Producción: Natalí Risso

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Construir soberanía feminista

Por Elizabeth Gómez Alcorta (*)

El maridaje secular entre patriarcado y capitalismo cuenta con la invisibilización y naturalización de las violencias contra mujeres y diversidades como una de sus piedras angulares. Se comprende con precisión, entonces, el porqué de las virulentas resistencias cada vez que las cuestionamos y buscamos erradicarlas.

Hace relativamente poco que pudimos ponerle nombre propio a las formas más extremas y explícitas de esas violencias. En las últimas cuatro décadas avanzamos en todos los planos, develando la trama compleja de las violencias que nos atraviesan. Gracias a la lucha feminista, hoy ya no reducimos ese fenómeno a sus manifestaciones más evidentes.

Pero aún tenemos cuentas pendientes. La violencia económica es una de las más extendidas y difíciles de visibilizar hasta el día de hoy. En Argentina, contamos con la Ley N° 26.485, que la define como aquella que, entre otras cosas, menoscaba “los recursos económicos de la mujer”, limita sus ingresos o impone un menor salario por el mismo trabajo.

La violencia económica limita la autonomía de las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, permitiendo la continuidad de otras formas de violencia, con las que por lo general se combina. Durante el 2020, las denuncias por violencia económica en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD) representaron el 29 por ciento del total. Por supuesto que las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y la población travesti y trans se ven afectadas de manera diferencial.

Un análisis de la violencia económica no puede agotarse en casos individuales y abordajes jurídicos. Por el contrario, su carácter estructural nos demanda un enfoque social amplio y políticas públicas de igualdad, consistentes y de largo plazo.

Los trabajos de cuidados no remunerados, imprescindibles para toda sociedad y que los estereotipos de género asignan a las mujeres, impactan de manera negativa en trayectorias educativas, participación en el mercado de trabajo, protección social y participación política, entre otras. En pandemia esas responsabilidades de cuidado aumentaron y profundizaron las desigualdades de género. Según el Indec, en 7 de cada 10 hogares del Gran Buenos Aires son las mujeres quienes sostienen las nuevas tareas de cuidado. Estas exclusiones estructurales y coyunturales producen una pobreza feminizada: el 70 por ciento de las personas que integran el decil más bajo de ingresos son mujeres.

Dentro del mercado de trabajo las condiciones son en extremo desiguales. La brecha salarial entre varones y mujeres alcanzó en 2020 el 24 por ciento. El sector de casas particulares, que emplea a casi 20 por ciento de las mujeres trabajadoras, sufrió una baja de más de 300 mil puestos laborales en el 2020, y se estima que el 65 por ciento de sus trabajadoras están debajo de la línea de la pobreza.

Por todo esto, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad impulsamos una serie de políticas que tienen como eje el fomento de la soberanía económica de las mujeres y diversidades. Se está implementando el programa Acompañar, que garantiza apoyo integral y un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante 6 meses a todas las personas que atraviesan situaciones de riesgo. Articulamos con el Ministerio de Desarrollo Social el programa Potenciar Trabajo para la misma población, y, más recientemente, lanzamos el programa Producir, para el fortalecimiento de proyectos productivos que incluya a personas que hayan transitado, o lo estén haciendo, situaciones de violencia por motivos de género.

Desde el primer día de la gestión pusimos en el centro de nuestra agenda a los cuidados. Conformamos una mesa interministerial de políticas de cuidado para articular de forma integral las políticas que cada ministerio y organismo nacional lleva adelante en la materia; estamos construyendo un Mapa Federal que releve los servicios de cuidados en todo el país, a la par que estamos elaborando un anteproyecto de ley para transformar de raíz esta desigualdad económica que se genera por la asimetría en las tareas de cuidado.

Sabemos que tenemos situaciones cuya atención es urgente. Pero también tenemos la convicción de que a los problemas estructurales se los combate con transformaciones también estructurales. Esos cambios de fondo no se conquistan de la noche a la mañana, pero ese es nuestro camino. Tenemos la voluntad política y la fuerza de un movimiento feminista valiente y comprometido para lograrlo.

