“A nivel nacional Salta registró la tasa más baja de desnutrición en sus comunidades indígenas”, reza el título de un comunicado oficial que emitió la provincia este jueves al tomar como referencia un relevamiento territorial de la asociación civil “Consejo Nacional de Políticas Indígenas de Argentina” (CNPI), que ubicó a Salta como "la provincia que a nivel nacional encabeza la baja de tasa efectiva de desnutrición con un porcentaje del 87,9”.

El informe causó algún desconcierto y malestar entre referentes indígenas por lo que fue el presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza, quien dijo a Salta 12 “somos damnificados en el sentido que hasta el día de hoy sigue escaseando alimento, agua, y hace poco entregué una nota a (la ministra de Salud de la Nación, Carla) Vizzotti reiterando los pedidos de las necesidades comunitarias”. 

Añadió que el titular del Consejo Nacional que dio sus afirmaciones, Daniel Segovia, “no conoce acá (en Santa Victoria Este, uno de los municipios de Rivadavia de donde es oriundo Mendoza). Para el referente victoreño, Segovia “no tiene la mayor información y solo es un funcionario de la Nación. Nos molesta que salga y hable por nosotros cuando no es de la zona. En ningún momento se presentó, no lo conocemos”.

Si bien por el nombre de la Asociación pareciera que sí, se pudo constatar con fuentes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que el Consejo Nacional que encabeza Segovia no es parte de ninguna estructura estatal, sino que sería una asociación civil. 

Mientras, la subsecretaria de Medicina Social de la provincia, Gabriela Dorigato, reconoció desconocer el informe elaborado tras el relevamiento que dijo haber hecho la entidad dado que por lo menos hasta este viernes, cuando se mantuvo el contacto para esta nota, no le había llegado a sus manos. 

Sin embargo, indicó que por datos propios de la provincia pueden manifestar que se redujeron las muertes por desnutrición, e incluso la mortalidad infantil. Sostuvo que el mismo Segovia se comunicó con ella porque así como había expresado en su momento enojo por la situación atravesada por las comunidades frente a las necesidades básicas insatisfechas, luego la llamó para reconocer que se venía trabajando bien respecto de la situación de la desnutrición. En cuanto a la Mortalidad Infantil, sostuvo que los datos que la provincia procesó indican que se bajó del 10.2 por ciento de 2019, al 9.7 por ciento en 2020.

En tanto, se supo que desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ya se habrían solicitado informes oficiales a la provincia que puedan mostrar los datos relevados en la zona de los ex lotes 55 y 14, en SVE, y que podrían constatar los informes que se vienen dando. La entidad lo presentó en su calidad de apoderada de la Asociación Lakha Honhat, que consiguió el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esos datos, hasta donde se pudo conocer, aún no llegaron. También se conoció que en el INAI no hay datos oficiales sobre las buenas noticias que recurrentemente, difunde la provincia mediáticamente.

Segovia con la provincia

En más de una ocasión, el gobierno de la provincia salió con anuncios un tanto rimbombantes a asegurar que la desnutrición, un problema estructural e histórico, había sido corregida en poco tiempo. Uno de ellos (que los funcionarios aún mantienen como victoria), fue el hecho de que en enero y febrero no hayan fallecido niños y niñas del chaco salteño por razones de salud vinculada a la desnutrición. Pero en lo que va de este año ya son 3 los chicos que sí fallecieron por estas razones.

En el comunicado del 10 de junio, la provincia explica que la Asociación a cargo de Segovia “desde hace seis meses viene realizando un trabajo continuo de seguimiento territorial para contar con datos e información actualizada sobre la situación alimentaria y nutricional de las comunidades de todo el país y sus distintas problemáticas con el fin de poder solucionarlas y lograr una mejor calidad de vida de sus habitantes”. 

“A partir de los datos relevados desde los primeros días de diciembre hasta al 5 de junio del corriente, Salta es la provincia que registra una baja importante de la tasa de desnutrición en relación al resto de las provincias, ubicándose en primer lugar”, indica el parte de prensa oficial. A ello, se añadió que Segovia destacaba “la importancia del buen trabajo articulado con Nación, con el Gobierno de Salta y sus ministerios de Salud Pública, a través de la Subsecretaría de Medicina Social y de Desarrollo Social, para poder llegar a cada familia de las comunidades de los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán”.

Según la información que se pudo conseguir por responsables de prensa que acompañan a Segovia, el relevamiento en cuestión “se viene haciendo desde el año pasado, plasmados los datos obtenidos en al menos 4 mil planillas escritas. Con la información desde el mismo momento que empezaron a fallecer los niños por desnutrición desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020 y se hizo un análisis comparativo con igual período comprendido desde diciembre 2020 con junio de 2021”. 

La toma de datos “se hace con una planilla de modo digital, con la participación de informantes que cada delegado tiene en cada pueblo y que no son compartidos con comuneros o con dirigentes políticos”. La aplicación que se toma “fue desarrollada y le pertenece al CNPI. 

