El viernes último se les comunicó a 18 trabajadores que se desempeñan como ordenanzas en la escuela primaria N° 4273, Arturo Illia, de la ciudad de Orán, que habían sido desafectados de sus tareas y serían reemplazados por otros trabajadores. El día anterio, habían realizado una protesta en reclamo de los sueldos adeudados de abril y mayo de este año.
El grupo de trabajadores ingresó al establecimiento en marzo a través de un convenio que firmó el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta con los municipios. Antes de ello, la cartera que dirige Matías Cánepa, firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación de Nación, en el marco del programa nacional Potenciar Trabajo, que otorga un sueldo mensual de $10 mil.
La vocera de los despedidos, Patricia Vaca, contó a Salta/12 que seguían sin cobrar sus salarios correspondientes a abril y mayo, y que habían cobrado marzo recién en mayo. "El jueves hicimos una protesta pidiendo que se nos paguen los meses adeudados", dijo Vaca, pero no sólo no consiguieron que se destrabaran sus pagos sino que fueron desafectados de sus funciones al día siguiente.
En el mismo reclamo solicitaban además que se los pase a planta permanente entendiendo que son "ordenanzas precarizadas" que cobran $10 mil, sin aseguradora de riesgo de trabajo, ni obra social ni aportes jubilatorios.
De acuerdo a lo establecido en los convenios, cada trabajador debe desempeñar sus tareas por 4 horas, pero en este caso algunos cumplían turnos de 6 horas, de 7 a 13. Y lo mismo ocurría por la tarde.
Vaca contó que el viernes recibieron una comunicación del área de Personal de la Municipalidad de Orán, que dirige Pablo González, en la que les informaban que ya no iban a ser recibidos en la institución educativa. Inmediatamente, los trabajadores se dirigieron al edificio municipal y pudieron hablar con el secretario de Gobierno, Cristian Aimo, quien les aseguró que el pago de sus haberes estaba al día, "cuando todavía nos adeudan meses", cuestionó la trabajadora.
Consultado por Salta/12 sobre si los despidos se habían efectivizado, Aimo sostuvo que es un "tema que deben hablar" con la cartera de Educación de la provincia, debido a que "las ordenanzas no son municipales". Y afirmó que el municipio únicamente se limita al pago de sueldos según el convenio. Precisamente, los ordenanzas reclaman que se les adeudan los pagos de dos meses.
En tanto, desde la cartera provincial dijeron a Salta/12 que "el conflicto de Orán es un problema con el municipio". Sostuvieron que el personal fue contratado por la Municipalidad de acuerdo a las necesidades de cada establecimiento y ante el faltante de ordenanzas, y que estas contrataciones eran únicamente hasta diciembre y por el contexto de pandemia.
Para Vaca, el ida y vuelta entre el gobierno municipal y provincial, no hace más que dejarlos "al aire". Por lo que ayer se presentaron nuevamente en la institución educativa para cumplir sus funciones porque de manera formal no recibieron ninguna constancia de despido. "Venimos a cumplir el horario, a pesar de que no tenemos fecha de cobro" de los meses faltantes de pago, agregó.
"Lo único que fuimos a pedir (por el jueves) es que se nos paguen los meses aduedados porque sabemos que no pedimos nada de otro mundo", reiteró la trabajadora, quien insistió que deben cobrar un salario acorde a las horas trabajadas, al mismo tiempo que tener los mismo derechos laborales como el resto de los empleados del Estado. "Lo estipula la Constitución, debemos estar en blanco y el Estado debe ser el ejemplo en ello", expresó Vaca.
Pase a planta permanente
La referente de Tribuna Docente en Salta, Carmen Venencia, señaló que "rechazamos que las despidan (a las ordenanzas), pedimos que se las reincorpore y que el Ministerio de Educación se haga cargo y las pase a planta permanente". Por eso, ayer la agrupación se presentó en el edificio del Ministerio de Educación de Salta.
La docente cargó contra los convenios, porque permiten que los gobiernos municipales contraten personal precarizado.
En ese sentido, comparó esas acciones con el "mismo perverso mecanismo que se instrumentó en el año 2010, tercerizando a través de los municipios, la designación de ordenanzas de escuelas con un pago similar al de un plan social".
Al inicio de 2021, en Salta había un déficit de 1600 ordenanzas en las escuelas de la provincia, con el agravante de que estos trabajadores constituyen un factor importante para el cumplimiendo de los protocolos de bioseguridad en cada escuela. Por eso, Venencia exigió que cualquier tipo de contratación se efectúe en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo.
