El confinamiento obligatorio que impuso la crisis sanitaria originada por la pandemia de coronavirus produce numerosas consecuencias ajenas a la salud o a la economía. Conflictos de índole diversa que la mayoría de las veces impactan sobre población vulnerable. Y eso se ve reflejado desde el año pasado en el incremento geométrico de la demanda por asesoramiento legal en las defensorías civiles del Poder Judicial. Violencia familiar, reclamos de cuota alimentaria, secuelas sociales del consumo problemático de sustancias, personas desamparadas en pandemia, trámites complejos ante distintas agencias del Estado, peleas entre vecinos. Un universo de disputas que se multiplicó desde que el covid-19 jaqueó al mundo y que en las defensorías civiles y zonales de Rosario hizo eclosión.
La defensora general de Cámaras, Marcela De Luca, contó el cambio en la modalidad de trabajo que impuso el aislamiento obligatorio el año pasado. Allí se terminó la presencialidad, y con ello la aglomeración de personas sin turno previo en los pasillos de Tribunales en busca del asesoramiento jurídico gratuito que provee el sistema. El cambio sirvió para ordenar, establecer turnos y priorizar los casos urgentes. Y sumaron dos líneas de atención telefónica y whatsapp (341-2685078 y 341-2685088), además de la gratuita 0800 777 2017 (opción 2) para evacuar consultas de manera directa y remota.
No obstante, las Defensorías Generales Civiles atienden en Tribunales por turno previo (en justiciasantafe.gov.ar). "Tratamos de evitar que la persona venga al tribunal, pero la gente está acostumbrada a venir y quiere ver al defensor, porque muchas veces su problema es más social que jurídico. Hay una necesidad de contención, de escucha, que es importante", observó De Luca en diálogo con Rosario/12.
El sistema brindó más de 20 mil asesoramientos entre agosto y diciembre de 2020. Y entre febrero y mayo de este año superó las 9.600 consultas. Entre las 300 personas que se atienden por día en Tribunales y la atención remota vía whatsapp, aflora un abanico de situaciones que aumentaron con la pandemia.
La violencia intra familiar es el tópico más recurrente. "Si a cualquiera de nosotros el encierro nos afecta, imaginate al violento que tiene a su víctima, sea la mujer o los niños, al alcance de la mano. Antes el agresor se iba y trabajaba, pero luego perdió el trabajo o tuvo que quedarse encerrado en la casa con el grupo familiar. Y muchas veces el problema viene acompañado de consumos de alcohol o droga. Consultas por esta clase de situaciones crecieron alrededor de un 30 por ciento", calculó la coordinadora general del sistema.
Otro motivo generalizado de demanda desde la pandemia es el reclamo de pago de la cuota alimentaria en el caso de padres separados. "Sucede que con la pérdida de ingresos, de empleos aunque los despidos estaban prohibidos, muchos padres dejaron de pagar alimentos. Hubo quienes también aprovecharon para dejar de pagar con la excusa de que no podían ir al banco, y también allí tenemos que intervenir", acotó De Luca.
La defensora marcó una situación repetida en casos de parejas separadas. "Hubo una avalancha de reclamos de devolución del cuidado personal de los chicos, porque algunos padres aprovecharon la situación. Tenían un régimen de tres días por semana para tener al niño, y con la restricción se quedaban con el chico".
Pacientes con patologías psiquiátricas, o atravesados por adicciones, también quedaron en el centro de otra clase de problemas propiciados por el encierro. "Tuvimos muchos pacientes que ya no pudieron acudir al médico y conseguir la receta para acceder a su medicación imprescindible. Así ocurrieron muchos casos de brotes psicóticos, o pozos depresivos, y el entorno familiar acudiendo a la defensoría. O la mujer que viene llorando sin saber qué hacer con su hijo que, atravesado por el consumo de sustancias, se puso agresivo con sus convivientes, rompiendo todo en la casa, vendiendo las cosas. Ahí debemos intervenir, contactar al juzgado de Familia y tramitar una internación no voluntaria", explicó De Luca. "Esta clase de consultas siempre existió, pero desde la pandemia podríamos decir que se duplicó", dijo.
El mayor tiempo transcurrido en el hogar también ha suscitado problemas de convivencia entre vecinos, y esto también se refleja en las consultas a las defensorías zonales, ya como instancia de mediación. "Los defensores zonales interceden, convocan a audiencia a las partes por videollamada con el celular, y se procura conciliar, pacificar", reveló la defensora general de Cámaras.
El sistema de defensorías cumple en esta coyuntura un rol de trabajo social. Abundaron urgencias como una persona que ha sido expulsada de su hogar, una madre con hijos a la deriva, deambulando de casa en casa; o personas que por una razón u otra habían quedado sin poder cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Estas situaciones también obligaron la intervención de las Defensorías.
"Sucede que si a la persona le faltan requisitos, está indocumentada, y no puede acceder al beneficio que otorga el Estado. Entonces desde aquí tramitamos el DNI ante el Registro Civil, u otra gestión ante Ansés, lo que sea necesario", señaló De Luca. Es que la burocracia suele ser un caos inabordable para cualquier mortal. "Es preciso que llamemos nosotros, porque si la persona lo intenta sola seguramente no lo consiga. Con el confinamiento hubo gente que no supo cobrar su beneficio con una tarjeta, y luego de un tiempo perdió el dinero que le habían depositado, y entonces venía desesperada porque llegaba un punto en el que no tenía plata para comer", contó como ejemplo.
En otros casos, hubo personas que acudieron a la Defensoría para contar que tenían como vecina a una persona discapacitada, o niños cuyos padres murieron sucesivamente por causa del covid-19. Eso ameritó gestiones ante instituciones del Estado para poner a cuidado la persona en riesgo, indagar en su grupo familiar ampliado si lo tuviera, garantizar su cobertura de salud, o su internación, según el caso.
La demanda suscitada ha sido diversa. En tiempos de restricciones varias, y con comedores escolares inactivos por el cierre de las escuelas, buena parte de la población en los barrios más pobres sumó vulnerabilidad. De Luca contó que también han tenido que intervenir ante distintos estamentos estatales para garantizar la llegada de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios.
"Para ser defensor, tanto civil como zonal, hay que tener un compromiso y una vocación de servicio hacia el justiciable, porque detrás de todo conflicto hay un problema humano, social, económico, de vulnerabilidad. Se requiere una sensibilidad especial para no quedarse solo en el cumplimiento del deber: es importante el acompañamiento, la contención, la escucha", concluyó.