Compartimos la información con los distintos ministerios, y desde esos ministerios, comparan la información que le pasamos por este formato de data específica digital o el formato analógico que es enviado como captura de imagen en mensajes que recibe cada ministerio o incluso se les avisa para anticiparles los problemas más urgentes a los distintos hospitales o guardias, un manejo muy específico de toda una coordinación comunicacional”. 

“Todo esto puede ser constatado en territorio por cualquier persona, con la simple investigación en las guardias hospitalarias”, insistió Segovia. “Hay que tener en cuenta que los datos son de la realidad, verificados por actores de la propia comunidad y que cualquiera de las estructuras puede realizar su propia constatación -IPPIS, INAI o incluso los medios de comunicación- pueden obtener el detalle en el lugar de los hechos. Lo que decimos desde el CNPI es claro: No hay niños fallecidos como el año pasado".

Aclaró que el CNPI “trabaja conjuntamente con abordaje del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el área de inclusión perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación. En tanto que en la provincia, se articulan con los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública”.

Segovia contra la provincia

Hace un poco más de un año, Segovia junto al parlamentario del Mercosur, Gaston Harispe, presentaron un hábeas corpus preventivo a favor de distintas comunidades Wichis; Chorotes; Chulupies; Guaraníes; Quom ubicadas en el Chaco Salteño. 

La presentación se realizó en la Justicia Federal de Capital Federal, y tras la resolución de diversas incompetencias por jurisdicción, llegó al juez federal de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), Carlos Martínez Frugoni. El 15 de marzo pasado el juez a través de un fallo encomendó al Estado Nacional y al Gobierno de la provincia “que sin demora y sin perjuicio de la continuidad de los proyectos encaminados, adopte medidas de emergencia para evitar que se continúen lesionando los derechos de los integrantes de las comunidades de pueblos originarios que integran este caso, cuyas demás circunstancias personales se registraron, informando al Juzgado dentro de los diez días de notificados el curso de acción de las mismas”.

En las audiencias que hubo entre demandados (Nación y provincia), y los presentantes del amparo, que se hicieron en noviembre de 2020 y en febrero pasado, Segovia dijo que “el Consejo Nacional de Políticas Indígenas de todo el país tiene una red de comunicación permanente e inmediata que aportan datos en el momento de ocurrencia de los hechos y que no conocen los ministerios nacionales ni provinciales porque no están en contacto con los integrantes de las comunidades”.

Dio testimonio de las muertes infantiles “de las cuales el gobierno no tiene un registro fidedigno, menos aún que las causas principales son la enorme desnutrición y enfermedades que padecen”, y dijo contar con “datos de muchos más fallecidos estos últimos días y lo puede aportar para ser chequeado”. 

También acusaba a la provincia de carecer “de un plan específico para interpretar a los indígenas que hablan distintos dialectos de la misma lengua, de modo que cuando se deciden presentarse ante el único centro de acceso a la justicia que existe en Salta capital –CAJ- no pueden comunicarse, no los entienden y regresan insatisfechos y sin posibilidad de alguna solución”. 

Otra de las observaciones indicaba la ausencia en la provincia de “un operativo de salud dirigido específicamente a las comunidades aborígenes, más todavía en esta grave pandemia, no hay un recuento, estadística ni registro de fallecidos”. Y sostenía que “tanto la Nación como la Provincia jamás en estas condiciones podrían conocer estas circunstancias porque falta algo esencial; el contacto con los indígenas permanentemente”.

Además de recomendar el escuchar la exposición de Segovia, que quedó grabada, Martínez Frugoni indicó que “frente a la admisión por parte de los organismos públicos de los hechos ventilados, las mismas quedan fuera de cuestiones probatorias y sí es de considerar los informes proporcionados tanto por el organismo provincial como nacional frente a la dificilísima situación”. 

Afirmó que pese a que las tareas que llevan adelante las jurisdicciones “representan un elogiable esfuerzo de los gobiernos para neutralizar en lo posible los efectos dañosos de tantas carencias sí corresponde verificar la eficacia de su aplicación en resguardo de los derechos que se advierten vulnerados, porque su retraso no contribuye a la solución de las graves problemas que están soportando los integrantes de la población de pueblos originarios, repito; elogiable pero insuficiente y su indefinida tolerancia acrecienta el cercenamiento de los derechos”.

“Una cortina a la política del gobierno de Salta”

Mendoza afirmó que informes como el de Segovia a favor de la provincia terminan perjudicando a las comunidades dado que la desnutrición es constante en niños y niñas indígenas, además de las situaciones de vulnerabilidad que los apremian.

“Hace tres meses que no llegan los módulos focalizados a algunos sectores. No hay suficientes agentes sanitarios para las visitas en las comunidades. No hay leche incluso para los que estamos más cerca del Hospital. Imagínese lo que pasa con aquellos que están en el monte”, dijo el dirigente wichi a este medio, al sostener que con acciones como estas “ponen como una cortina hacia la política del gobierno de Salta”, cuando las cosas, en realidad y según su testimonio desde el territorio, no mejoraron.