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El patrón de distribución de la propiedad rural en América latina fue muy concentrado. La consolidación de una poderosa oligarquía, con distintas características nacionales, es resultado de ese proceso. En ese marco, la reforma agraria se constituyó en una bandera de lucha de movimientos campesinos y populares. En Bolivia, el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario encaró una ambiciosa reforma en 1953. Los Estados Unidos tildaban como “comunistas” ese tipo de iniciativas.
El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 provocó un giro en la política estadounidense. El 13 de marzo de 1961, el presidente Kennedy convocó “a todos los pueblos del hemisferio para que nos juntemos en una Alianza para el Progreso, en un vasto esfuerzo de cooperación, sin paralelo en su magnitud y en la nobleza de sus propósitos, a fin de satisfacer las necesidades fundamentales de los pueblos de las Américas de techo, trabajo y tierra, salud y escuela”. El objetivo era asegurar la hegemonía estadounidense en su “patio trasero” apoyando algunas reformas (agraria, vivienda, erradicación de analfabetismo).
El sociólogo Atilio Borón explica en Teoría(s) de la Dependencia que “Washington ordena que hay que impulsar la reforma agraria porque se dieron cuenta de que la crisis del agro en Cuba y la fortaleza del movimiento campesino habían sido factores de gran importancia para el triunfo del Movimiento 26 de julio. La Casa Blanca dispuso que para recibir fondos los gobiernos receptores de esa ayuda debían previamente aprobar una ley de Reforma Agraria. En todos los países de América latina, menos uno, se sancionó esa legislación (más allá de que luego esa ley se hubiera aplicado o no). El único país en que esa ley ni siquiera llegó a tener estado parlamentario fue la Argentina”
Por ejemplo, el presidente chileno Alessandri promulgó una ley de reforma agraria en 1962 que benefició a mil familias. Sin perjuicio del limitado alcance, se crearon dos instituciones: Corporación de la Reforma Agraria (Cora) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Ambas fueron importantes para las reformas posteriores encaradas por Frei y Allende. En el primer caso, el presidente democristiano expropió 1400 predios que comprendían 3.557.000 hectáreas. La Iglesia Católica se pronunció a favor de esas medidas en una Carta Pastoral titulada “El deber social y político”. A su vez, el cardenal Raúl Silva Henríquez impulsó la entrega de 5 fundos de propiedad eclesiástica a 301 campesinos. El socialista Salvador Allende profundizó ese proceso expropiando 4409 predios que abarcaban una superficie total de 6.409.000 hectáreas.
La reforma agraria también fue promovida por el gobierno brasileño de Joao Goulart. La oposición fue encabezada por los principales medios de comunicación (Correio da Manha, O Globo, O Estado de S. Paulo). Por otro lado, el sacerdote Patrick Peyton organizó en San Pablo la “Marcha de la familia con Dios por la Libertad” agitando el fantasma del “comunismo”.
En la actualidad, el nivel de concentración de la propiedad rural continúa siendo muy elevado. Según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el uno por ciento de los propietarios de América latina concentra más de la mitad de las tierras agrícolas. La región registra la distribución de la tierra más desigual del mundo. El coeficiente de Gini, aplicado a la distribución de la tierra, alcanza a 0,79, muy por delante de Europa (0,57), Africa (0,56) y Asia (0,55).
“Esta situación no ofrece un camino para el desarrollo sostenible, ni para los países, ni para las poblaciones”, denuncia la ONG OXFAM.
@diegorubinzal
