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Luego de la media sanción al proyecto de cupo e inclusión laboral travesti trans en la Cámara de Diputados de la Nación, y con la confianza de que el Senado lo aprobará, el escenario de la provincia de Salta se caracteriza por la falta de inclusión real en los distintos niveles de gobierno, sean municipales o la provincia, y en los otros organismos del Estado. Sólo el Ministerio Público Fiscal de Salta contrató a una mujer trans en la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios de Salta (UFEM).
Además, aún no puede darse un efectivo cumplimiento del decreto 721/20 en las delegaciones de organismos nacionales que hay en la provincia. Por decisión del presidente Alberto Fernández, el decreto ordena que se debe garantizar un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público. Incluso un día antes de la sesión especial de Diputados, la periodista trans Nicole Erazo pedía ser incluida en Radio Nacional Salta, que integra la red de radios del estado nacional.
La responsable del Área de Diversidad Sexual de la Agencia de Mujeres, Géneros y Diversidad del gobierno de Salta, Victoria Liendro, contó ante Salta/12 que de aprobarse la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans se dará ejercicio pleno al derecho al trabajo. "Si bien está el decreto (nacional), no es una ley", ya que de tener la ley se "empieza a poner en agenda las políticas de empleabilidad".
A fines del año pasado, la sede Salta de Mujeres Trans Argentina y la Cátedra Abierta Lohana Berkins de la Universidad Nacional de Salta dieron a conocer un informe de la Encuesta sobre capacitación y trabajo en la comunidad trans de Salta. Allí se constató que el 94% de las personas trans de Salta, sufre una situación laboral precaria.
De las 100 personas encuestadas, 39 dijeron estar desocupadas, mientras que 26 indicaron que tienen un emprendimiento personal pero sin un sueldo fijo. En tanto, 29 personas afirmaron que ejercen la prostitución y sólo 6 declaracaron tener un trabajo estable.
Liendro indicó que este mes desde el gobierno provincial darán a conocer un registro dirigido a los 60 municipios de la provincia para relevar la cantidad de personas travestis, transexuales y transgénero. En paralelo se realizarán formaciones para lograr mayor sensibilidad cuando se habla de cupo laboral, teniendo como principal base la Ley Micaela, N° 27.499.
Ese registro será trabajado desde las distintas áreas de Géneros o de Acción Social de los gobiernos municipales y con los datos relevados, el propósito es "avanzar en políticas integrales" de empleabilidad. Esto porque la comunidad LGBTIQ+ sigue sin ser un sector tenido en cuenta para el diseño de políticas públicas, sean provinciales o municipales.
Incluso con la llegada de la pandemia, y a mediados del año pasado, la referente de Mujeres Trans Argentina, Luz Bejerano, decía que el gobierno de Gustavo Sáenz, no estaba dando respuestas a las demandas de la comunidad trans. Y en relación al cupo laboral, dijo que la Legislatura no planteó un tratamiento al respecto.
Con la llegada del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad las políticas nacionales de asistencia por la pandemia pudieron ser dirigidas a la comunidad, como fue el caso del Potenciar Trabajo. La cartera que dirige Elizabeth Gómez Alcorta, realizó un relevamiento en todo el país para otorgar el beneficio. En el caso de Salta, 63 las personas respondieron haber sido beneficiadas.
Se apueba el cupo, pero no se cumple
Siete municipios de Salta tienen aprobado el cupo laboral trans: Rosario de Lerma, Cerrillos, El Carril, Joaquín V. González, Metán, Vaqueros y Orán, este último fue el primero en aprobarlo, en 2018. Sin embargo, ni el ex intendente Marcelo Lara Gros, ni el actual jefe comunal, Pablo González, demostraron interés en aplicarlo.
Si bien en la ciudad oranense existe un Área de Género y Diversidad, conducida por Soledad Saba. Y si bien en su equipo se cuenta la activista trans Fey, su nombramiento se dio por parte del área ejecutiva y no por el cumplimiento de la ordenanza.
