Las memoriosas recuerdan que fue una cacería. Que iban a buscarlas a sus casas o a las de sus vecinas; que las paraban en las esquinas o las rastreaban en los centros de salud, y que bajo amenaza o engaños las esterilizaban a la fuerza. Eran los noventa, y en el Perú de Alberto Fujimori el consentimiento pleno e informado era un cero, la nada misma, y la voluntad de decidir sobre los propios cuerpos un motivo más de burla patriarcal. Los registros hablan de 270.000 mujeres pobres, la mayoría campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares, víctimas de esterilizaciones forzadas, para cumplir con el “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”, un esquema siniestro de control demográfico y reducción poblacional de los sectores excluidos.

“Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado peruano durante los ´90 son crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles. Las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparaciones sin más dilaciones ni excusas”, dijo esta semana Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, durante las audiencias de sustentación de cargos contra el expresidente y los funcionarios de su gobierno, acusados de ordenar las esterilizaciones. “Esto significa que el derecho a verdad, justicia y reparaciones no puede extinguirse por el paso del tiempo, y que los presuntos responsables de tales crímenes deben comparecer ante la Justicia ordinaria y, de ser hallados culpables en juicios justos, deben ser sancionados conforme a la gravedad de sus conductas”, advirtió. “Las víctimas tienen derecho a recibir una reparación plena e integral, que incluya medidas efectivas de restitución, indemnización, rehabilitación de daños físicos y psicológicos, más otras medidas simbólicas destinadas a paliar su sufrimiento y el de sus familiares, y ayudarlas a rehacer sus vidas.”

Muchas de las mujeres que sufrieron las esterilizaciones entre 1996 y 2000, denuncian haber sido amenazadas con el pago de multas, penas de prisión o el retiro de ayuda alimentaria si no se sometían a ese procedimiento quirúrgico. Otras no recibieron la información en su idioma y quedaron atrapadas en el engaño, y miles no tuvieron los cuidados posoperatorios adecuados, lo que les provocó graves problemas de salud e incluso la muerte. Según las normas internacionales de cumplimiento obligatorio para el Estado peruano, la esterilización forzada viola los derechos a la integridad corporal, la salud, la intimidad, la vida familiar (incluido el derecho a decidir el número y espaciamiento de lxs hijxs), así como el derecho a la no discriminación, publica esta semana una declaración de Amnistía Internacional. “En algunos casos puede constituir tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante, e incluso puede constituir también un crimen de lesa humanidad, como en este caso, donde hay pruebas de que se usó como una práctica sistemática en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos”, subraya el documento. En marzo último, más de 25 años después de ocurridas las esterilizaciones masivas, el Ministerio Público finalmente sustentó los cargos y la denuncia contra Alberto Fujimori y varios de sus ex ministros de Salud, “como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones contra los derechos humanos y por el delito de lesiones graves”.