El juicio político contra la defensora oficial Civil de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz, comenzará el próximo 22 de junio. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Poder Judicial y Funcionarios del Ministerio Público de Salta debe resolver si las acusaciones que pesan contra ella ameritan que se la destituya.
La defensora oficial civil viene enfrentando denuncias desde principios de febrero de este año, cuando junto a su hermana y concejala de la ciudad de Tartagal, Paola Díaz, fueron imputadas por el delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, atribuyéndoles haberse apropiado y vendido donaciones que estaban destenidas a integrantes de comunidades del Pueblo Wichí del norte salteño. Luego la defensora sumó otra imputación penal por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Además, la defensora oficial civil fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento. Primero la acusaó su jefe, el defensor general de la provincia, Pedro García Castiella, quien la denunció por hechos detectados en la Defensoría Oficial a su cargo, por los que se le imputa mala conducta, mal desempeño e incumplimiento de los deberes a su cargo, todas causales para la destitución.
Otra acusación por la que se pide que sea sometida al jury de enjuiciamiento fue promovida por el procurador general, Abel Cornejo, por la presunta retención de donaciones destinadas a comunidades indígenas.
Luego fue denunciada otra vez por el defensor general por una presunta intervención de la defensora oficial civil en un operatoria de usurpación de una posesión en la ciudad de Joaquín V. Gonzalez, en el departamento Anta.
Según se informó en su momento, la investigación sobre este último hecho venía realizándose desde antes de que trascendiera la denuncia por las donaciones. En este caso una mujer de condición humilde de General Mosconi denunciaba que la defensora oficial había abusado de su falta de conocimiento para involucrarla en una maniobra para usurpar una propiedad.
A finales de abril el Jurado de Enjuiciamiento declaró admisible los jurys promovidos en contra de la defensora y la suspendió en su cargo mientras se sustancia este trámite, con una retención del 30% de sus haberes. Para entonces Díaz ya estaba suspendida, por decisión de la Defensoría General, que le inició un sumario administrativo ni bien se conoció de la denuncia por la mercadería y vestimenta donadas con destino a comunidades indígenas que las hermanas mantenían acumuladas en una casa familiar.
Más de 250 casos paralizados
El jefe de la defensora investigada, Pedro García Castiella, denunció a Rosa Díaz en marzo pasado ante el Jurado de Enjuiciamiento, luego de que detectaran más de 250 expedientes que se encontraban en condiciones de ser iniciados por la funcionaria pero que permanecieron inactivos, provocando un perjuicio a las personas que habían requerido esta asistencia del Estado.
García Castiella atribuyó a la defensora targalense mala conducta, mal desempeño e incumplimiento de los deberes a su cargo. Señaló que en la revisión de los casos que Díaz dejó sin tratar encontraron "una cantidad desmedida de trámites pendientes de inicio" y, en otros casos, "un sensible abandono e inacción que se tradujo en una ausencia de respuesta a sus asistidos".
La Defensoría General realizó un relevamiento de los casos que tenía la defensora oficial civil. Así determinó que entre 2017 y 2020, dejó sin atender 262 casos que se encontraban en condiciones de haber sido iniciados. En el pedido de jury el defensor general reseñó 150 de esos casos, describió los hechos, su estado actual y toda otra información de interés para la investigación.
Al admitir los pedidos de juicio político contra la defensora oficial, el Jurado de Enjuiciamiento entendió que las acusaciones podrían estar comprendidas en "las causales de comisión de delito común, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.
Añadió que estas acusaciones no pueden ser tomadas como “simples disconformidades” con la actuación de Díaz en su función, porque no se tratan "solo de apreciaciones subjetivas o pareceres acerca de la forma en que ha desarrollado la magistratura", sino que "se han expuesto argumentaciones suficientes" para sustentar "indicios sobre cuya base se podría arribar a la conclusión de la existencia de aquellas causales de remoción".
El Tribunal de Enjuiciamiento está presidido por el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, y lo integran el juez de Corte Horacio Aguilar; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix; el presidente de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado, Jorge Soto; el secretario legislativo del Senado, Luis Guillermo López Mirau; el fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina y el secretario Legislativo de Diputados, Pedro Mellado.