No obstante, en el resto de las localidades con cupo laboral trans aún sus actuales intendentes no dan luz verde para que se cumpla lo aprobado por los ediles. Por eso tanto Renata Tapia, de Rosario de Lerma, como Nina Aparicio, de Joaquín V. González, dos mujeres trans, se presentan como candidatas a concejalas en las próximas elecciones del 14 de agosto llevando como principal bandera el cumplimiento del cupo en sus municipios.
Pero el caso más resonante sucede en la propia Capital de Salta, en donde desde el año pasado no se logra que se trate el proyecto de cupo laboral presentado por la concejala Candela Correa. Actualmente la iniciativa está en la Comisión de Derechos Humanos y su presidente, Fernando Ruarte, dijo a Salta/12 que lo dejaban sin quorum en la comisión, pero aseguró que se avanzará con el dictamen de minoría.
No es el primer intento que se hace por obtener el cupo laboral trans en la Capital, el último anterior fue en agosto de 2018, cuando el proyecto llegó al recinto, pero fue modificado y terminó convertido en un programa de empleabilidad y promoción de los derechos humanos para la inserción laboral de las personas trans. Para ese entonces, el presidente del cuerpo legislativo era Matías Cánepa, actual ministro de Educación de Salta.
Quien avanzó aplicando el cupo es el Ministerio Público Fiscal. En enero de este año, el procurador general Abel Cornejo recibió a las referentes locales de Mujeres Trans Argentina para dialogar sobre la implementación del cupo laboral trans en ese ámbito.
Ante la inexistencia de una ley provincial sobre la temática, la estrategia para avanzar en su implementación fue definida por el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género y en ese mismo enero una trabajadora cumple funciones en la UFEM.
Sin contratos en organismos nacionales
En septiembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández emitía el decreto 721/20 que establecía el cupo laboral travesti trans en la administración pública nacional, que los distintos organismos también deban cumplirlo en sus respectivas delegaciones provinciales.
De acuerdo a los datos que maneja la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, desde que se emitió el decreto nacional, el número de personas travestis, transexuales y transgénero se triplicó en los distintos órganos nacionales.
Sin embargo, en Salta aún ninguna persona trans ha sido contratada en las delegaciones locales de organismos nacionales. La principal razón es que las delegaciones en Salta tienen una escasa planta de trabajadores y el principal argumento es que no hay presupuesto para sumar nuevas contrataciones.
Por ejemplo, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Salta tiene sólo 4 trabajadores en su delegación, pero es uno de los organismos que mayor contratación de trabajadores de la diversidad tiene, aunque están concentrados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otro caso es de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, uno de los organismos que tiene una planta mayor de trabajadores en el área técnica. En la provincia son alrededor de 60 de los casi 900 de todo el país.
La técnica e integrante del área de Géneros, Claudia Cayo, dijo que "las delegaciones pueden tomar decisiones, pero el problema es que no están ingresando técnicos y técnicas", por lo que sigue siendo una cuestión que depende de las principales autoridades de cada organismo.
No obstante, Cayo recordó que todavía siguen pidiendo por la reincorporación de seis técnicos que fueron despedidos durante el macrismo. Por lo que pensar en tener nuevos compañeros, será un paso posterior de darse la reincorporación de estas personas.
El miércoles último, la periodista trans Nicole Erazo presentó una nota dirigida a Dolores Plaza, directora de Radio Nacional Salta, para que bajo el amparo del decreto nacional se la incorporara a la emisora. Plaza dijo ante este medio que aún no había dado una respuesta a la solicitud.
En Salta también hay delegaciones del PAMI; la Anses; el Ente Nacional de Comunicaciones; Parques Nacionales; la Superintendencia de Servicios de Salud; el Ministerio de Trabajo; la Secretaría de Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social; Migraciones y Vialidad Nacional.
