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La lupa se posó demasiado tarde sobre las implicancias dañinas para Brasil en el Lava Jato y el papel que cumplió el Departamento de Estado de EE.UU. Proscripto y encarcelado Lula, y destituida Dilma Rousseff, el huevo de la serpiente arrojó lo que ya se sabe. El acceso al Planalto de un ex militar que reivindica a la dictadura, la tortura y cuyo gobierno negacionista multiplicó las consecuencias de la trágica pandemia. Ahora un grupo de 23 congresistas demócratas espera la respuesta del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para conocer de qué modo se entrometió la principal potencia mundial en los asuntos internos brasileños. Lo que parecía imposible con Donald Trump, pasó con Joe Biden. Pero eso no quiere decir que hayan variado los intereses y la estrategia de la Casa Blanca para el país que preside Jair Bolsonaro. Quizá puedan conocerse más detalles secretos de las injerencias de Washington en la megacausa de corrupción que explotó en 2014. Algunos datos se difundieron hace tiempo. Son parte del lawfare (ley y guerra, las cosas por su nombre) que terminó con la hegemonía del PT en octubre de 2018 y permitió la llegada de la ultraderecha al poder.
El pedido de explicaciones al fiscal general Garland de los representantes del Partido Demócrata es una derivación de la carta que 77 legisladores brasileños les enviaron a sus pares de EE.UU en 2020. The Nation, un medio progresista de Estados Unidos, difundió la solicitud de colaboración entre los congresistas. Citando al grupo de 23 demócratas – que integran Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Susan Wild de Pennsylvania, Ilhan Omar de Minnesota, Rashida Tlaib de Michigan, Raul Grijalva de Arizona y Jesús ‘Chuy’ García de Illinois, entre otros y otras – señaló que están preocupados porque “los recursos que deberían haberse destinado a una importante legislación estadounidense dedicada a combatir la corrupción se hayan utilizado indebidamente”.
La carta a Garland la firmaron – además de los representantes del Congreso – organizaciones sindicales de Estados Unidos como la United Auto Workers, la United Food and Commercial Workers, y Retail, Wholesale and Department Store Union. Un gremio automotriz, uno de alimentos y el de trabajadores de grandes empresas como Amazon. Todos exigieron la semana pasada que se haga pública la información vinculada al Departamento de Estado y su intervención en el Lava Jato.
Lawfare
Las irregularidades del proceso que llevó adelante el exjuez y exministro del actual gobierno, Sergio Moro, siguen ventilándose. Aunque todavía sin consecuencias importantes como las que espera la sociedad brasileña por los efectos devastadores que tuvo el lawfare para su democracia. BBC News Brasil entrevistó al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurelio Mendes, quien deslizó que si se probaran más delitos cometidos por el Poder Judicial en el Lava Jato caerían más sentencias como la que encarceló y proscribió al expresidente Lula.
Algunos de los hechos ya se conocen y tuvieron a Estados Unidos en un papel protagónico. Un trabajo publicado en la página de CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) por la politóloga argentina Silvina Romano el 28 de mayo de 2017 señala que “la judicialización de la política tiene objetivos materiales claros. Sin necesidad de escudriñar demasiado, puede verse que el ‘árbol’ de la corrupción, parecería estar tapando un bosque: el desguace de la estructura económica brasileña”.
El objetivo así planteado perseguía mucho más que investigar las prácticas corruptas en la multinacional brasileña Odebrecht. El texto de la también investigadora del CONICET es prolífico en antecedentes del lawfare que sufrieron los principales dirigentes del PT. Explica además que “parece claro que una de las motivaciones del espionaje fue Petrobrás y el rol de Brasil en el mercado mundial de hidrocarburos”.
La expresidenta Rousseff fue espiada por la NSA (un ente subordinado a la CIA) y en 2013, su ministro de Justicia Eduardo Cardozo calificó al hecho como “gravísimo” y una “clara violación de la soberanía” brasileña.
Una de las agentes del FBI que trabajó codo a codo con la Policía Federal de Brasil y los operadores judiciales en ese país al servicio del Departamento de Justicia de EE.UU es Leslie Backschies. Citada por Associated Press en marzo de 2019, dijo sin sonrojarse: “Vimos presidentes derrocados en Brasil”. También observó “mucha actividad en América del Sur. Odebrecht, Petrobras… Sudamérica es una región donde hemos visto corrupción. Hemos tenido mucho trabajo allí”. Nada nuevo, salvo el interés unidireccional de Estados Unidos en la corrupción de los gobiernos que no siguen como rebaño su política hemisférica.
Durante el Lava Jato – al que fue asignada en 2014 – la integrante del FBI se familiarizó con la llamada República de Curitiba. Ella viajaba a la capital de Santa Catarina con una frecuencia parecida a la que Moro lo hacía a Estados Unidos. Ya en julio de 1998 y con apenas 25 años, el exministro estrella de Bolsonaro participó del Programa de Instrucción para Abogados en la Escuela de Derecho de Harvard. Desde entonces nunca detuvo sus viajes a EE.UU. En julio de 2016 y con el Lava Jato lanzado a la caza de corruptos, brindó una conferencia en Washington DC sobre la importancia de los medios en el apoyo a investigaciones criminales.
El desenlace de Moro en el gabinete del actual presidente brasileño es conocido. Por sus buenos oficios, Backschies fue premiada con destino en la ciudad del sol, Miami. Desde 2019 está al frente de la Unidad de Corrupción Internacional (UCI) del Buró Federal que hizo famoso Edgar Hoover, el jefe misógino y racista que lo condujo a lo largo de casi 40 años.
La política continua de injerencias de Estados Unidos en América Latina con fines comerciales tiene un mojón en la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977. Es la herramienta más útil del Departamento de Justicia para sancionar a otros estados cuando se cometen delitos económicos fuera de la jurisdicción de EE.UU. Es una de las precursoras – después se agregaron otras – en la instalación del concepto de extraterritorialidad, tan expuesto en las políticas de Washington hacia Cuba y Venezuela. Desde marzo de 2015 el FBI extendió su influencia en las investigaciones sobre casos de corrupción más allá de sus fronteras. El de Brasil fue uno paradigmático que hoy recobra su interés en el Capitolio. El pedido de explicaciones al fiscal general de EE.UU por los representantes demócratas llega tarde pero puede seguir esmerilando al Lava Jato.