(*) Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

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Justicia de género

Por Paula Basaldúa (**)

Así como la política pública productiva no es neutral a la hora de definir el crecimiento de largo plazo de nuestro país, tampoco lo es la estructura productiva en términos de las desigualdades de género que la atraviesan. Las brechas existentes menoscaban la participación igualitaria y el pleno desarrollo personal y social de las mujeres.

Según datos del CEPXXI, en el primer trimestre de 2020 la tasa de actividad masculina fue sensiblemente superior a la femenina (68,7 contra 49,5 por ciento), asimetría que suma un componente territorial, ya que las brechas se intensifican en ciertas provincias. Las brechas de género en el entramado productivo contribuyen a perpetuar las violencias, entre ellas, la violencia económica y patrimonial. El tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado incide en su autonomía económica: ganan un 24 por ciento menos que los varones y la menor cantidad de horas trabajadas pagas es una de las causas de esta asimetría. En las actividades de cuidado la brecha se intensifica en los hogares de menor ingreso, donde las mujeres se ocupan 2,5 veces más que los hombres del trabajo doméstico no remunerado, y en muchos casos son únicas jefas de hogar.

Si tomamos el valor de ingreso-horario las diferencias se reducen, pero las desigualdades persisten. El 46 por ciento de las mujeres ocupadas tiene estudios superiores, cifra que cae al 30 por ciento en los varones. Teniendo en cuenta esta disparidad en el nivel educativo, la brecha del salario-horario pasa a ser alrededor del 14 por ciento.

El Ministerio de Desarrollo Productivo asumió un fuerte compromiso con la ampliación de derechos y puso en agenda medidas concretas para erradicar las inequidades de género. La primera de ellas fue la decisión del ministro Matías Kulfas de conformar un Gabinete paritario y lanzar el Gabinete de Género.

Desde aquí avanzamos en la construcción de una visión compartida de las políticas de desarrollo productivo con perspectiva de género. El año pasado presentamos 39 iniciativas con enfoque de género transversales a todas las áreas del Ministerio. Para este año, se destinó aproximadamente el 6 por ciento del presupuesto total del organismo a programas y proyectos con perspectiva de género.

Con el Plan de Desarrollo Productivo con enfoque de género queremos mejorar el acceso y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo, impulsando su crecimiento profesional en condiciones de igualdad. Varias de las iniciativas en curso apuntan a garantizar la autonomía económica, contribuir al desarrollo con equidad y a la erradicación de las violencias por motivos de género.

El Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales contempló 42.000.000 de pesos de inversión presupuestaria por aplicación de políticas de género (mejoras en la infraestructura, capacitación para mujeres o mixtas y criterios de selección positiva de empresas proveedoras lideradas por mujeres). Hacia fines de mayo se entregaron casi 250 créditos a pymes lideradas por mujeres, por más de 2.000 millones de pesos. El programa de Crédito Fiscal contó con el 65 por ciento de los proyectos con mujeres: 7 de cada 10 proyectos financiados participaron mujeres trabajadoras o directivas. Además, se creó el Consejo Asesor, integrado por mujeres del entramado productivo de todo el país.

Incorporamos nuevas líneas de trabajo, fortaleciendo la transversalidad de género en las políticas públicas y construyendo un modelo de gestión a nivel nacional e internacional. Abordar estos desafíos es posible gracias al trabajo en equipo con todas las áreas y secretarías, la decisión política de destinar un presupuesto histórico en este ámbito, la reflexión conjunta con las autoridades acerca de las mejores estrategias para alcanzar el desarrollo con igualdad, y el trabajo articulado tanto con organismos públicos provinciales y municipales como con el sector privado.

En este momento tan difícil para la Argentina y para el mundo, no dejamos de trabajar cada día para poner a nuestro país de pie, sabiendo que no habrá desarrollo sostenible, ni justicia social sin justicia de género.

(**) Coordinadora del Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo.