Desde Santa Fe

El Tribunal Oral de Santa Fe clausuró la etapa de pruebas en el juicio por delitos de lesa humanidad a seis policías santafesinos que operaban en dos centros de torturas: en el D2 -como se identificó al servicio de inteligencia- en San Martín y Obispo Gelabert, a una cuadra de bulevar Gálvez, que era una esquina fortaleza porque en el piso superior vivían los jefes de Policías de la provincia. Y en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), zona sur, que estaba a cargo del Ejército. En las indagatorias de esta semana, uno de los imputados, el suboficial mayor Rubén Oscar Insaurralde confirmó que él integraba la custodia de uno de esos jefes que vivía arriba del D2, el coronel Carlos Alberto Ramírez, quien comandó la fuerza desde mayo de 1976 hasta febrero de 1979, cuando lo reemplazó el coronel Luis Edgardo Tula. Mientras que otro acusado, Omar Epifanio Molina, mencionó a nueve agentes que actuaban en la GIR, al mando del ex coordinador del Area 212, Juan Calixto Perizzotti. Molina se incluyó en esa lista.

Además del Insaurralde y Molina, están imputados los oficiales Antonio Rubén González, Germán Chartier y Eduardo Riuli, que operaban en el D2. El sexto es el ex jefe de la comisaría de Laguna Paiva, Fernando Mendoza.

El Tribunal juzga la persecución al último referente político del PRT Catalino Paez, a su esposa y a su hijo Mario de 14 años y a ocho compañeros de militancia que eran obreros del Frigorífico Nelson, ferroviarios y uno de ellos supervisor en Acindar, entre febrero y abril de 1980. Las audiencias revelaron que el grupo de tareas se ensañó también con dos de los hermanos de Catalino, su cuñada, su cuñado y 16 niños de las tres familias, pero esos hechos no forman parte del juicio.

En las indagatorias, los seis imputados negaron las acusaciones del Ministerio Público. “No fui partícipe de nada”, dijo González. “Soy inocente”, expresó Riuli. Chartier –ex jefe del D2 en La Capital- se remitió a una declaración anterior. Y Mendoza se defendió más de una hora y, entre otras cosas, admitió haberle entregado “detenidos” al ex agente de inteligencia Héctor Romeo “Pollo” Colombini, condenado a 23 años de prisión en el juicio al ex juez Víctor Brusa, en 2009.

Insaurralde contó que integró la custodia de Ramírez, cuando éste era jefe de Policía de la provincia, en 1976. Ya tenía un antecedente: diez años antes había sido guadaespaldas del gobernador de facto contralmirante Eladio Modesto Vázquez, en el Onganiato, en 1966. “Cuando el coronel Ramírez era jefe de Policía yo fui un custodio más. En ese tiempo ya era sargento”, recordó. “El coronel vivía en el departamento donde está el D2, primer piso. Mi función era acompañarlo hacia donde él se dirigía, ya sea a la Jefatura o a otro lugar”.

Molina también habló, pero del otro centro de torturas. “En el año 1977 trabajaba en la Guardia de Infantería Reforzada. Después nos trasladaron en el mismo lugar para cuidar detenidos”. Y mencionó a nueve guardias: “Mansilla, Stodola, Ríos, Poli, Locadito, García, Trento”. El se incluyó en esa lista. Y el noveno fue un nombre inaudible. “Son los que me acuerdo”.

En la denuncia que inició la causa en 2014, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia aportó una lista de 42 policías que operaban en el D2. Allí figuran cinco de los seis imputados (Chartier, González, Insaurralde, Riuli y Molina). Y dos de los que Molina señaló en su indagatoria: Manuel Ríos y Ramón Ernesto Stodola.

En el juicio a Brusa en 2009, una de sus querellantes, Silvia Abdolatif, señaló a los “choferes” de Perizzotti. Uno era “Eduardo Córdoba” (que Molina no mencionó). “Los otros dos eran Alberto Locadito y Miguel Angel Poli”.

En 2019, Córdoba fue condenado a cuatro años de prisión por “privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencias y amenazas” a una militante de la Unión de Estudiantes Secundarios.