El fiscal general Jorge Baclini autorizó finalmente al Organismo de Investigaciones que dirige Marcelo Sain a participar en la búsqueda y captura de seis ex policías prófugos, que deben ser juzgados por terrorismo de Estado. La petición había partido de los fiscales federales Adolfo Villate y Juan Patricio Murray, pero en un primer momento el jefe de los fiscales de toda la provincia, no había valorado los argumentos presentados, con lo cual se ganó la crítica de propios y extraños. Por eso se esforzó ahora en destacar en su respuesta que "tengo un compromiso pleno e inquebrantable por la memoria, la verdad y la justicia en relación a los hechos criminales acontecidos durante la última dictadura cívico-militar y, asimismo, una profunda convicción respecto de la necesidad de culminar las investigaciones concernientes a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos efectuadas por el propio Estado durante dicho período oscuro y nefasto de la historia de nuestro país". "Es una excelente noticia la revisión de la decisión, dijo Villate, porque las personas para cuya aprehensión se requirió colaboración fueron funcionarios públicos pertenecientes a la policía de la provincia de Santa Fe y los delitos cuya presunta comisión se les enrostra, fueron cometidos en ocasión de sus funciones, en la comisión de dichos delitos hubo aquiescencia del Estado provincial de facto".

La respuesta que demoró unos días fue acompañada de una apelación de los fiscales federales que argumentaron que pedían el auxilio habida cuenta de la necesidad de terminar con esta media de docena de ex policías santafesinos que seguían esquivando a la justicia, ya que varios de los "inhallables" cobraban jubilación del Estado santafesino, con lo cual figuran en los registros provinciales, entre otros puntos. Antes de eso, Baclini le había indicado declinar su competencia a Sain con un argumento duro: "Particularmente en Rosario existe una gran demanda de parte de fiscales de este Ministerio Público respecto de la intervención del OI, de manera que deberán concentrarse y priorizarse los esfuerzos y el personal del Organismo en dichas actividades". 

Baclini ahora dice que se lo explicaron mejor, que en la primer presentación de Sain. "Conforme fueron presentados e informados los hechos en los que radicaba la petición, los mismos, en principio, ameritaban mayores datos a los fines de evaluar la viabilidad del pedido y su compatibilidad con la norma habilitante de la competencia", dijo ahora el jefe de fiscales.

Y en línea con lo que escribió el fiscal Villate al apelar, Baclini consiente que "los delitos cometidos por un grupo delictivo organizado al que usted hace referencia, o los delitos que importen repercusión social o gravedad institucional o complejidad en la investigación apuntados, deben ser en principio de competencia provincial, por ser el OI un órgano de apoyo al Ministerio Público de la Acusación que sólo puede intervenir en la persecución de hechos criminales de jurisdicción provincial, puesto que tal es su ámbito de actuación".

Por eso el titular del Ministerio Público de la Acusación reconoce que "a partir de que se me informan debida y acabadamente los fundamentos del pedido de colaboración efectuada por el doctor Adolfo Villate, se puede advertir que los eventos por los cuales se solicita la intervención del OI encuadran dentro de los presupuestos legales. En esta dirección, no esta demás reiterar que toda la situación que ahora ampliamente se describe, no se encontraba explicada ni especificada en la aceptación genérica que oportunamente me había comunicado, resultando que en función a esa falta de precisión sobre los antecedentes del caso y fundamentación de la colaboración, es que el suscripto le peticionó las puntualizaciones que ahora disipan todas las dudas".