se estableció como una prioridad la necesidad de organizar capacitaciones para operadores y operadoras judiciales en derechos Indígenas, campesinos y de la Agricultura Familiar.
Acordaron mantener encuentros cada 15 días, además de conformar tres comisiones: de Pueblos Indígenas y Campesinos, de Emergencia Habitacional de Tierras Urbanas y de Capacitación.
Por su parte, el Procurador General de la provincia, Abel Cornejo, destacó el trabajo realizado para conformar la Mesa con el fin de sostener la mediación como instrumento de encuentro entre las y los participantes. Expresó que "la paz es el camino para la concordia y la promoción real de derechos de ciudadanas y ciudadanos", asimismo valoró la pluralidad de su integración, al indicar que "de los grandes disensos, nacen los verdaderos acuerdos".
La Mesa está conformada por el Procurador General de la Provincia; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Comisión de Asuntos Judiciales (CAJ); la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados de la Nación.
También la Subsecretaría de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia; la Dirección de Regularización de Tierras con Conflictos Comunitarios; el Defensor General; la Dirección del Centro de Mediación del MPF.
Por parte de las comunidades campesinas e indígenas, están presentes la Asociación Campesinos de Los Blancos; la Comunidad del pueblo Wichí El Algarrobal, de Pichanal; la Asociación Civil Raíces Norteñas; la Organización Campesina Unión y Progreso; la Asociación Civil Los del Bermejo; la Coordinadora de Tierra Ruta Nacional 81; la Asociación de Productores de Fincas de Salta; el Colectivo de Abogades Populares; el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI); el Movimiento Evita; la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
