Cuarenta y cuatro mil votos. Esa es la diferencia final que le da la victoria al maestro rural Pedro Castillo sobre la candidata de la derecha Keiko Fujimori. Así lo confirmó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al finalizar el conteo de la segunda vuelta electoral del 6 de junio. Castillo, candidato por Perú Libre, se impuso a la hija del dictador Alberto Fujimori por 50,12 por ciento a 49,87 por ciento sobre 17,6 millones de sufragios válidos. 

Con las cifras confirmadas por el escrutinio definitivo de la ONPE solo resta esperar la proclamación por parte del Jurado Nacional Electoral (JNE), que consagre como nuevo presidente de Perú a Castillo. Sin embargo, todas las operaciones de Fujimori están puestas en supuestas denuncias de fraude electoral para evitar que esa proclamación suceda y aspirar así a una nueva convocatoria a elecciones -rechazada por la mayoría de dirigentes y especialistas- que extendería la agonía política que vive el país desde la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018. 

El intento de Fujimori por resistir la que sería su tercer derrota consecutiva en un ballottage electoral está puesta en la presentación hecha ante el JNE por supuestas irregularidades en 802 actas de mesas de las zonas rurales, donde Castillo arrasó en la votación. La hija del dictador, con el respaldo de figuras como el escritor Mario Vargas Llosa, busca la anulación de 200 mil votos, que le permitan torcer la elección. 

Hasta el momento, los jurados electorales locales que vienen revisando estas denuncias ya han rechazado varias de ellas por falta de argumentos. Las denuncias presentadas por Fujimori parecen endebles, y se sostienen en algunos casos donde familiares habrían sido miembros de algunas mesas electorales o donde se denuncian alteraciones en las firmas de las actas.

A la par, la JNE también debe considerar denuncias presentadas por el partido Perú Libre de Castillo por otras irregularidades en la confección de las actas electorales. En principio, el jurado electoral señaló que las denuncias fueron entregadas fuera del plazo legal.

Perú llegó a este proceso electoral en su peor crisis política del último siglo, que consumió cuatro presidentes y dos Congresos en lo que va del actual período quinquenal de gobierno, que finalizará el 28 de julio próximo.

Esa crisis se vio agravada por el impacto de la pandemia de coronavirus, que provocó que el país sufriera en 2020 la primera contracción de su economía en dos décadas y una de las más profundas en todo el mundo.