La ley “de equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República Argentina” se aprobó el viernes en la madrugada a pesar del lobby que los medios hegemónicos hicieron para que no saliera. Se trata de una ley pionera en el mundo que, con el apoyo e impulso de comunicadoras feministas, busca romper con las estructuras anquilosadas y machistas de las empresas de comunicación audiovisual que hacen periodismo y comunicación desde un paradigma sesgadamente masculino. “Estamos hablando del respeto de un principio de integración que comprenda todas las identidades de género. Ayer mismo se votó la media sanción del cupo trans, ese colectivo está también buscando su lugar y derecho al trabajo digno”, dijo la senadora del Frente de Todos Norma Durango, autora del proyecto que se aprobó finalmente en Diputados. “Tocar los medios tiene que ver con dos dimensiones: una con el acceso al trabajo y mejores condiciones del trabajo. Y junto con eso empieza a cambiar también la transmisión de las agendas. Se puede propiciar una construcción de sentido diverso, en color de piel, clase social, identidad de género. Es importante asumir esa posibilidad. Buscamos que todos, todas, todes podamos tomar la palabra y sentirnos identificados cuando vemos distintas personas en los medios, distintos cuerpos”, dijo la diputada del Frente de Todos Mónica Macha.

La ley define “equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual a la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación sexual o su expresión”. Fija la obligatoriedad de garantizar un cupo de no menor al 1% para personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex en la totalidad del personal de medios gestionados por el Estado, que deberán además garantizar el principio de equidad en todos los aspectos que hacen a la gestión y producción de contenidos: desde controlar la distribución equitativa de tareas y funciones en los servicios de comunicación; o promover, en articulación con los organismos pertinentes, políticas de cuidado para quienes se desempeñen en los servicios de comunicación; hasta realizar campañas institucionales de concientización y sensibilización para el fomento de la igualdad de las personas y la erradicación de la violencia por razones de género; entre otros.

En el caso de los medios de gestión privada establece un “Régimen de promoción”. La autoridad de aplicación “creará un registro” y “expedirá un certificado de equidad en la representación de los géneros para aquellos prestadores que incluyan dicho principio en sus estructuras y planes de acción”.

Este punto fue leído por las corporaciones mediáticas hegemónicas y por Juntos por el Cambio como limitante de la libertad de expresión. Es curioso que donde se pretende impulsar la inclusión de mujeres y diversidades en el acceso al empleo en empresas de comunicación audiovisual, las corporaciones mediáticas solo ven una ley que condiciona la pauta oficial a los medios que acrediten equidad de género. Algo que no solo es incorrecto sino que va en contra de la letra y el espíritu de la ley, que no busca sancionar sino promover a los medios que incorporen políticas en el sentido de la equidad. Además, deja al descubierto, como dijo Macha a Página12, “que no están queriendo implementar este tipo de políticas”. “Se pensó que a la hora de lograr una pauta oficial uno de los requisitos sea qué tanta equidad hay en ese medio de comunicación. No es un castigo. Pero si lo implementa es un requisito más a favor”, explicó Macha.

La titular de la bicameral de Comunicación Audiovisual, Gabriela Cerruti, denunció las presiones de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Aseguró a Télam que "los medios han sido dueños de la palabra durante el último siglo. Cuando peleamos por la democratización de los medios estamos hablando de representar a les trabajadores y trabajadoras y también diferentes pensamientos, voces y agendas". "Pluralidad de voces significa que los medios de comunicación representen lo que van cambiando y lo que va evolucionando en la sociedad. Queremos que los medios sean pensados también por disidencias y que el discurso incluya esas sensibilidades", agregó.

Por su parte, Durango puso el acento en aclarar que “nadie le va a sacar la pauta a ningún medio. La ley no lo dice. Los que cumplan con los requisitos van a tener un incentivo. De ninguna manera la ley es punitiva. Sí controla a los medios de gestión estatal y en todo caso hará un apercibimiento”, dijo a Página12. Los medios de gestión privada “pueden adherir o no, si no lo hacen seguirán a contramano de la historia, pero si lo hacen tienen la posibilidad de inscribirse en un registro y van a obtener un certificado que les va a permitir un incentivo”, agregó. “Lo que queremos es darles posibilidades a más mujeres y personas trans, contando lo que pasa y lo que nos pasa. Lo que queremos además es más mujeres en los puestos de decisión, donde se fija la agenda periodística. Esta no es una guerra de varones contra mujeres, sino que consideramos que es necesario que tengamos voz propia”, puntualizó.

Las legisladoras concuerdan en que la ley no podría haber sido posible en otro contexto que el del movimiento feminista y transfeminista que crece cada día y atraviesa todos los temas. La media sanción en el Senado se obtuvo el noviembre del año pasado.

“La construcción fue sumamente interesante. Norma Durango lo venía trabajando en el Senado con Periodistas argentinas y yo en Diputados con Latfem. Nos enteramos cuando hicimos eventos abiertos. Teníamos idea de construirlo de manera conjunta. Después hubo cambios en el Senado y cuando llega a Diputados tratamos de consensuar y no tocarlo para lograr la sanción de esta ley. Tiene la riqueza de las participación concreta de mujeres y trans”, apuntó Macha.

Originariamente el proyecto hablaba de la “igualdad en los medios”. ¿Por qué equidad de género y no igualdad o paridad? “Fuimos escuchando las voces y fuimos tomando nota y buscamos que las mujeres y las personas trans se encuentren incluidas y representadas, no solo en el acceso y permanencia en los puestos de trabajo, sino en las acciones y políticas de los medios. Hablamos con más de 140 periodistas de todo el país”, dijo Durango. “Si no seguíamos en el binarismo varón/mujer. Entonces para poder pensarnos en interacción con las distintas equidades de género teníamos que buscar otro concepto. Viene del Senado. En la reglamentación habrá que dimensionarlo y definir de qué modo se pone en práctica la equidad”, explicó Macha.

Esta ley está en línea con las recomendaciones a los estados que se desprenden de la Plataforma de Acción de Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en el año 1995, que entre otras cosas hablan de incorporar la perspectiva de género en los contenidos, promover la participación de las mujeres (no se hablaba todavía de diversidad) y fomentar su acceso a puestos de decisión. Demandas que llevan al menos veinticinco años de atraso. Los medios de comunicación están lejos de ser espacios inclusivos para mujeres, mujeres vulnerables y grupos históricamente marginados. En América Latina, por ejemplo, las personas indígenas constituyen solo el 1% de los sujetos y fuentes en las noticias televisivas a pesar de ser el 8% de la población de la región. De esta escasa proporción, solo 3 de cada diez son mujeres, según el informe preliminar del último Proyecto de Monitoreo Global de Medios (2020). Por otro lado, la promoción de leyes de acción positiva, permite reparar la desigualdad histórica de grupos vulnerados. Así fue con la ley de cupo y las leyes de paridad política, por citar solo algunas. Estas son las genealogías que la preceden.